En los últimos días, en la política nacional han tomado relevancia dos interlocutores de la "oposición dialoguista" que pertenecen a la provincia de Córdoba, se tratan del gobernador Martín Llaryora y el presidente del bloque de diputados de la UCR Rodrigo de Loredo. Intentamos analizar por que y cómo impactan esas políticas al interior de la provincia.
Martes 30 de enero 15:14
Los dirigentes de los partidos tradicionales de Córdoba, que en realidad se tratan de alas de un “partido único cordobesista”, en las últimas semanas han sido protagonistas de una escalada en pedirle al presidente Milei que “se deje ayudar”. Es que, asustados por la gran cantidad de votos logrados (75%) por Milei en la provincia, quieren aparecer frente a esta base electoral compartida, como garantes de la gobernabilidad.
Llaryora, siguiendo los pasos de Schiaretti con Macri, está dispuesto a que los parlamentarios que le responden, voten los aspectos centrales de la deshilachada Ley Ómnibus, como las facultades delegadas. Es decir, quiere superpoderes para los “pituquitos de Recoleta” como definió el mismo a mediados de 2023.
Aún más, el gobernador de Córdoba considera que el retiro del conjunto del paquete fiscal por parte de Caputo es un error. Llaryora buscaba sólo que se retiren los artículos que beneficiaban al sector agropecuario como son las retenciones y el corte de etanol para el biocombustible (sobre esto volveremos más adelante). El peronismo cordobés está dispuesto a acompañar medidas como la rebaja en bienes personales para el sector más acaudalado del país.
Varios analistas señalan que la principal pelea del gobernador pasa por lograr que con la liquidación del Fondo de Garantías Sustentables del ANSES se financie la Caja de Jubilaciones Provincial, incluyendo las deudas que quedaron por transferencias no realizadas durante el último periodo del gobierno de los Fernández. Para esta tarea la ubicación de Osvaldo Giordano, quien fuera ministro de finanzas de Córdoba hasta diciembre, al frente del ANSES es una ventaja para este objetivo.
Busca de esta manera garantizar los haberes de los jubilados provinciales, mediante el saqueo de fondos pertenecientes a jubilados de la caja nacional, de los cuáles, decenas de miles, también son cordobeses. Esta maniobra debe ser rechazada por cualquier organización que se reclame clasista.
Esto explicaría la instalación del propio Llaryora en Buenos Aires para garantizar que se apruebe lo que queda de la Ley Ómnibus, cuyo dictamen no es conocido aún ni siquiera por los legisladores que le responden como dejó de manera explícita el diputado Carlos Gutierrez a través de sus redes sociales. La humillación se volvió a repetir este lunes cuando Llaryora festejaba el acuerdo en los medios porteños, a través de las redes sociales, la oficina del presidente Milei desconocía el acuerdo y desautorizaba en los hechos al ministro Franco.
Recordemos que Llaryora era quién había concitado el interés de un sector importante de lo que fuera el Frente de Todos, como esperanza para la reconstrucción de un peronismo más centrado en el interior, luego de sus peroratas “federalistas”.
La llamada oposición
Por otra parte, Rodrigo de Loredo, cuando no había pasado ni una hora del anuncio de Luis Caputo, en una entrevista en Canal 12 de Córdoba, ya comprometía el apoyo del bloque radical al proyecto de ley. Cómo también señalaron diputados de su bloque que son parte de las comisiones, y firmaron el dictamen, todavía no saben que firmaron.
El lunes se pasó prácticamente pidiendo por favor que le den un argumento del que se pueda agarrar para votar la ley. Hasta ahora la única idea fuerza que le permite mantenerse firme con Milei es el rechazo al kirchnerismo.
El radicalismo cordobés comenzó un proceso de internas que debería culminar en los próximos meses con la elección de las nuevas autoridades. Las distintas líneas que prevalecen discuten entre seguir siendo una sombra del PRO en un Juntos por el Cambio que sobrevive a duras penas, ser dirigidos por el gobierno de Milei o la integración lisa y llana al peronismo provincial.
Quién por ahora viene un poco retraído ya que la ley no llegó al Senado, es Luis Juez, pero quién repite el argumento de Rodrigo de Loredo. Señala que si no se apoya al gobierno de Milei “vuelve el kirchnerismo radicalizado”.
