La propuesta de “voucherización” de Milei esconde bajo el nombre de “innovación” una privatización de la educación. Es una propuesta que plantea un modelo mercantil y meritocrático de educación. ¿Qué educación tenemos y cuál es la escuela que necesitamos? En este artículo nos proponemos realizar un repaso por la realidad de nuestro sistema educativo, debatiendo contra la propuesta realizada por el candidato liberal y aportar a una reflexión necesaria para las peleas que se vienen.

El triunfo de Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza el último 13 de Agosto, abrió un debate en el conjunto de la sociedad. En especial, algunas de sus propuestas que parecen disruptivas o innovadoras. En su plataforma política propone 9 puntos de reformas educativas. Entre ellos circuló con fuerza en las últimas semanas, la de vouchers educativos o un “sistema de libre elección de escuelas”. Veamos de qué se trata.

Milei retoma una vieja receta neoliberal que es la de privatizar la educación. Es decir, que deje de ser un derecho. Según esta propuesta, los fondos de los que dispone el Estado para educación ya no financiarían a las escuelas, a los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, a los recursos o infraestructura (es decir, la oferta) sino que lo haría directamente a los estudiantes o familias (es decir, la demanda) mediante un voucher con el que se podría “elegir” una institución educativa, de gestión pública o privada. Según el candidato, este cambio generaría mayor competencia entre las instituciones y por lo tanto mejoraría su oferta educativa.

Las propuestas del libertario no operan sobre el vacío: la crisis educativa que vivimos en nuestro país es evidente. Lo que cabe preguntarnos es si la solución a esa crisis es la privatización encubierta que propone Milei en un país en el cual más del 60% de los niños y niñas están bajo la línea de pobreza. El empeoramiento de las condiciones de vida producto de la crisis que se profundiza implica ya de por sí un acceso desigual para los distintos sectores sociales. Una medida como esta no haría más que agravar esta brecha.

El “enemigo de la casta” cuestiona el Estado de la educación argentina pero no denuncia que la misma es el resultado de una política sistemática de vaciamiento por parte de los distintos gobiernos durante décadas, bajos salarios docentes, pésimas condiciones edilicias, falta de vacantes y ausencia de equipos de orientación escolar o gabinetes especializados. Estas son solo algunas de las problemáticas que nos encontramos quienes somos parte de la escuela pública.
Hagamos un breve recorrido sobre el estado en que se encuentra nuestro sistema educativo hoy y una reflexión necesaria para las peleas que se vienen.

Una larga historia de desinversión

TikTok se llenó de videos de jóvenes libertarios dándonos una explicación de cómo funciona el financiamiento de la educación en nuestro país. El argumento es simple: el Estado recauda plata con nuestros impuestos, ese dinero se destina al Ministerio de Educación, que a su vez lo distribuye a las provincias y a sus correspondientes ministerios. Por último, esa plata llega a las instituciones educativas. Estos cibernautas argumentan que el problema está en que ese presupuesto no se destina para las verdaderas necesidades educativas sino que va “al centro de estudiantes o al lugar donde podamos adoctrinar gente para hacerlos zurdos”. Otros dicen que esa plata va a los “sindicatos y gremios que es donde más se reparten la torta”.

Omitamos solo por un momento estos últimos comentarios. Milei menciona un problema obvio que vemos todos: para una educación mejor, es necesario tener recursos. Pero desde hace años no se cumple ni siquiera con el ya escaso porcentaje que debería ser destinado a educación: por ley se establece que sea un 6% del PBI.

En la década del 90’ bajo el gobierno menemista se aprobaron una serie de leyes educativas entre las cuales se encontraba la Ley de Transferencia de Servicios Educativos (LTSE) y la Ley Federal de Educación. Si la dictadura militar ya había comenzado con la descentralización del sistema educativo, con la LTSE se finaliza ese proceso dividiendo los recursos que aporta el Estado Nacional en 24 jurisdicciones.

