Diputados. Leyes antiterroristas: lo que hay detrás de la prevención del lavado de activos

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados fue convocada con un temario de 7 proyectos y todos fueron aprobados. El más importante, que generó algunos chispazos, fue el de la modificación de la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, y obtuvo la media sanción con 111 votos positivos. La polémica que eligieron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se centró en la forma de elegir las autoridades de la Unidad de Informaciones Financieras (UIF), y en todo el resto del proyecto tuvieron coincidencias. Pero la ley votada contiene cambios en el Código Penal acordes a las leyes antiterroristas que promueve Estados Unidos y son utilizadas para criminalizar la protesta social. El Frente de Izquierda fue el único que denunció este contenido y rechazó por completo el proyecto, con una fuerte polémica que hizo la diputada Myriam Bregman. Su intervención provocó el enojo y respuestas de parte de Juntos por el Cambio, e incomodidad en algunos legisladores del Frente de Todos.

El barniz de “combate” al narcotráfico con el sello de Estados Unidos

El proyecto es una iniciativa del gobierno, y fue presentado como un avance en la legislación para “combatir al narcotráfico, el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Muchos diputados oficialistas quisieron enmarcarlo como parte de una respuesta a la situación que vive Santa Fe por el avance de la narco criminalidad. Desde Juntos por el Cambio, si bien coincidieron en los núcleos centrales, buscaron diferenciarse alrededor de la selección de autoridades de la UIF. Propusieron que tenga más autonomía del poder ejecutivo de turno, aunque dándole mayor injerencia al poder judicial (vía la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura). Un poder que precisamente está muy cuestionado por su falta de imparcialidad.

Nadie ocultó quién está detrás de esta normativa: es para cumplir con las “recomendaciones” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Un organismo internacional que tiene el patrocinio del FMI y el Banco Mundial (como “miembros observadores”). Argentina es miembro del GAFI desde el año 2000, por lo que está obligado a cumplir con los estándares del organismo, de lo contrario puede implicar sanciones o dificultades para acceder a créditos externos. Este año habrá una revisión del GAFI sobre el país, motivando la preocupación del oficialismo y Juntos por el Cambio para llegar a consensos claves en este proyecto.

Algo poco comentado en el debate del Congreso es que el propio texto del acuerdo con el FMI (votado en el congreso en marzo del 2022 a propuesta del Frente de Todos), contiene todo un apartado con el compromiso del gobierno argentino de avanzar en esta legislación.

Las leyes antiterroristas: el debate que se intentó ocultar

“Lo que se está votando hoy es una amplísima y reaccionaria reforma penal” señaló Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y reconocida abogada de derechos humanos. Agregó que “es parte de las llamadas leyes antiterroristas” y que “toda esta normativa infame está al servicio de los intereses imperiales de Estados Unidos”. Desde esta denuncia los 4 diputados y diputadas de la izquierda (Del Caño, Vilca y Del Plá) rechazaron de plano todo el proyecto. Veamos por qué.

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El proyecto contiene modificaciones al Código Penal, y a dos leyes que ya le habían hecho cambios: la N° 25.246 (2000) sobre lavado de activos y la UIF, y la N° 26.734 (2011) identificada como “ley antiterrorista”.

La ley antiterrorista del 2011, promovida por Estados Unidos, eleva al doble las penas máximas y mínimas para todos los delitos del código penal, cuando son cometidos con "la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". De esta forma agravan todos los delitos que sean cometidos "con finalidad terrorista", y el peligro está en la amplitud de lo que pueden incluir en esa definición, muchas veces para criminalizar la protesta social.

La ley votada este miércoles ratifica esta definición, y Myriam Bregman ejemplificó cómo es utilizada discrecionalmente para ese fin. Contra el pueblo mapuche, como en Chile, “siempre perseguido con estas leyes” dijo la diputada de izquierda, mostrando el mismo uso que le da “Patricia Bullrich, cada vez que intenta justificar sus criminales actos en la Patagonia, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel”. Otro ejemplo en nuestro país es el de “luchadores ambientalistas de Mendoza y de Catamarca, que han sido acusados de terrorismo” aseguró. En la sesión, el diputado del PRO-JxC, Alberto Assef, pidió la palabra para contestarle en defensa de la ex ministra de seguridad de Macri y un emblema del ajuste y “la mano dura”.

Desde la aprobación de estas leyes, Bregman exige la derogación de ese y otros artículos de la legislación antiterrorista. Uno de esos pedidos los promovió con Alcira Argumedo cuando fue diputada.

