El gobernador de la provincia mediterránea premió a policías acusados de delitos varios, incluso producidos luego de los decretos que ordenaron los ascensos.
Jueves 23 de marzo de 2017
La semana pasada, la Policía de Córdoba difundió la nómina de 298 policías que el gobernador Juan Schiaretti había ordenado ascender mediante un decreto firmado el 29 de diciembre del año pasado, por lo que en la fuerza de 22 mil efectivos habrá 12 nuevos comisarios mayores, 69 comisarios inspectores, 87 comisarios y 130 subcomisarios.
Entre el 29 de diciembre, cuando el gobernador cordobés firmó el decreto proponiendo los ascensos y la efectivización del mismo, pasaron tres meses, durante los que se desató una ola de escándalos con policías corruptos que pegan en la línea de flotación de la política de “seguridad” del gobierno de Juan Schiaretti.
La seguidilla de delitos y hechos de corrupción del último trimestre comenzó en la Navidad pasada cuando se supo que el subcomisario Víctor Ariel Barrionuevo (37) fue detenido en la bajada Alvear -a diez cuadras del microcentro de la Capital cordobesa- cuando junto a cuatro cómplices se mudaba de un vehículo hacia otro, armado con un revólver calibre 38 y elementos para robar cajas fuertes: un handie con la frecuencia policial, cinco handies de baja frecuencia, dos amoladoras, una barreta, una pinza cortaperno, destornilladores, mechas, pasamontañas, guantes, sogas y celulares.
A ese incidente le sucedieron otros hechos que emparentan a la Policía cordobesa con la delincuencia: un suboficial de la División Homicidios fue detenido tras haber robado un vaso térmico de un hipermercado de la ciudad de Córdoba; Gabriel Assef, otro agente de la División Motorizada fue apresado cuando fue a cobrar el “rescate” de una serie de elementos robados en una casa de tatuajes.
En los primeros días de enero, el policía Diego de la Fuente (30) fue sorprendido en un control vehicular mientras se conducía en un Citroën C4 que había sido robado en un asalto ocurrido el 3 de diciembre del año pasado. Mientras que en febrero pasado, el comisario inspector Carlos Rolando Destéfani, subjefe de la Unidad Departamental Punilla, fue separado de su cargo porque presuntamente utilizó el taller de la Policía y repuestos de la fuerza para reparar su automóvil particular; y en el mismo mes, el oficial principal Oscar Catrambrone de la Guardia de Infantería, fue detenido tras ser sorprendido en un Renault Clio que tenía pedido de secuestro y cuya patente estaba adulterada.
Durante los tres meses que pasaron entre el decreto de Schiaretti y su efectivización, algunos de estos policías estuvieron involucrados en delitos o irregularidades administrativas.
Por caso, entre los policías que subieron de categoría por el decreto de Schiaretti se destacan el comisario inspector Destéfani –el del presunto peculado en un taller policial-; y el principal Catrambone de la Guardia de Infantería que se conducía en un vehículo con pedido de secuestro.
Otro caso de dudosa legitimidad, por los antecedentes del beneficiado, es el del oficial principal Patricio Daniel Salinas ascendido a subcomisario, pese a estar imputado por alquilar armas policiales a delincuentes. Y el comisario Sergio Marcelo Álvarez fue ascendido a comisario inspector, sin importar que estuvo suspendido durante cinco días porque hubo presos que “se fugaron” de su celda cuando él estaba a cargo de la comisaría donde estaban alojados.
Otro caso grave es el de Jorge Fernando Gómez, ascendido a oficial principal, a pesar que está acusado de haber robado material secuestrado en una causa, cuando regresaba de un operativo a la Comisaría 18ª.
Otros ascensos polémicos -aunque no de la gravedad de los anteriores- son los de la subcomisario María Virginia Santillán ascendida a comisario; y la comisario Analía Verónica Cáttaneo ascendida a comisario inspector. Ambas se desempeñan bajo el rol de Tareas No Operativas, y fueron dudosamente ascendidas.
Estos casos confirmados a La Izquierda Diario, de policías que presentan cargos en la Justicia o sanciones administrativas por parte de la propia fuerza, demuestran que las supuestas políticas de “limpieza” de la Policía de Córdoba no son tales y que al poder político no le interesa sanearla de elementos delictivos, sino que por el contrario los premia con ascensos.
La legisladora del PTS-Frente de Izquierda Laura Vilches señaló que “los ascensos por decreto de Schiaretti en la Policía provincial muestran una vez más que los premios son para los implicados en todo tipo de delito organizado, garantizando la impunidad de ese sistema en descomposición que es la Policía de Córdoba”; y agregó que “desde el PTS-FIT vamos a citar a la Legislatura al ministro de Gobierno y Seguridad Juan Carlos Masei para que de cuenta de esta situación escandalosa”.
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