Esta mañana Alejandrina Barry se presentó a la audiencia, ante el juez Casanello, en el marco de la causa que investiga la participación de los ex directivos de la Editorial Atlántida por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.
Miércoles 13 de julio de 2016 18:09
Por pedido de la querella encabezada por Alejandrina Barry, miembro del CeProDH y militante del PTS, en el día de hoy se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo y en presencia del Dr. Sebastián Casanello y con presencia además de la Fiscal Dr. Paloma Ochoa.
Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y querellante en esta causa, estuvo acompañada por Myriam Bregman, diputada del PTS-FIT, abogada querellante en la presente causa; Andrea Bello sobreviviente y querellante en la causa ESMA; los miembros de la APDH Gisela Cardozo y Moreau Ernesto; y los abogados del CeProDH Lilén Reyes y Paolo Zaniratto.
La audiencia fue solicitada al Juez de la causa a los efectos de que distintas personalidades y miembros de organismos de DD.HH. puedan manifestar las preocupaciones en torno a la parálisis de la causa que lleva ya años, y plantear la necesidad de avanzar en la búsqueda de la verdad y el castigo de los responsables. Hay que recordar que hace un tiempo, muchos organismos de derechos humanos e importantes personalidades con vasta trayectoria en la lucha contra la impunidad presentaron un “Amicus Curiae” para aportar elementos de prueba a la causa y manifestar lo importante y paradigmática que es esta causa para avanzar contra el manto de impunidad del que gozan los civiles cómplices y coautores de los delitos de lesa humanidad.
Incompetencias
Hay que recordar que la querella fue iniciada hace más de seis años y que a pesar de la vasta prueba aportada a la causa, al día de hoy no hay imputaciones sobre los responsables de lo que se denominó “acción psicológica” por parte de los medios de comunicación participes en el genocidio de los ’70. Es así que desde el inicio de las actuaciones, la causa quedó empantana por conflictos de competencia entre el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 y el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7.
El conflicto básico se daba por el contexto en que debían investigarse los hechos que damnifican a Alejandrina Barry (hay que recordar que sus padres fueron secuestrados y luego asesinados en tierras uruguayas por un plan conjunto entre Fuerzas Armadas argentinas y uruguayas y que luego usaron su imagen en distintas revistas como “Somos”, “Gente” y “Para Ti” para legitimar ese accionar criminal); mientras que para el Juzgado Federal N°12 la causa debía investigarse en el marco del denominado “Plan Cóndor”, para el Juzgado Federal N°7 la causa debía tramitarse en el contexto de la causa “ESMA”. Finalmente y por decisión de la Cámara Criminal y Correccional federal la causa quedó radicada ante el Juez Casanello.
Desarrollo de la audiencia
Luego de que los representantes de los Organismos y los abogados querellantes manifiestan el derrotero seguido por esta causa desde sus inicios, marcando que además de la parálisis debido a las sucesivas declaraciones de incompetencias por los Juzgados mencionados, el problema central radica en que aún no hay imputados individualizados y que el paso del tiempo sin avances no es ni más ni menos que la perpetración de la impunidad. Se hizo una importante mención a los antecedentes que dan cuenta de que esta “acción psicológica” llevada a cabo por ciertos medios de comunicación y diagramada por las fuerzas armadas tuvo ya reconocimiento en muchas causas de lesa humanidad y que han sido acreditadas en múltiples sentencias condenatorias.
En este sentido se remarcó, una vez más como a lo largo de muchas presentaciones judiciales, que el “modus operandi” de la prensa en estos hechos está demostrado en la causa “Thelma Jara de Cabezas”, quien estando secuestrada en la ESMA fue llevada a una confitería porteña en donde fraguaron un reportaje para la revista “Para Ti” en donde la obligaron a hablar en contra de la “subversión y los terroristas” y en lo que se denominó “Centro Piloto París”, que era un “grupo especial” de contrapropaganda para legitimar la dictadura y al mismo tiempo hacer tareas de inteligencia contra los exiliados. En definitiva se dejó en claro que la voluntad de los Organismos de DD.HH presentes en la audiencia es no dejar que estas investigaciones sean un eslabón más de la impunidad y que se seguirá buscando la verdad y el castigo a los culpables.