Las nuevas modificaciones incluyen otras ampliaciones para perseguir individuos (agregando incisos d y e en artículo 306). Esto puede implicar que utilicen esta legislación para abrir causas a un sinnúmero de militantes o miembros de organizaciones políticas y sociales por cumplir distintos roles.

En la caso de la ley del año 2000, el proyecto ratifica (en su artículo 4°) la misma definición de lo que es considerado “acto terrorista”. En el texto no se contempla en nada la "protección a la protesta". Además incluye a “organizaciones sin fines de lucro” para ser supervisadas con esta legislación. El CELS tomó esta denuncia al día siguiente de la votación y expresó su preocupación: “El proyecto pone a ONGs y organizaciones sociales bajo el escrutinio de la legislación y regulación antiterrorista (...) Puede abrir la puerta al Poder Ejecutivo para perseguir o controlar organizaciones sociales, bajo la excusa de tener prácticas terroristas o ser usadas para financiar este tipo de acciones, definidas con discrecionalidad y arbitrariedad”.

Myriam Bregman agregó otro elemento: estas leyes son herramientas que quedan en manos del poder judicial. “Los que critican tanto al Poder Judicial, me asombra que ahora nos traigan esta ley que le da unas facultades exorbitantes”. Fue un mensaje al oficialismo que en la Cámara de Diputados está impulsando el juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

A las órdenes del imperio

El cuestionamiento a esta legislación, incluyó en el 2012 al por entonces juez de la Corte Suprema, Zaffaroni. Acusó al GAFI de “extorsionar a nuestro país, su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero”. La diputada Bregman explicitó en la sesión otros objetivos del orden económico y geopolítico para Estados Unidos. “Sería raro que el GAFI cumpla alguna función seria para lavado y la fuga, ya que el propio EEUU es destino común para esos fondos y así provocan pérdidas impositivas por U$S20 mil millones anuales al resto de los países”, dijo. Sumó que “esta ley es de sumo interés para EEUU, porque no solo mandan a Richardson para discutir quién se queda con el litio de la región, sino que la clave es alinear las reglamentaciones en lo que hace a la ‘expropiabilidad de activos´ de Rusia y otros países como China o Venezuela con sanciones económicas”. Se refería así a otras de las modificaciones (artículo 9, punto 12).

Repercusiones en el oficialismo

Al inicio de su intervención, Myriam Bregman apuntó al oficialismo cuando dijo “Me asombra incluso, tristemente, que cuando hay una ley tan contraria a los intereses de nuestros países y a los pueblos que luchan en América Latina, algunos que llegan hablando de la defensa de la Patria Grande terminen firmando leyes como esta”.

Este proyecto, acorde a la legislación antiterrorista y muy peligrosa para criminalizar la protesta social, pudo llegar al recinto y aprobarse porque el día anterior a la sesión el oficialismo logró un dictamen de mayoría con 25 firmas del Frente de Todos más otras 7 en disidencia del PRO. El dictamen de minoría (Juntos por el Cambio e Interbloque Federal) tuvo 13 firmas. Entre los nombres de legisladores del oficialismo que acompañaron el proyecto en el plenario de comisiones, estaban las de Itai Hagman y Federico Fagioli de Patria Grande que responden a Juan Grabois.

En la sesión, luego de la intervención de Bregman, habló la tercera diputada del espacio de Grabois, Natalia Zaracho. Anunció que no iban a acompañar la ley, cambiando el acompañamiento que habían dado 24 horas antes. Finalmente los 3 diputados de Patria Grande se abstuvieron en la votación, sin rechazar la norma.

Independientemente de las interpretaciones de los motivos del cambio de posición de Hagman, Fagioli y Zaracho, el accionar de ese espacio en la Cámara de Diputados ya tiene ciertos patrones comunes. Con el acuerdo del FMI, permitieron su aprobación cediendo lugares en la comisión que tenía que emitir dictamen para que pueda llegar al recinto (en ese caso, fue Hagman). Meses más tarde, apoyaron con su voto afirmativo el Presupuesto 2023 que contenía todas las metas de ajuste que ordena el acuerdo con el FMI.

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Habrá que seguir más de cerca los proyectos de ley que llegan al Congreso con el sello de la embajada de Estados Unidos. Estas nuevas modificaciones al código penal con el título de “prevenir el lavado de activos”, encierra otro de los coletazos del cogobierno de nuestro país con el FMI y el imperio del norte, para pagar la estafa de la deuda que contrajo Macri.

Como sostuvo Myriam Bregman en la sesión, la izquierda no es títere del Pentágono, por eso enfrenta en las calles y el congreso la injerencia norteamericana. “Fuera yanquis de América Latina” se actualiza como bandera.