Represión. Ley mordaza española: lo que no cambió con el Gobierno “progresista”

Dos años de Gobierno “progresista” han supuesto un enorme avance sobre derechos democráticos esenciales. Las multas por ley mordaza, la “patada en la puerta” para entrar a los domicilios, la represión de movilizaciones y las campañas de criminalización de la juventud y los luchadores han supuesto toda una maquinaria puesta en funcionamiento para intentar frenar el descontento social.

Ley mordaza: ni derogar ni suavizar… reforzar

En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza” por suponer un claro instrumento represivo. El resultado de estos más de 6 años de vigencia son 1.400.000 multas, de las cuales, la gran mayoría no fueron impuestas en los 3 años que recorrió el Gobierno de Rajoy tras su entrada en vigor, sino que la mayoría han sido impuestas en los dos últimos años, bajo el Gobierno “progresista” de PSOE-Unidas Podemos.

En estos dos últimos años con la pandemia, el estado de alarma y las medidas del confinamiento, la “ley mordaza” ha sido la base para aplicar cientos de miles de multas y sanciones. El Gobierno actual ha puesto más multas apoyándose en esta ley de las que se pusieron bajo el Gobierno del PP en tres años. De las promesas de derogación de la ley se pasó a “la voluntad” de suavizarla y de ahí a reforzarla. Es más, el PSOE lejos de revertir esta ofensiva represiva, la aumentó con una nueva ley de “mordaza digital”, a la que Unidas Podemos no se opuso. Estas leyes, junto a toda la legislación represiva han sido el sostén legal para la escalada represiva de la que hemos sido testigos en los dos últimos años.

Además el actual Gobierno PSOE-UP no solo ha aplicado más expansivamente estas leyes sino que además lo ha hecho con un claro sesgo discriminatorio. Es lo que ocurrió durante los momentos más duros del Estado de Alarma donde fue notoria la imposición de mulas en los barrios más populares de las ciudades.

Y si todo esto no fuese suficiente, el Gobierno avanzó en más recortes de derechos fundamentales. Esto es algo que ocurrió con el aval por parte del Gobierno y el Ministro Grande Marlaska de la conocida como “patada en la puerta” de las fuerzas represivas para entrar en las viviendas sin permiso judicial. Todo ello con la excusa de la Covid-19 y la existencia de “fiestas ilegales”. Una vuelta de tuerca más contra libertades fundamentales.

El Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos aprovecharon el marco pandémico como excusa para aplicar intensamente estas leyes, reforzar el punitivismo y recortar derechos democráticos esenciales. Un avance del carácter punitivo y represor del Estado que no terminó con el Estado de alarma. Un avance sobre libertades democráticas que el Estado aspira a mantener.

Criminalización de la protesta y violencia policial

En estos dos años además de las multas hemos visto como el Gobierno ha aprovechado la situación para prohibir manifestaciones de grupos, sindicatos y colectivos de izquierda, identificación y detención de activistas de izquierda por ejercer sus derechos, etc., algo que está dirigido a intentar frenar el descontento social.

Esto fue muy evidente cuando se desató una ola de indignación por la entrada a prisión de Pablo Hásel. En ese momento muchas movilizaciones fueron convocadas en varias ciudades con un importante protagonismo de la juventud que veía como sus libertades desaparecían tras conocer cantidad de casos escandalosos en los que raperos, tuiteros, periodistas y actores eran condenados por expresar su rechazo a la menarquía, al Estado burgués o a Dios. Estas movilizaciones fueron brutalmente reprimidas, con identificaciones masivas, cargas policiales y detenciones de decenas de manifestantes.

Un clima policial y represivo que está generando un Gobierno que prohíbe movilizaciones y que envía las fuerzas policiales contra una juventud que sale a protestar porque encierren a un rapero por sus tuits y canciones contra el régimen.

Tal fue el clima represión en esos momentos que vivimos como en Madrid en una de las manifestaciones convocadas el el 20 de marzo en Madrid actuaba como si se tratara de un Estado policial. Todo un intento por parte del Estado y del Gobierno de amedrentar y criminalizar la protesta.

Muchas de estas protestas terminaron siendo reprimidas. Algo que empieza a ser habitual. A muchos llenó de indignación ver como las concentraciones convocadas contra el asesinato de Samuel, un crimen homófobo, terminaban en represión por parte de la policía hacia los manifestantes.

Mucha policía, poca diversión

Los más jóvenes han estado a la cabeza de las luchas contra la lgtbifobia, contra el avance de la extrema derecha, contra la violencia hacia las mujeres, también, y por ello, han sido los más golpeados por todo el avance represivo del Gobierno. A la criminalización de la protesta se suma además la criminalización de generaciones enteras por intentar divertirse. Gobierno y grandes medios de comunicación son expertos en “tirar balones fuera”. Ante los errores y negligencias en la gestión de la pandemia, se trata de buscar siempre un blanco fácil al que culpabilizar y eso lo hemos visto con campañas permanentes contra el ocio juvenil durante toda la pandemia.

También ahora que la crisis sanitaria empieza estar controlada se sigue criminalizando a la juventud por tratar de divertirse. De nuevo el Gobierno y los medios de comunicación atacan a la juventud de manera sesgada. Al mismo tiempo que los medios de comunicación anunciaban a bombo y platillo y como una excelente noticia la apertura del ocio nocturno en algunas comunidades como Madrid alegando que esto “iba a ayudar a reflotar el sector económico del turismo y el ocio”, se resaltaban “desórdenes” causados en botellones en algunas ciudades del estado señalando estos eventos como algo extremadamente violento y peligroso.

La juventud debe seguir estando a la cabeza en la pelea frente a un Gobierno que trata de apoyarse en toda una legislación represiva para frenar el descontento social.