Tras la investidura de Pedro Sánchez comienza la nueva legislatura con muchas promesas como ya ocurrió en la anterior. Respecto a la composición del nuevo ejecutivo de coalición sigue siendo una incógnita, de la que saldremos de dudas en las próximas horas, aunque se baraja la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad vaya para Sumar y la ministra sea Mónica García. Más allá de las promesas, ¿la reedición “progresista” va a suponer un cambio real de las condiciones en las que se encuentra la sanidad?
Lunes 20 de noviembre de 2023
En las últimas semanas PSOE y Sumar se han esforzado en presentar toda una envoltura progresista para el nuevo gobierno. Además de intentar sacar el foco de la limitada ley de amnistía a la que han llegado pretendían mostrarse como una opción de gobierno para los sectores populares. En las semanas previas a la investidura hemos visto promesas en distintos ámbitos como la reducción de la jornada laboral, medidas en política fiscal, alquileres, transporte o cuidados. Uno de los puntos en el que también prometen mejoras es en la sanidad pública. Yolanda Díaz hablaba de “importantes decisiones en esta materia”. También hemos conocido que muy probablemente el Ministerio de Sanidad quedará en poder de Sumar y en concreto todo apunta que será Mónica García, líder de Más Madrid, quien lo presida. Algo que conoceremos en las próximas horas. Pero ¿qué sabemos sobre la propuesta del nuevo gobierno en este tema?
El PSOE y Sumar formalizaron el pasado 24 de octubre el acuerdo para un nuevo gobierno de coalición. En él se recogen numerosas propuestas, todas ellas ciertamente vagas o insuficientes, para reforzar el sistema sanitario público español. La mejora sanitaria que han acordado y con la cual se han mostrado satisfechos, esboza unas líneas de actuación nada concretas, con planes como reformar la financiación territorial de las CCAA, o hacer una ley que acabe con “la indignidad que suponen las listas de espera”. Todo esto apelando a que “son aspiraciones recogidas en la constitución y que son compartidas por la mayoría de la población”. No obstante, en 2022, durante el mandato del gobierno “progresista” dichas listas aumentaron un 12,28% respecto al año anterior; se llegó a 793.521 personas en lista de espera quirúrgica a final del último semestre con 122 días de espera para intervenirlos.
Te puede interesar: Acuerdo de Gobierno PSOE y Sumar: promesas sociales vacías y refuerzo de compromisos imperialistas.
Yolanda Díaz recalca que “la sanidad es una de las mayores preocupaciones de los españoles, es un derecho para todos los ciudadanos, no una mercancía”. Sin embargo, fue en la anterior legislatura, bajo el gobierno del que formaba parte en coalición con el propio partido socialista, el responsable de que se invirtieran más de 1,2 millones de euros en conciertos privados durante la pandemia. En comunidades como Madrid, cada vez son más frecuentes los contratos con empresas privadas vinculadas a la sanidad, que en 2022 crecieron un 82% en esta región. Además, son cada vez más los usuarios que recurren a seguros privados, tratando de huir de las interminables listas de espera a las que se enfrentan en el sistema público.
Pero esto no solo ocurre en comunidades gobernadas por la derecha; Catalunya, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha… todas tienen altos índices de privatización. En todo el Estado existe el mismo modelo de gestión sostenido por unas leyes que promueven un sistema mixto de gestión público-privada. Algo sostenido y promovido por el PSOE desde hace décadas. El desmantelamiento de la sanidad pública no es algo reciente. Comenzó con la aprobación de la ley 15/1997 del 25 de abril, con los votos del PP y el PSOE entre otros partidos que apuntalan el régimen del 78, abriendo la puerta a las empresas privadas para comenzar a gestionar centros de atención sanitaria públicos.
Sin embargo, no tenemos que irnos décadas atrás para imaginar que el próximo gobierno no cambiará ni una coma del modelo actual sanitario. ¿Debemos confiar en un gobierno que en los últimos presupuestos generales aumentaron el presupuesto militar un 26%, mientras que la sanidad quedaba relegada a una subida de tan solo un 6,4%, muy por debajo de la inflación? Tenemos grandes ejemplos recientes como la gestión del SNS durante la pandemia. La nacionalización de los hospitales y clínicas privadas (amparados en el artículo 128 de la Constitución) para poder ofrecer una mejor atención a la población y otorgar un desahogo a los hospitales públicos, que se encontraban absolutamente colapsados, para ellos no fue una opción. Se limitaron a mantenerse al margen.
