Este jueves se reunió la comisión legislativa que trata el proyecto de Ley de Política Ambiental. Entidades de profesionales se oponen a avanzar en esta legislación.
Sábado 5 de septiembre de 2015
La reunión contó con representantes de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (F.E.P.U.C.). La misma está integrada por miembros de varios colegios de profesionales de la provincia. Fueron ellos quienes pusieron las mayores trabas a lo que viene siendo discutido como proyecto de ley.
En el encuentro estuvieron presentes además un representante del Colegio de Ingenieros Civiles, la Legisladora Amalia Vagni (UCR), y los legisladores Dante Heredia (Unión por Córdoba) y Mario Clavijo (Frente Cívico y Social).
El tema que se abordó exclusivamente fue el de la creación de un Colegio de Profesionales del Ambiente. Aquí se evidenciaron las posturas en contra de la FEPUC.
Desde esta federación argumentaron que una serie de artículos del proyecto de ley afecta la regulación de las actividades profesionales bajo la órbita de otros colegios. Según afirman un Colegio de Profesionales del Ambiente supondría una doble matriculación para aquellos que realizan actividades multidisciplinarias (biólogos, geólogos e ingenieros ambientales, etc.). Por esta razón, se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad.
Junto a este problema, desde FEPUC criticaron que la ley permita la matriculación de “idóneos”, es decir aquellos que hayan demostrado haberse desempeñado en el tema de ambiente. En esta última cuestión es en la que hicieron más eje los representantes de la entidad.
Motivos políticos
Toda la argumentación trae de fondo evitar que “idóneos y activistas del ambiente” puedan presentar informes de impacto ambiental que “perjudiquen la actividad económica del país”.
Explícitamente se refirieron a dos casos. En primer lugar, a aquellos que rechazaron la evaluación de impacto ambiental que evitó la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas “sin ningún argumento científico” según afirman y, por otro lado, al informe que realizó el grupo de Medardo Ávila (Red Universitaria de Ambiente y Salud) que vincula el deterioro de la salud de los habitantes de Monte Maíz a la fuerte exposición a los agrotóxicos. En ambos casos se refirieron a ellos no como informes científicos sino como “político-ambientales”.
Se trata, de un claro intento de descalificación fundado en las críticas que esos informes evidencias. Los representantes de la FEPUC defienden que sean solo los colegios de profesionales los organismos de regulación y control, mediante sus tribunales de ética.
Pero lo que hay de fondo es la negativa a cuestionar los enormes negocios que grandes constructoras y grupos inmobiliarios hacen mientras dañan seriamente al ambiente.
Descontrol ambiental
Pareciera que la inteligencia se borró de Córdoba hace unos años, y los representantes de la FEPUC y de los colegios de profesionales (como el de Ingenieros Civiles) no entienden las actuales problemáticas socio-ambientales en Córdoba.
Actualmente la Secretaría de Ambiente de la provincia da vía libre a cada proyecto inmobiliario que se presenta en las Sierras Chicas. En muchos casos, desvían cursos naturales de agua y dificultan el abastecimiento del recurso de las localidades aguas abajo. Así es, por ejemplo, el caso de los habitantes Chavascate, que exigen detener las obras de la empresa TICUPIL. En algunas cuencas es tal el cambio en el uso de suelo que dificulta enormemente la regulación del recurso, y se ponen en peligro las reservas naturales de agua.
Mientras, en la ciudad proliferan los proyectos de barrios privados. Amén de la cantidad de agua que consumen para mantener los parques, sus muros divisorios muchas veces dificultan el drenaje pluvial y cloacal de los barrios más humildes. Esto último sale a luz cotidianamente, como en el caso de los vecinos de Villa Aspacia. Estas simples cuestiones nunca se tienen en cuenta en una evaluación de impacto ambiental, o si se tienen pasan de manera desapercibida y el proyecto sigue adelante. ¿A qué se debe esto? A que son las empresas las que contratan una consultora para que realice la evaluación de impacto ambiental, que luego es presentada en la Secretaría de Ambiente. Organismo que viene favoreciendo a los negocios de esos grupos.
El Gobierno impulsa la discusión de este proyecto solo después de que se hicieron evidentes enormes problemáticas en materia de ambiente en la provincia. El fuerte cambio en el uso de suelo que pusieron en evidencia las inundaciones sufridas el pasado febrero en distintas regiones disparó estos debates.
La lucha contra la instalación de Monsanto en Malvinas Argentina, y los reclamos vigentes en la ciudad como los vecinos de barrio San Antonio e Inaudi contra la empresa Porta o la Madres de Barrio Ituzaingó, que luego de 15 años continúan luchando contra las secuelas de la fumigaciones, son ejemplos de la resistencia que existen a esa degradación.
En la reunión además se hicieron presentes las Madres del Barrio Ituzaingó. Estas “activistas del ambiente” pelean para lograr una mejor calidad de vida para las futuras generaciones, para sus hijos y nietos. Hoy exigen que el hospital y los centros de salud del barrio estén equipados y tengan en planta profesionales que puedan abordar los 200 casos de patologías relacionados al cáncer como consecuencia de la exposición a las fumigaciones. Y además, que desde el gobierno se les asegure el acceso a medicamentos que, en muchos casos, superan los 1000 pesos.
Quizá sean estas inteligentes madres las que puedan hacer entender que, en política ambiental y ordenamiento territorial si las leyes siguen estando al servicio de las empresas es nuestra salud la que sale perdiendo.
