Desde noviembre de 2014 la empresa incumple la medida cautelar dictada por la justicia que ordena la reinstalación de Lucas Castillo. Pero esto es solo un eslabón más de la cadena de ilegalidades en la larga historia de esta patronal.
Miércoles 22 de junio de 2016
La fábrica Liliana SRL es un ejemplo de las empresas que incumplen las leyes laborales con total impunidad: precarizando a los trabajadores; pagando salarios miserables; no respetando sus derechos sindicales, entre otros atropellos.
Desde el 25 de noviembre de 2014 existe una resolución judicial de la Cámara de Apelaciones que ordena que Lucas Castillo, despedido por realizar actividad sindical en la fábrica, tiene que reingresar a su puesto de trabajo.
Condiciones inhumanas de trabajo
Liliana hace alarde de que hace 64 años que está en funcionamiento. Lo que no cuenta es la larga cadena de irregularidades que tiene en su historia, irregularidades que fueron invisibilizadas con la publicidad.
Durante décadas, los obreros que ingresaban a algunas de sus plantas en la ciudad de Rosario tenían que soportar todo tipo de atropellos como trabajadores y como seres humanos. Las condiciones de trabajo eran casi esclavizantes: no les daban la ropa para trabajar ni los elementos de seguridad adecuados, no tenían papel higiénico y los baños no estaban en condiciones saludables. Era normal para ellos desayunar en el piso sentados en la vereda, y muchas veces tener que soportar el olor nauseabundo cuando se llenaban las cloacas: los desperdicios que tiraban salían a flote en la manzana en la que estaba una de sus plantas en la zona sur (luego Liliana se mudó a una localidad al norte del Gran Rosario llamada Baigorria).
¿Violaciones a los derechos humanos? Para Liliana, premiada con subsidios del Estado, y para los órganos de control del Ministerio de Trabajo: no. En esos años, cuando algún representante político o del Ministerio de Trabajo "inspeccionaba la fábrica", los gerentes encerraban a los compañeros contratados en el baño, para mostrar que eran "todos efectivos".
No parece casualidad entonces, que el hayan puesto como gerente de RRHH al Teniente (R) Marcelo Dorigón, denunciado en por ex combatientes de haber estaqueado soldados durante la guerra de Malvinas. Como tampoco sorprende la contratación durante un tiempo de Paul Krupnik, reconocido abogado defensor de barrabravas y narcotraficantes, que supo defender a la patronal para enfrentar a los trabajadores.
Año 2013: sale a la luz su ilegalidad.
En aquel momento Liliana SRL tenía el 70% de los trabajadores precarizados de diferentes formas. Algunos permanecían contratados por más de 4 años, cuando la ley exige que luego de los 3 meses de prueba deban ser efectivos, lo que garantiza principalmente la continuidad laboral entre otros derechos.
Durante ese período los trabajadores empezaron a organizarse, para que sus derechos sean respetados, pero la respuesta de la patronal fue echar a un grupo de ellos, es decir una práctica anti sindical, pero también antidemocrática y contraria a todos los derechos obreros establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales que sostienen que los derechos de organización y protesta gremial y/o política son un derecho humano fundamental e inalienable.
Pero los trabajadores siguieron luchando, y consiguieron el pase a planta permanente de todos los contratados y la reincorporación de los despedidos, entre decenas de demandas que la empresa incumplía del convenio colectivo de trabajo.
Reinstalación de Lucas Castillo
En febrero de 2014 son despedidos 12 trabajadores, aquellos que estaban al frente del proceso de organización sindical, por lo cual su despido fue ilegal.
Durante 21 días, sostuvieron piquetes, asambleas, marchas masivas, visitas a legisladores y Ministerios. La resistencia fue dura y ante la posibilidad de represalias contra los trabajadores que se mantenían dentro de la planta, iniciaron en ese momento una pelea en los tribunales, continuando con la lucha en la calle con organizaciones políticas y de Derechos Humanos.
De esta manera, la sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, ordenó que a Lucas se lo reinstale hasta tanto se resuelva el juicio de fondo teniendo en cuenta “la inexistencia de representación sindical en el ámbito de la empresa y la actuación del actor en representación del interés colectivo y su proximidad en el tiempo con el despido sin causa (...) dentro de los tres días de notificada la empleadora.”
Pasaron ya un año y nueve meses de esa resolución y no solo Liliana SRL se ha negado a cumplir con ello sino que hizo lo propio con el pago de astreintes (penas valuadas en dinero), por cada uno de los días de incumplimiento.
Pero eso no es todo, la actitud de esta fábrica se plasma en el expediente como un mamarracho jurídico, pocas veces visto en las facultades de derecho, donde se podría enseñar como “el manual de lo que no hay que hacer” para cualquier abogado. Llegaron al punto de presentar una póliza de caución para “garantizar” al juez que pagarían las astreintes en el caso de resolverse el juicio de fondo.
Un manotazo de ahogado para seguir incumpliendo la ley por partida doble: ni reinstala a Castillo como ordena el fallo, ni paga las astreintes (multas) por dicho incumplimiento. Ahora, la Cámara deberá responder si avala esta aberración jurídica que esconde una burda maniobra patronal para evadir los fallos judiciales, o si por el contrario arbitra los medios para hacer efectivo el cumplimiento de la orden de reinstalación.
El futuro ya llegó
La pelea por la reinstalación de Lucas Castillo está lejos de ser un capricho. Tampoco es una pelea individual. Desde 2013 estos jóvenes trabajadores comenzaron a señalar y denunciar lo que todos ocultan y silencian: que las enormes riquezas empresarias se hacen en base a la esclavización de toda una generación que para ejercer cada uno de sus derechos negados debe enfrentar a todo un sistema que lamentablemente incluye a casi la totalidad de las conducciones gremiales.
Pero esa pelea, que es de todos, ahora cobra nueva significación. La crisis de arrastre y las medidas del gobierno de Macri y Cambiemos tienen a la juventud trabajadora como uno de sus enemigos principales, y en la industria metalúrgica su eslabón más débil. Cierre de Paraná Metal, Ar Zinc en Fray Luís Beltrán, despidos discriminatorios y suspensiones en Acindar Villa Constitución y amenaza de cierre en su planta rosarina, 80 despidos en Bambi, 50 retiros “voluntarios” y 50 despidos en Electrolux (es Gafa), quites de horas extras, cierres de turnos, suspensiones, despidos y un largo etcétera en el resto de las fábricas.
En este contexto, la pelea por que Liliana SRL cumpla la ley y reinstale a Lucas Castillo en su puesto de trabajo, es una oportunidad (una necesidad) de aunar todos los esfuerzos posibles para ponerle un freno a los plantes de ajuste . Un triunfo que sería de todos los metalúrgicos y todos los trabajadores de la región, y un gran re impulso para en decenas de fábricas y talleres los esclavos comiencen a romper sus cadenas.
