Educación en Córdoba. Los docentes y la educación: blanco de ataque en la pandemia

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Me propusieron escribir una columna sobre la reciente reforma al estatuto docente, una reforma que el Gobierno impuso sin consulta previa a la comunidad educativa. Y en esta coyuntura atravesada por los anuncios de los gobiernos provincial y nacional sobre un retorno a la presencialidad sin condiciones ni garantías claras, quería comenzar tratando de graficar las condiciones de nuestra comunidad educativa.

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Pensemos la siguiente situación. Una docente recorre las casas de sus alumnos en medio de la pandemia porque algunos no se vienen conectando, ni al aula virtual ni al WhatsApp. Se encuentra con familias que le dicen que se quedaron sin trabajo, que tienen un solo celular para los 5 chicos y que su prioridad por ahora es poder alimentarse porque no tienen ni para comer.

Los más grandes salieron a buscar alguna changa y ya no tienen tiempo para la escuela. La docente organiza que accedan al módulo alimentario y cuando llega la caja tiene 3 sacos de te, una botella de aceite, tres latas de conservas y un paquete de fideos para toda la familia. Ni siquiera tiene tiempo para digerir la bronca, tiene que seguir preparando clases, buscando nuevos recursos didácticos, completando las enloquecedoras planillas que jamás contienen estos datos, los que importan. Las jornadas laborales se duplicaron o triplicaron, y se fusionaron con las tareas domésticas y el cuidado de los propios niños.

No es una exageración, es una descripción de la situación de gran parte de la comunidad educativa en la pandemia: de docentes, pero también de las y los alumnos y sus familias. Esa realidad que buscan negar los discursos y campañas mediáticas (que no son nuevos), que tratan de demonizar a los docentes y ubicarlos como responsables exclusivos del acceso a la educación y de la calidad educativa. Se busca correr de eje lo que debería ser la discusión central: el acceso al derecho a la educación depende de la planificación, inversión y presupuesto del Estado.

¿Qué prioridad tiene la educación para un gobierno que dejó a más de 3 mil docentes sin trabajo por no abrir convocatorias, dejando a miles de alumnos sin docentes? ¿Qué prioridad tiene la educación para un gobierno responsable de que 80 mil alumnos no pudieron mantener su vínculo pedagógico por falta de conectividad? ¿Qué prioridad tiene la educación para un gobierno que dejo a miles de estudiantes sin docentes y no invirtió en equipo tecnológico? ¿Qué prioridad plantea la presencialidad a toda costa sin garantizar las condiciones edilicias en todas las escuelas ni la generación de cargos docentes para que eso sea posible?

Y estas cuestiones no están desligadas de la reforma del estatuto docente, que Schiaretti impulsó bajo la bandera de «promover la calidad educativa».

Si realmente se buscaba una “mejora en la calidad educativa” o un “impulso de la formación docente”, no se entiende por qué se hizo a espaldas de quienes se pusieron al hombro la educación en plena pandemia, en plena crisis económica y social. Como dijo mi compañera Laura Vilches, docente y concejala de la ciudad ¿Quiénes más que nuestros docentes conocen en detalle la problemática social en cada escuela, en cada barrio, pueden planificar que estatuto necesitan?

La principal modificación al estatuto establece que sólo podrán acceder a horas titulares quienes posean título docente. Quienes acrediten títulos habilitantes y supletorios cubrirán horas interinas o suplentes, es decir estarán en condiciones de precarización e inestabilidad laboral

Acá es importante resaltar que en las escuelas secundarias hay más de 11 mil docentes que no poseen título de profesor o trayecto pedagógico, sino diversos títulos de investigación o profesionales que habilitan a ejercer la docencia. Lo que nadie explica es cómo se van a cubrir las horas titulares vacantes que se generen, que frente a la escasez de capacitaciones gratuitas y en servicio la mayoría de los docentes no van a acceder a la titularización (manteniéndose como interinos o suplentes) y que se desarrollará un gran negocio con la oferta de formación en trayectos pedagógicos en instituciones privadas. Lejos de dar como resultado una mejora en la calidad educativa, la reforma implicará la generalización de docentes en condiciones de precarización laboral, algo que avanzó en las últimas décadas con todo tipo de programas que degradaron los derechos laborales.

