El Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) examinará este martes la situación de los derechos de las mujeres en Argentina.
Martes 1ro de noviembre de 2016 00:56
La Convención Cedaw es un organismo dependiente de Naciones Unidas, cuyo objetivo sería velar para que los Estados firmantes garanticen los derechos de las mujeres y cumplan con sus obligaciones. Argentina es parte de estos Estados, motivo por el cual durante el día de hoy Fabiana Tuñez como titular del Consejo Nacional de Mujeres rendirá cuentas en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra sobre los retrocesos o deficiencias en los que incurrió el Estado argentino.
Este organismo dependiente de las Naciones Unidas recibe informes "sombras" elaborados en su mayoría por organizaciones de mujeres y ONG que detallan el estado de la cuestión. Dependiendo de su evaluación de los resultados, la Convención decidirá si es pertinente realizar auditorías. La última fue en el año 2010, esto hace que el período que revisarán ahora es el que va de ese año hasta la actualidad, abarcando entonces varios años de la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández.
Los resultados con las recomendaciones se harán públicos el día 21 de noviembre.
Tal como adelantáramos el último informe de la Cedaw data del 2010. En el medio el movimiento de mujeres de Argentina irrumpió en la escena política a través de las multitudinarias movilizaciones del #NiUnaMenos y el reciente paro y movilización de decenas de miles de mujeres del 19 de octubre contra la violencia machista y los femicidios. Fueron las calles uno de los principales escenarios donde se desplegaron denuncias y exigencias hacia el Estado y los gobiernos.
Algunos de estos reclamos fueron recogidos por los informes "sombras" presentados por el CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
La criminalización del aborto, el acceso diferencial a la justicia y las dificultades que atraviesan las mujeres para la tramitación de sus denuncias, la discriminación y la desigualdad económica, la injerencia de la Iglesia en la agenda política nacional y provincial, el embarazo juvenil forzado, son algunas de las temáticas que abordan los documentos.
El informe de la Cedaw del 2010 alertaba sobre falencias del Estado Nacional y de los estados provinciales a la hora de resolver muchas de las problemáticas cotidianas que afectan a las mujeres y que son parte de las recomendaciones del organismo para los Estados que adhieren a la Convención. Cualquier balance serio de lo hecho y recomendado desde aquel año no puede pasar de alto las continuidades en materia de políticas de Estado y también los retrocesos sobre algunas de las conquistas recientes.
La falta de presupuesto acorde para la implementación de la Ley Integral para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia de Género a escala nacional, provincial y municipal sigue siendo una deuda pendiente que ya había sido señalada en el 2010 por el informe de esta Comisión. A pesar del anuncio de la implementación del Plan Nacional contra la Violencia de Género anunciado por el propio Mauricio Macri, las partidas de dinero necesarias aún no fueron aprobadas ya que forman parte del próximo presupuesto anual, tampoco se ha publicado la información que indique la forma que los diversos ministerios nacionales involucrados aportarán en las acciones que contempla el Plan ni los mecanismos que garanticen tales acciones. Los resultados de 5 años de gestión kirchnerista, incluídos en la auditoria en desarrollo, tampoco son muy alentadores en este sentido.
En relación al empleo ya la Cedaw advertía en 2010 su preocupación por “las desigualdades en las condiciones de trabajo para las mujeres en los sectores estructurado y no estructurado de la economía, por la persistencia de la segregación ocupacional y la concentración de las mujeres en empleos poco remunerados”.
Los guarismos hablan a las claras de una situación que no solo se mantuvo, sino que empeoró con la llegada de Macri a la presidencia. Despidos, suspensiones, tarifazos e inflación afectan con particular dureza a las mujeres que parten de una situación de mayor desigualdad producto de percibir un salario menor, de ocupar la mayoría de los trabajos precarios y de liderar las cifras de desocupación.
El acceso al derecho al aborto ya era señalado como problemático. La Cedaw recomendó revisar la legislación vigente que lo penaliza e instaba al Estado a garantizar la aplicación de la “Guía Técnica para la Atención de los Abortos no Punibles”. Con el Frente para la Victoria y con Cambiemos el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ni siquiera fue tratado en el Congreso. Mientras Belén en Tucumán era condenada por un aborto espontáneo y el gobierno de María Eugenia Vidal intentó penalizar nuevamente el derecho al aborto no punible, con su decisión de no aplicar el protocolo correspondiente de acuerdo a lo establecido por el fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido como el fallo FAL.
Las recomendaciones de la Cedaw del 2010 también se expiden en relación a temas como la trata y explotación de la prostitución, la situación de las mujeres de pueblos originarios y el pleno acceso a la educación, la salud y el trabajo y la desigual implementación de políticas de género en las provincias del interior argentino.
Más allá de la legitimidad que pueda tener esta auditoría, no podemos dejar de señalar que la comisión forma parte de la ONU, la organización que con sus "misiones de paz" y su "ayuda humanitaria" que se extienden por todo el planeta, actúan como verdaderas fuerzas de ocupación imperialistas.
Es por este motivo que hoy más que nunca el movimiento de mujeres deberá seguir organizándose para conquistar en las calles los derechos que aún están pendientes.