Esta descentralización es la base de la gran desigualdad de la educación en nuestro país. En primer lugar, porque la disponibilidad de recursos varía por provincia. Por ejemplo, “en 2010 Tierra del Fuego contaba con recursos fiscales equivalentes a $22.000 por habitante, mientras que la provincia de Buenos Aires alcanzaba apenas $4.300, es decir, menos de una quinta parte”. [1]Por otro lado por la propia desigualdad de la cantidad de alumnos en cada una de ellas: ”Las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro y La Pampa) albergan apenas al 6% de los alumnos del país, mientras el grupo de las más pobladas (provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) reúne a casi el 70% de los alumnos”. [2]

También se sostiene una brecha desde el punto de vista de la recaudación, favoreciendo, por ejemplo, a las provincias patagónicas, ya que poseen una “alta percepción de ingresos en concepto de regalías y a las provincias que albergan a una población de mayores ingresos, que constituye una mayor base imponible; por su parte, las provincias del norte argentino presentan la situación más crítica, sin esta fuente extraordinaria de ingresos de regalías y con una base imponible que se nutre de una población más pobre. Así, en el caso extremo, Tierra del Fuego recauda siete veces más que Chaco.” [3]

El kirchnerismo dice enarbolar la bandera de la igualdad de oportunidades y la conquista de derechos, pero en todos sus años de gobierno no cambiaron esta herencia neoliberal sobre el financiamiento a nuestra educación. Mantuvieron la herencia de someter la educación a los lineamientos de organismos internacionales y ajustarla en función del pago de la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que creció exponencialmente bajo el gobierno de Macri y que ahora, desde Milei hasta UxP, se disponen a pagar peso por peso.

En el 2006 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo que dispone que el 6% del PBI sea destinado a educación. Desde su sanción hasta 2020 (último año con estadísticas), solo en tres años se cumplió con la meta: 2009, 2013 y 2015.

No se trata del ajuste del futuro, estamos hablando del que vivimos actualmente. En el 2023, Massa recortó 50 mil millones del presupuesto que iban a ser destinados, por ejemplo, al Plan Conectar Igualdad y al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”. Como resultado del ajuste sistemático en educación, en los últimos 5 años, se proyectaron construir 7.343 aulas y solamente se hicieron 927, lo que equivale a un 12,6 %.

Recientemente se publicó un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) donde se sostiene que el Programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, que tiene a su cargo la construcción y refacción de establecimiento educativos, asignó 67% de su presupuesto y ejecutó el 35%. Según este organismo se observa una reducción del presupuesto original por parte del Poder Ejecutivo, consistente en un 59% en 2017, 52% en 2018, un 31% en 2021, 36% en agosto de 2022, y a ello se agrega otro ajuste del 35% en el presupuesto 2023. A la reducción de los ya escasos presupuestos se suma la subejecuciónde los mismos: 28,50% en 2018, 43% en 2020 y un 49% en 2021.

Como podemos ver, la educación argentina sigue un camino de decadencia acelerada producto de las políticas sistemáticas de desfinanciamiento y ajuste que ninguno de los partidos que fueron gobierno revirtió. Esto es la base para los discursos reaccionarios de la derecha.

Viejas recetas, fracasos ya conocidos

Sobre este estado de cosas es que Milei propone un sistema que no haría más que agravar la desigualdad ya existente. El sistema de vouchers que propone fue implementado en países como Chile y Suecia, que si bien poseen una estructura política y económica distinta a la de nuestro país, sirven como marco de referencia sobre las posibles consecuencias en la implementación de esta propuesta.

En Chile esta política fue implementada en el año 1988 en plena dictadura pinochetista. De manera mensual se le pagaba a la institución según la asistencia media de sus alumnos. Ese dinero debía sostener todos los gastos, desde la infraestructura hasta el personal. El problema fue que en la mayoría de los casos, esto no sucedía. Ante el déficit generado, en el año 1993, se aprobaron dos nuevas formas de financiamiento. Uno en el cual las familias podían hacer un aporte adicional a la subvención, es decir un “financiamiento compartido”; y otro mediante exenciones tributarias a aquellos quienes hicieron aportes a las instituciones educativas.

La consecuencia fue el crecimiento de los colegios con financiamiento compartido, creando una brecha cada vez más grande entre la educación municipal y la particular subvencionada. Según datos publicados por el Banco Mundial y la OCDE, Chile encabeza el ranking de países más desiguales entre las principales economías del mundo: los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile. Esto tiene su correlato en el plano educativo, siendo uno de los países con mayor segregación económica a nivel escolar.

