El Tribunal Superior de Madrid ha suspendido el cierre de Madrid y otras nueve ciudades de la Comunidad, tal como reclamaba el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez no descarta imponer un Estado de Alarma.
Jueves 8 de octubre de 2020
Después de semanas de acuerdos, rupturas de negociaciones, acusaciones cruzadas y crisis, este jueves ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha decidido la partida. Y en este caso, a favor del gobierno madrileño. El fallo judicial resulta bastante escandaloso, redactado a medida del Partido Popular.
La decisión ha provocado incertidumbre, ya que no queda claro si se puede salir o no de Madrid, si se mantiene alguna limitación a la movilidad o restricciones de algún tipo. Además, muchos se preguntaban en las redes sociales: “¿Por qué no se puede cerrar Madrid, pero se pueden cerrar barrios enteros de la ciudad?” La respuesta no ha tardado en llegar: “Porque los jueces, amigos de Ayuso, viven en los barrios ricos que no estaban confinados”.
"Los tribunales son el verdadero diálogo, que no enfrenten a la política y la justicia. Pedimos nuevamente a los madrileños no salir de Madrid y seguir las recomendaciones sanitarias", ha declarado Diaz Ayuso en una rueda de prensa improvisada esta tarde. El gobierno madrileño se reunirá con el ministro de sanidad para discutir un nuevo plan medidas. ¿Habrá acuerdo? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que se anunciarán nuevas directrices entre hoy y mañana.
En el marco de la segunda ola de la Covid, con Madrid como foco de contagios a nivel europeo, el gobierno “progresista” de Sánchez y el gobierno conservador de Ayuso se tiran mutuamente las culpas, intentando que sea el contrincante el que pague los costos políticos de nuevas medidas que ahondarán la crisis económica y social que ya está en niveles récord. Y es muy probable que este viernes Ayuso ratifique el rumbo anterior, retomando las medidas restrictivas sobre los barrios del sur de la ciudad, el “confinamiento de clase”. No está claro todavía si el gobierno de Sánchez presionará para imponer un Estado de Alarma en la comunidad.
Sobre lo único que no hay dudas es que la crisis sanitaria y social la siguen pagando los mismos: los barrios obreros y populares, la clase trabajadora, las personas migrantes, las mujeres pobres y la juventud precaria. Son estos sectores los que siguen viajando en metros y trenes sin distancia de seguridad, los que envían a sus hijos a colegios que no están preparados para esta pandemia, con una sanidad pública desbordada y una atención primaria casi extinguida. Son los mismos que han visto recortarse sus ingresos, los que han perdido sus empleos, o siguen en un ERTE desde marzo sin cobrar todo su salario, los que no llegan a pagar el alquiler y temen ser expulsados de sus viviendas.
Los gobiernos quieren restringir el debate a qué tipo de confinamiento se aplica en las grandes ciudades, mientras refuerzan el aparato policial y represivo contra la población. Lo que no quieren discutir es que hace falta un plan de emergencia para dar respuesta a la crisis, para que no la sigamos pagando los de siempre, para que esta vez la paguen los capitalistas.