La propuesta de “mejora sanitaria” del nuevo gobierno es una amalgama de medidas muy generales, sin apenas definición. La reforma de financiación de las CCAA se asume como un aumento del presupuesto destinado a la sanidad, pero, ¿a qué van a destinar las CCAA ese aumento de presupuesto? ¿Van a destinar ese dinero a mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores?, ¿van a reforzar la atención primaria o las unidades de salud mental? O, por el contrario, van a desviarlo, como ya está ocurriendo en Andalucía, para derivar a pacientes a clínicas privadas. También cabe la posibilidad de que ese supuesto aumento de presupuesto caiga directamente en manos de la gestión privada gracias a conciertos hospitalarios, como sucede en la Comunidad de Madrid.
Los tiempos de espera ofrecidos en el nuevo pacto de gobierno son insuficientes. Se propone un máximo de 120 días de espera para una intervención quirúrgica, lo cual es inaceptable, cuando el tiempo medio de espera actualmente es de 122 días, incrementándose éste en intervenciones de traumatología. Al igual que para una prueba complementaria, que no se plantea disminuir el tiempo de espera.
Todo apunta que van a empezar a hacerse cargo de los pacientes clínicas y hospitales privados; similar a la propuesta del ministro Escrivá relativa a que las mutuas gestionen las bajas de la población activa, dejando la atención primaria para las personas de los sectores no productivos como la infancia y la vejez.
Por otro lado, se pretende “ampliar la cartera de servicios” pero no se especifica de qué manera ni que grupo profesional se va a contratar para la mejora de plantilla a la que se refieren.
Queda claro que depositar nuestra confianza en un gobierno que ya ha demostrado ser igual de cómplice del desmantelamiento de la sanidad pública que la derecha, no es una opción. Hablamos de un gobierno que ante la masacre que está ejerciendo el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, no sólo da el “derecho a la legítima defensa” a un estado genocida, sino que además continúa vendiéndoles armas de guerra. Parece que ver cómo se saldan con la vida de miles de personas, entre ellos un gran número de niños, bombardeando hospitales y utilizando fósforo blanco, les importa tan poco como nuestra sanidad. También se trata de un gobierno que no solo hace promesas que no va acumplir, sino que deja fuera -como ya lo hizo en la anterior legislatura- cuestiones importantes como la derogación de la ley mordaza que reprime y castiga a todas aquellas y aquellos luchadores que, entre otras muchas cosas, pelean en defensa de la sanidad pública. O que deja fuera de la amnistía pactada a aquellos sindicalistas y luchadores obreros que pelean por mejoras laborales o contra las privatizaciones y lo público.
La experiencia del anterior Gobierno es el principal dato que hace caer el relato progresista. La experiencia demuestra que para poder enfrentar el desmantelamiento de lo público no podemos confiar en quienes sostienen un régimen político basado en la privatización de los servicios públicos.
Para conquistar un sistema 100% público y de calidad es necesario financiarlo de forma eficaz, desde la atención primaria hasta la hospitalaria aumentando los presupuestos para poder alcanzar, como mínimo, las ratios de la UE. Se debe estabilizar el trabajo precario de muchos profesionales pasando a plantilla fija a todos los temporales e interinos además de contratar a más profesionales. Se deben derogar leyes y convenios que permiten la gestión privada de centros sanitarios, como la 15/97, y en perspectiva poder luchar por conseguir una nacionalización del SNS y crear una red que facilite y asegure una atención universal; todo gestionado por comités de trabajadores y usuarios.
La sanidad privada sobrevive en gran parte a costa de vampirizar a la sanidad pública, con la colaboración entusiasta y ferviente de los gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, que ceden sin problemas ante el lobby del sector sanitario privado. Es por eso que se hace fundamental para disponer de una sanidad pública universal y de calidad, que se nacionalicen todos los recursos sanitarios privados y se pongan al servicio de la sanidad pública bajo control de trabajadores y usuarios, para evitar una gestión con criterios capitalistas y blindar el servicio público de la sanidad.
Para ello es importante extender la lucha y el movimiento en defensa de la sanidad pública que hemos visto desarrollarse estos últimos años en todo el Estado. Usuarios, trabajadoras y trabajadores sanitarios, junto al conjunto de la clase trabajadora, son quienes tienen la fuerza necesaria para, no solo frenar la privatización, sino conquistar un modelo que dé respuesta a las necesidades de todas. Por ello los sindicatos deben empezar a trazar un plan de lucha en defensa de lo público para extender esta pelea al conjunto de la clase trabajadora.