Fue justamente en Chile donde miles de jóvenes protagonizaron profundas luchas contra este sistema. En el 2006 se produjo lo que se conoció como la “Revolución Pingüina”. Un movimiento masivo impulsado por estudiantes secundarios a favor del derecho a la educación, y contra la privatización del sistema educativo. Y en el 2019, una verdadera rebelión popular también protagonizada por miles de jóvenes contra el aumento del transporte público y que con su consigna “no son 30 pesos, son 30 años” lo que ponían en cuestionamiento era, entre otras cosas, la herencia neoliberal y la profunda desigualdad educativa.

Como producto de estas peleas se impulsaron reformas como la Ley de Inclusión, aprobada en 2015, que intentó poner fin al lucro de las instituciones que recibían aportes del Estado y terminar con la selección de alumnos por parte de los colegios. Permitió que las familias elijan el centro escolar de preferencia sin que eso dependa de su capacidad económica. El Estado promovió un aporte mayor para aminorar el gasto a las familias. Sin embargo, a la fecha, la brecha de la que hablamos anteriormente se sigue sosteniendo.

Milei, en una entrevistarealizada recientemente, declaró que: "¿El sistema como está ahora funciona bien? El 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto y en Matemática estamos peor. En las pruebas PISA estamos pésimo y nos echaron por fraguar la muestra. Aún así dio mal".

Incluso desde los parámetros utilizados por estos países, esta no sería la mejor propuesta desde el punto de vista del fortalecimiento y mejora de la calidad educativa. Según declaraciones de Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE, aseguró que “el sistema escolar de Chile no funciona bien, ni siquiera a nivel de la élite”. Según los últimos datos brindados “los estudiantes chilenos de 15 años de edad están retrasados más de 2,5 años de escuela en comparación con sus homólogos de Polonia y más de 5 años si tomamos como referencia a Shanghai, dos países con similar ingreso per cápita.”

Otro de los países que toma como ejemplo Milei en sus discursos es el de Suecia, que utiliza el sistema de vouchers desde 1992. La dinámica es similar a la explicada previamente. Se otorgan cheques educativos a los usuarios que luego pueden llevar a las instituciones educativas donde quieran realizar sus estudios. El dinero para estos vouchers es otorgado desde las distintas municipalidades recaudando los impuestos. Suecia contaba con instituciones educativas del ámbito público que pasaron a competir con instituciones privadas. Desde la implementación de este sistema, la cantidad de escuelas privadas aumentó, pasando de tener el 4% del total de la matrícula en el año 2000 al 16% en la actualidad según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y se llevó a cabo una tendencia mayor a la división de acuerdo a su condición social. Un aspecto central de esta política es que los voucher se entregan dependiendo la asistencia o calificaciones de las y los estudiantes.

Evidentemente, la propuesta de los vouchers no es una solución a las problemáticas planteadas en el ámbito de la educación. La competencia entre las distintas instituciones no garantiza mayor calidad, sino que garantiza una brecha entre quienes poseen los recursos para acceder a una mejor educación y quienes no. Sumado a esto, la libre competencia entre instituciones por contar con la matrícula necesaria y por ende de recursos hace presuponer que más que poner por delante la calidad educativa, de lo que se trataría es de la competencia por la mayor cantidad de “clientes” .

Las nueve propuestas educativas de Milei van acompañadas de un plan económico de ajuste. No se expresa en ningún momento qué presupuesto o dinero se destinará a educación y sus vouchers, de qué manera se distribuirán, ni qué respuesta darán a los graves problemas edilicios como consecuencia de la desinversión o la falta de vacantes. Así mismo, no dan respuesta a preguntas como: ¿impondrán requerimientos previos necesarios para acceder a ellos? ¿Qué criterios deberían tener en cuenta para elegir las familias o estudiantes?¿Qué pasaría cuando varias familias quieran acceder a una misma institución? ¿Cómo se implementaría una medida así con un sistema tan desigual a nivel nacional?

