El femicidio tiene como único sospechoso a un policía de la Scotland Yard. La respuesta del Gobierno es más violencia y represión contra las masivas protestas.
Martes 16 de marzo de 2021 22:29
Fotografía: EFE/EPA/Andy Rain
En los últimos días miles de personas en el Reino Unido se han levantado en condena y dolor contra el asesinato de Sarah Everard, la joven secuestrada el pasado 3 de marzo. Las protestas para condenar los casos de violencia de género en el Reino Unido fueron brutalmente reprimidas por la policía Metropolitana de Londres y tienen como trasfondo el polémico proyecto de ley antiprotestas impulsado por el Gobierno de Boris Johnson.
Te puede interesar Protestas en Londres por justicia para Sarah Everard, secuestrada y asesinada por un policía
Te puede interesar Protestas en Londres por justicia para Sarah Everard, secuestrada y asesinada por un policía
La ira se desató diez días más tarde de la desaparición de Sarah, cuando su cuerpo apareció en un descampado de Kent, dentro de una bolsa de plástico. El único sospechoso del asesinato es un miembro de la Scotland Yard, el cuerpo policial británico, llamado Wayne Couzens. Según algunas fuentes, el agente que estaba encargado de la protección de diplomáticos ya tenía antecedentes de agresiones sexuales.
Tras este trágico acontecimiento, miles de mujeres, algunas de manera espontánea, otras convocadas por movimientos feministas ‘Sisters Uncut’ y ‘Reclaim these Streets’ decidieron reunirse en una vigilia el sábado en memoria de Everard. Los agentes de la policía cargaron contra las mujeres que precisamente pedían el cese de la violencia contra ellas, lo que se transformó en un hecho que encendió todavía más la crispación de la población.
Imágenes de mujeres boca abajo, con las manos esposadas y sus cuerpos pateados y aplastados bajo los borceguíes de las y los agentes de la policía recorrieron las primeras planas de los diarios y se volvieron virales en las redes sociales, generando bronca e indignación.
Una nueva manifestación inundó las calles de Londres este lunes. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, se reunieron delante de la sede de la policía, del Parlamento de Westminster y de la oficina del primer ministro, Boris Johnson, exigiendo responsabilidades tras el abuso policial durante la vigilia en memoria de Everard y el accionar de los agentes policiales y en protesta contra el proyecto de ley que daría más poder a la policía para reprimir y limitar concentraciones.
Con pancartas que rezaban ‘maten el proyecto de ley’ (‘Kill the Bill’ en inglés) los manifestantes exigieron este lunes que no se apruebe la reforma, que se debatirá en el Parlamento esta semana. A la vez, exigían el fin de la violencia sexual en las calles británicas y de la violencia de género que afecta desproporcionadamente a mujeres negras, de color, trans y migrantes.
El nuevo proyecto de ley antiprotestas está cada vez más en el punto de mira, pero ¿por qué está generando tanta controversia? ¿Cuáles son sus disposiciones?
El gobierno argumenta que el proyecto de ley, presentado en los Comunes el pasado martes, dará a la policía más poderes para ‘protegerse a sí misma y al público’, introducirá sentencias más duras y mejorará la eficiencia de tribunales y juzgados.
Además, la policía podrá imponer condiciones, como la hora de inicio y finalización de las protestas estáticas (sin recorrido), poderes que por otra parte los agentes ya tienen en relación con las marchas. Asimismo, los altos mandos podrán imponer límites máximos de ruido en las protestas, con poderes para intervenir cuando el ruido esté perturbando las ‘actividades de una organización’ o tengan un ‘impacto en las personas que se encuentren en las inmediaciones. Indudablemente, se trata de criterios de evaluación poco objetivos.
La ley otorga a la ministra del Interior, Priti Patel, poderes para crear leyes ‘a su discreción’, sin necesidad de aprobación parlamentaria, para definir la ‘perturbación grave de comunidades y organizaciones’, en las que la policía puede basarse para imponer condiciones a las protestas.
De aprobarse, la legislación tendrá el efecto de restringir las protestas cerca del parlamento mediante disposiciones que establecen que no se debe obstruir el acceso de vehículos.
La argumentación del Gobierno es que la legislación de orden público existente, aprobada en 1986, no es adecuada para gestionar las protestas modernas como las de Black Lives Matter (BLM) y Extinction Rebellion (XR), esta última por la defensa del medio ambiente. La ministra del interior, arquitecta del proyecto, ha declarado dedicarse a la política inspirada por figuras como la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, y calificó las protestas de BLM de ‘espantosas’.
Más de 150 grupos, entre los que se encuentran organizaciones de defensa de derechos civiles, como Liberty, han criticado el proyecto de ley por considerarlo un cercenamiento del derecho a la protesta y por otorgarles demasiados poderes discrecionales a la persona en ejercicio del Ministerio del Interior y a la policía.
La oposición al proyecto de ley ha aumentado a raíz de la indignación generalizada por la gestión de las vigilias de Sarah Everard, tanto por los intentos de impedir que se celebraran como por la brutal respuesta policial cuando se llevaron adelante. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y comunidades religiosas advirtieron que tendría un efecto enormemente perjudicial para las libertades civiles.
También se ha acusado al Gobierno de aprovechar la situación de la pandemia para erosionar de manera permanente el derecho de protesta.
Quienes critican la ley también han señalado que la pena máxima de 10 años de cárcel introducida en la legislación para las personas que dañen criminalmente una estatua es más de lo que muchos hombres reciben por agredir sexualmente o violar a una mujer.
El de Everard no es un caso aislado, según ‘Sisters Uncut’, entre abril de 2015 y abril de 2018 hubo unas 700 denuncias de casos de abuso doméstico contra oficiales de policía. Entre 2012 y 2018 hubo 1.500 acusaciones de conducta sexual inapropiada, que incluía casos de acoso sexual, explotación de víctimas y abuso infantil, y solo 197 agentes de la policía fueron removidos de sus puestos.
Los hechos de los últimos días han abierto un interesante debate en el movimiento feminista, entre lo que intentan establecer como un ‘feminismo bueno’, que buscaría cambios a través de la representación de la mujer en instancias de poder, y un ‘feminismo malo’, que buscaría cambios desafiando el status quo. Tras la violenta gestión de las protestas se alzaron voces que pedían la renuncia de Cressida Dick, la jefa de la Policía Metropolitana de Londres, esas serían las malas feministas. Hubo quienes se negaron a pedir su renuncia, porque de lo que se trata es de empoderar a la mujer ocupando puestos de poder (incluso en la policía), esas serían las buenas feministas.
Sin embargo, los hechos recientes demuestran que la forma de acabar con la violencia de género no es con la representación de la mujer en instancias de poder. Sirvan como ejemplo los casos de Cressida Dick, primera mujer jefa de la policía londinense, y Priti Patel, ministra del Interior, con una misión: coartar el derecho de protesta.
Volviendo al proyecto de ley antiprotestas: ¿más poderes? Después del escándalo de la vigilia en memoria de Sarah Everard ¿quién sigue pensando que la policía necesita más poderes?