Incluso, para justificar su apoyo a esta reforma, la UEPC vendió con papel de regalo y moño que era la única forma de titularización de docentes de las Escuelas PRO-A (Programa Avanzado de Educación con énfasis en TIC), PIT (Programa de inclusión para la terminalidad de la educación secundaria) y de los coordinadores de curso que siempre habían sido interinos. Además de una falacia, (ya que el Ejecutivo podría emitir un decreto de titularización de todos esos docentes), se busca mostrar cómo positivo algo que implica una reforma laboral encubierta. Porque condiciona el acceso a la docencia, restringe la posibilidad de acrecentamiento de horas (sólo podrán hacerlo quienes tengan título docente) y se incorpora la evaluación de idoneidad para cubrir cargos sin especificar los mecanismos que eviten la arbitrariedad (artículo 17 bis: «se habilita la incorporación de un procedimiento específico que además de la valoración de los títulos y antecedentes, evalúe la idoneidad requerida a los aspirantes para cubrir, con carácter titular…»).

Una flexibilización laboral impulsada en un contexto de crisis, dónde los gobiernos (nacional, provincial y municipal) vienen descargando duros ajustes sobre los trabajadores y sectores populares que día a día ven degradarse sus condiciones de vida. A esto se les suma los ataques a trabajadoras de la educación como las camareras del PaiCor, con recortes de sus salarios y las auxiliares de limpieza a quienes despiden por luchar por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.

La reforma del estatuto se impulsó junto al memo 03 que lleva al cierre de institutos terciarios. Una contrarreforma educativa general que no solo implica un ataque a las condiciones de trabajo de docentes y trabajadores de la educación, sino que además limita el acceso de los estudiantes a las posibilidades de formación, sobre todo los de las localidades del interior. De no dar marcha atrás con esta medida peligra el cierre de muchos institutos de nivel superior que no llegarían al cupo mínimo de 30 estudiantes inscriptos en marzo, quedando docentes sin trabajo y jóvenes sin la posibilidad continuar sus estudios.

Como plantee desde la banca del FIT en la sesión el día 16 de diciembre cuando se aprobó esta reforma entre gallos y media noche, la capacitación docente debe ser integral. El Estado tiene que acompañar y sostener el perfeccionamiento, comenzando por garantizar un salario igual a la canasta básica familiar para evitar la sobrecarga laboral. Las capacitaciones deben ser gratuitas y dentro del horario de trabajo y con el acceso garantizado de dispositivos y conectividad. Todo esto, debe darse de la mano de un aumento del presupuesto educativo. Si no se empieza por acá, lo que hay es superexplotación docente y la docencia se ve obligada a recurrir a instituciones privadas que brindan la formación que el Estado no garantiza pero si exige. Desde la banca en la legislatura presentamos un despacho de disidencia que intentaba aportar en este sentido, destacando que el ámbito natural para debatir esto eran las escuelas. Lo mismo consideramos en estos momentos, ante la vuelta a clases presenciales que todos los gobiernos plantean de manera extorsiva sin garantizar la seguridad de docentes, alumnos y familias, deben ser las y los trabajadores de la educación(docentes, auxiliares, camareras etc) en asambleas quienes definan, buscando la unidad con la comunidad educativa las condiciones necesarias para volver en condiciones de seguridad.

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Los gobiernos, como dijo mi compañero Nicolás Del Caño, tuvieron un año para planificar las condiciones del retorno a la presencialidad, invertir los recursos necesarios y no lo hicieron, y ahora usan la necesidad real de miles de familias que necesitan trabajar y mandar sus chicos a clases presenciales para extorsionar a los docentes. Ese malestar ya se empieza a expresar en los grupos de las escuelas, y es necesario organizarlo.

Los compañeros de la agrupación Docentes D-Base impulsan la formación de comités de higiene y salubridad, incluyendo a las familias y estudiantes, para exigir al gobierno las condiciones necesarias para la educación en pandemia: que se garanticen los medios, los protocolos sanitarios, recursos y conectividad para sostener la escuela remota para todos y todas sin sobrecarga de trabajo.

Nuestros docentes pueden articular ampliamente con las familias y los estudiantes una pelea por una educación de calidad que una los reclamos de las condiciones de trabajo, salario y precarización, la seguridad sanitaria para todas y todos, a los intereses de millones de familias que sufren el hacinamiento, la falta de conectividad , la misma precarización, largas jornadas de trabajo o el desempleo, la clave es la organización común en la lucha contra los responsables de todo esto, los gobiernos.