Según un estudio de la CEPAL, ”los estilos de desarrollo económico adoptados, la institucionalidad federal del país, las políticas públicas nacionales (o la ausencia de las mismas, en muchos casos) y las estrategias provinciales, fueron configurando un país fuertemente fragmentado, desigual –en términos relativos–, con una alta concentración geográfica de las capacidades productivas y con una descentralización inequitativa de servicios públicos básicos para la población, como son la salud y la educación.” Esta desigualdad configura territorios en emergencia como los ámbitos rurales y de severo déficit educativos en ámbitos urbanos y periurbanos. Esto significa que el plan de Milei no solo no da respuestas a estas problemáticas sino que su “libre elección” entre instituciones educativas no sería realizable en este marco. Por otro lado, desde el punto de vista legal, la estructura descentralizada de nuestro sistema educativo impondría un límite a la hora de llevar adelante esta propuesta ya que para implementarla sería necesario llevar adelante una reforma constitucional que garantice la medida para todo el país.

Qué formación docente para qué proyecto de país y qué condiciones laborales

El paquete de leyes menemistas que mencionamos previamente no se trataba sólo de medidas regresivas desde el punto de vista económico, sino que fueron acompañadas por una disputa ideológica con una mirada mercantilista de la educación. Ya no como un derecho sino como un bien transable, como un objeto para el consumo. Las mismas se dieron bajo el llamado Consenso de Washington y todo tipo de acuerdos con organismos internacionales.

Es el realce de una mirada profundamente individual en el que avanza el que más se destaca por sobre los demás. Es una concepción pedagógica que enaltece el individualismo, la competencia, la meritocracia. Es una evaluación educativa según los resultados estandarizados y aplicados a normas cuasi universales y no mediante el proceso. Una pedagogía donde no existe el contexto, la diversidad y las singularidades. Una educación atada a la productividad y, por lo tanto, a la competencia.

Entre sus propuestas, Milei menciona cambios curriculares y pedagógicos sin dar cuenta de cuáles serían, cómo se llevarían adelante, desde qué mirada o que especialistas las impulsarían. Pero lo cierto es que esto tampoco es nuevo. Como señalamos previamente, las políticas de este tipo se vienen profundizando desde los 90’ y fueron sostenidas por los distintos gobiernos con diferentes medidas. Ya sea impulsando políticas como las ACAP (Actividades de Aproximación propuestas por el Ministerio de Educación de la Ciudad), que son, además, la naturalización de la precarización laboral entre los más jóvenes. O las reformas de los planes de estudio y ataque a la formación docente que se están dando desde que se aprobó la ley de la UniCABA en el 2018. El proyecto de Universidad de la Ciudad de Soledad Acuña no es azaroso: responde a los lineamientos planteados por el Banco Mundial desde hace décadas, donde lo que se intenta instaurar es un perfil docente como mero reproductor de plataformas digitales, de las nuevas tecnologías, divorciando de su rol crítico y esencial como articulador entre la comunidad educativa, los barrios y el territorio.

Este modelo pedagógico, atacó sistemáticamente la figura del docente. Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, hizo declaraciones públicas hablando de los mismos como “zurdos, viejos y fracasados”. Junto con la marea verde y la lucha del movimiento feminista proliferaron todo tipo de reacciones patriarcales y provida que ponian en cuestionamiento el “adoctrinamiento de la ideologia de genero”, atacando a la ESI.

El candidato de Unión por la Patria, Sergio Masa en una entrevista televisiva en TN declaró que en vez de que el servicio de educación sea pago, habría que exigirle a los docentes que cumplan con los 180 días de clases. Un claro ataque y un visto bueno a un sentido común alentado por la derecha que sostiene que los problemas de la educación son consecuencia de los reclamos de los trabajadores de la educación. Cuando decimos que las ideas de Milei no caen en el vacío sino que se apoyan en sentidos creados e impulsados por los propios partidos de Gobierno, nos referimos a este tipo de declaraciones.

La labor docente en los últimos años se ha visto completamente precarizada y sobrecargada de tareas administrativas. No solo por las condiciones salariales que son paupérrimas lo cual obliga a miles de docentes al multiempleo, ya sea tomando más de un cargo o al complemento con changas para poder subsistir. Hay un ataque a derechos básicos como el acceso a licencias y coberturas médicas que den respuesta los diversos problemas de salud que conlleva esta práctica precarizada.