No está descartada que detrás de esta posición amigable o dialoguista que tienen Llaryora, De Loredo y Juez, se esconda la secreta esperanza de ser quienes encabecen una reconfiguración gubernamental si el gobierno de Milei llegará a fracasar con su débil configuración actual.
El capítulo ambiental
Desde que asumió Llaryora intentó imprimir un perfil distinto al que venía llevando Schiaretti con respecto al cambio climático y el cuidado de los recursos naturales. Realizando una continuidad de la llamada Economía Circular que impulsó siendo intendente de la capital cordobesa, elevó la secretaría de ambiente al rango de Ministerio. También coopto al referente del Partido Verde Cordobés con un cargo dentro del propio ministerio.
Dentro del apartado ambiental se encuentran el desfinanciamiento, que en los hechos no se venía cumpliendo, de la Ley de Bosques. Las modificaciones a las llamadas ley de fuego y ley de quema, dejan vía libre para la quema de bosque nativo para proyectos inmobiliarios o expansión de la frontera agraria.
Otro elemento importante que demuestra que el pretendido “giro verde” de Llaryora es una pose, pasa por el énfasis en la defensa del corte de bioetanol en la implementación de los biocombustibles. Es que un sector importante del ambientalismo denuncia que la extensión de estos biocombustibles está lejos de ser una solución, ya que en realidad lo que alienta es el monocultivo y profundizaría en nuestro país el modelo de sojización.
La resistencia al ajuste
Lejos de la especulación de los principales actores de la política cordobesa, impactados por el masivo voto a Milei y la subordinación histórica a las patronales de la provincia nucleadas en el llamado Círculo Rojo, que coloco a Diana Mondino en el gabinete nacional, el paro y la movilización del 24E fue realmente importante en todo el territorio de la provincia.
La movilización fue especialmente destacada en los sectores en los cuales se realizó una militancia previa que garantizó mediante el debate y las actividades previas que se expresara con fuerza el descontento a los primeros pasos del plan motosierra de Milei. Entre ellos se destacan UEPC Capital, la asamblea de Conicet o el colectivo Cordobazo Cultural. En lugares como Río Cuarto, Traslasierra, Río Tercero o Bell Ville también fue la preparación previa de la jornada del 24E la que llevó a que en esas zonas se vean las movilizaciones más grandes de los últimos años.
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Esto contrasta con la actitud burocrática de ambas CGT, que no sólo no garantizaron el paro en los lugares de trabajo, sino que hubo dos actos, sin que nadie supiera ni previa, ni posteriormente el por que de la división.
El ajuste sobre la Universidad, con un gran peso social y también simbólico para “La Docta”, que ya comenzó también puede desatar que se organicen y salgan a movilizarse decenas de miles de personas que aún no se encuentran en la oposición a Milei.
En el capítulo provincial, el anunció de una paritaria dura y la búsqueda de un enfrentamiento abierto con el sindicato docente, así como planes de productividad dentro del sector salud, también puede ser la apertura de un frente de conflicto frente a sectores que se han dado formas de organización democrática que les permitió conquistas en el último periodo y aparte poseen, por su propia naturaleza, una extensión territorial que abarca toda la provincia.
También otros aspectos del plan motosierra profundizaran la crisis social en la provincia, la derogación de la ley de alquileres, sumada al déficit habitacional, está haciendo que muchas familias, a pesar de contar con trabajo y recibo de sueldo, dejen de alquilar y vayan a situaciones de hacinamiento o directamente a la ocupación de nuevas tierras en búsqueda de un espacio donde poder vivir.
No hay que dejar de señalar tampoco que el gobierno provincial tuvo una continuidad con las gestiones anteriores en lo respectivo a la protesta social. Si bien no se aplica el protocolo de Bullrich, en los hechos la persecución a la protesta se realiza a través del procesamiento de luchadores sociales o el juicio a los estudiantes de la UNC por la toma de 2018. También Córdoba fue testigo de, hasta ahora, la única represión significativa en el cacerolazo de patio Olmos del 21 de diciembre que incluyó cinco personas detenidas.