En cuanto a las consecuencias que podría tener esta política para los docentes, Marisa Bolaña, Profesora de Psicología, Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialista en Didáctica y Doctorada en Educación, señala en esta notaque: “En varias jurisdicciones se implementan modos de contratación temporal y por fuera de los estatutos docentes. Se avanza fuertemente hacia la precarización laboral en nombre de la profesionalización docente, la propuesta de contratos por proyectos, por productividad, salarios diferenciados y la pérdida de derechos laborales. Se busca que se dificulte la sindicalización y el trabajo colectivo”. Además, agrega que una posible implementación de la política de vouchers puede “llevar al cierre de escuelas, a la pérdida de trabajo y al aumento del desempleo. Es probable que también incida en menores salarios y en la dificultad de discusiones paritarias colectivas. Se propone la libre contratación, la negociación salarial por escuela y por proyectos”.

Por una educación que esté al servicio de las grandes mayorías

Los docentes realizamos un trabajo solitario en el aula, totalmente sobrecargados. Esto rompe con la dimensión de lo colectivo y cercena la posibilidad de un rol docente que se involucre en las tareas pedagógicas desde una perspectiva crítica y comunitaria, involucrando a las y los trabajadores de la educación en el diseño de las políticas educativas junto a las familias, los verdaderos interesados en pelear por una educación para todos y al servicio y de las necesidades sociales.

Las centrales sindicales y gremios como CTERA están de brazos cruzados frente a esta situación. No sólo no enfrentaron ninguno de los ataques pasados sino que actualmente, frente a esta situación, siguen sin llamar a medidas de lucha para enfrentar la nefasta política de Milei y el ajuste del Gobierno. Es necesario organizar la resistencia desde cada escuela para pelear por plata para educación y no para el pago de la deuda junto con el desconocimiento soberano de la misma. Que esa plata se destine a salario docente y a un plan de infraestructura Para todo eso, debemos plantear la renacionalización del sistema educativo, aumentando el nivel tecnológico de las escuelas y el acceso a recursos digitales e internet en todos los hogares. En un momento de profunda crisis social se hace necesario el refuerzo de alimentos de calidad, así como el acceso a vestimenta y útiles. Frente a la falta de docentes y la enorme precarización de nuestra labor, necesitamos un aumento salarial y medidas como la implementación de parejas pedagógicas, junto a la mejora en la formación y la capacitación contínua.

Milei defiende una sociedad machista y patriarcal, por eso ataca derechos conquistados como la IVE y la Educación Sexual Integral. En nuestro páis 6 de cada 10 personas que sufrieron abuso sexual son niños, niños y dolescente, el 36% lo sufrió en el ambito intrafamiliar y el 80% pudo identificar estas situacion después de haber recibir formacion en ESI. Por eso es necesario defender la ESI y que se respete su implementación en todos los niveles educativos, crear equipos especializados dentro del marco del estatuto del docente que incluya el trabajo con las familias.
Quienes somos socialistas revolucionarios defendemos la educación pública como un derecho de todo el pueblo trabajador ante cualquier política de ajuste de los partidos burgueses. Lo hacemos con la firme convicción de que solo peleando por otro tipo de sociedad, una sociedad sin explotadores y opresores, que cuestione y rompa el orden establecido, es como vamos a poder poner en pie una verdadera educación liberadora, una educación que permita el desarrollo de nuestras capacidades, una libertad completamente distinta a la libertad del mercado, despótica y despiadada que defiende Milei .

Como planteó Lev Vigotsky: “Los problemas de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida”. Pero para eso tenemos una gran tarea hoy. Creemos que nuestro mayor aporte ante la profunda crisis que viven la grandes mayorías trabajadoras en nuestro país es la de pelear y organizar la resistencia: poner en pie la organización democrática de las escuelas en base a organismos de autoorganización de docentes, estudiantes y familias y todos los demás trabajadores de la educación. Desnaturalizar y cuestionar los sentidos que se imparten en la escuela de hoy, que cuestione los contenidos y su ideología de clase.

La pelea del momento nos obliga a repensar cómo poner en pie una estrategia para el combate de la mano de un movimiento pedagógico crítico, que se una a la lucha de clases de las y los trabajadores. En un mundo que nos empuja a romper con lo comunitario, a la competencia individual del sálvese quien pueda, como docentes y estudiantes en formación tenemos el desafío de la participación en la vida social y política, la de ser constructores de esta perspectiva pedagógica crítica como parte de un proyecto de transformación radical de la sociedad.