Bajo una Venezuela represiva. Maduro convoca elecciones regionales y legislativas anticipadas tras el fraude de las presidenciales

Durante su discurso de toma de posesión presidencial Maduro anunció qué elecciones se harían este año, picó adelante ante su cuestionado mandato, y prácticamente dio la orden al CNE. Tal cual ordenanza emanada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha convocado para este 27 de abril la realización de elecciones regionales y legislativas conjuntas, haciéndolo saber Elvis Amoroso, al leer un comunicado transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro declaraba el 10 de enero la celebración de diez elecciones incluyendo unas supuestas “consultas populares” y hasta un proceso constituyente, pero eso sí, con solo la participación de aquellos que lo reconozcan como “legítimo” gobierno del país. Por eso es que Amoroso, presidente del CNE, declaró que todos los partidos y candidatos que participen en las elecciones previstas para este año en el país deberán suscribir un documento en el que se comprometen a respetar y acatar los "resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral como poder constitucional de la República". Es como haber firmado dicho documento por todos aquellos que consiguieron participar en las elecciones del 28 de julio, y obligados a reconocer ipso facto el descarado fraude electoral consumado.

Como para mantener el escaparate de los “diálogos”, también anunciados el 10 de enero, el gobierno montó uno de los primeros encuentros el pasado martes 14 de enero en la Asamblea Nacional, para que de allí “surgieran” supuestos “acuerdos” para la realización de tales elecciones. Ese día, en la Asamblea Nacional, y con la voz cantante de Jorge Rodríguez –presidente del Parlamento- se lleva a cabo la reunión con un grupo de partidos políticos con la Comisión Especial para la Revisión de las Normas y Leyes sobre los Procesos Electorales y los Partidos Políticos, “con el objetivo de establecer las fechas, procesos y escenarios de los comicios de 2025”.

Como ya era sabido, la gran mayoría de los partidos de la oposición patronal participante de estos diálogos son los llamados colaboracionistas con el gobierno, que cohabitan subordinados al PSUV y le avala la casi totalidad de sus actuaciones -incluyendo la represión política y la política económica totalmente favorable a los intereses del capital-, muchos de los cuales vienen de ser intervenidos judicialmente por el Ejecutivo Nacional. Por eso era fácil llevar adelante el libreto, cual opereta teatral, buscando aparecer tal cronograma electoral como si fuese un “consenso” entre los participantes, cuando es notorio que el calendario viene determinado desde arriba.

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Por eso la gran antelación que se realizan estas elecciones, tanto de gobernadores como de diputaciones nacionales. De allí que los que salgan electos de tales comicios del 27 de abril recién asumirán su mandato en la primera semana de enero del 2026, es decir, casi nueve meses después, una antelación jamás vista en la historia de Venezuela. Siendo unas elecciones que en general se realizan a finales de noviembre o en el mes de diciembre. Pero el gobierno mete el paquetazo político para sentirse “legitimado”, aunque no se sabe ante quien, dado el vacío de apoyo popular, pues si por el control de los demás poderes del Estado se trata, ya los tiene.

Por si faltara algo, tal como la elección presidencial, el gobierno y su PSUV ya declaró su “triunfo”, no es necesario ni mantener las apariencias. De esta manera, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este martes 28 de enero el chavismo "triunfará" en las elecciones legislativas y regionales. Y por supuesto, que el PSUV y todos los que componen el Gran Polo Patriótico "reconocerán todos los resultados". No faltaba más.

Como quien se la creyera de alguna “democracia” interna dentro del partido oficialista, han declarado que el próximo 4 de febrero harán un congreso para definir a sus “candidatos” de cara a las elecciones legislativas y regionales. Así lo declaró el Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que también funge como vicepresidente del PSUV. Todo eso cuando ya se sabe que quien lo define es la cúpula del partido, fiel reflejo de las camarillas gobernantes.

Si es que la mayoría delos partidos que componen la llamada Plataforma de Unidad Democrática (PUD) acatan las directivas emanadas de María Corina Machado, de no participar de tales elecciones y que, dada la proximidad de las mismas, ninguna corriente política que no sean las participantes del encuentro del 14 de enero, tiene alguna oportunidad de sortear la proscripción que sufrieran en las presidenciales, no es necesario ser gran analista para ver el desarrollo y los resultados de los comicios del 27 de abril. Aunque aún, en la oposición de la derecha se dirimen entre algunos factores políticos no muy partidarios de las directivas de María Corina, si participan o no.

No es necesario aclarar que todos los sectores políticos ubicados a la izquierda del gobierno de Maduro, entre ellos los que se reivindican anticapitalistas y de la clase trabajadora, continúan proscriptos o intervenidos. Siendo, además, que todo este espectro denuncia el fraude del 28J, automáticamente estaría imposibilitado de participar, de acuerdo a las condiciones impuestas.

Es bajo una Venezuela con gran despliegue de los cuerpos represivos en las calles y con la represión en curso donde cada vez más se refuerza el carácter autoritario bajo la imposición de su gobierno de facto, es que se realizarán estas elecciones del 27 de abril, así como la continuación de los llamados “diálogos” nacionales. Tras su imposición fraudulenta y el asentamiento de su régimen dictatorial estas convocatorias electorales no se tratan más que un intento de lavado de cara, difícil de sostener.

Es necesario llevar adelante una importante unidad para enfrentar la represión, así como el derecho a la protesta y la lucha por las libertades democráticas ante un gobierno represivo y autoritario, consideramos que es necesaria una perspectiva política propia como clase. Levantando una política propia ante la cuestión democrática y ante los problemas sociales y nacionales, que exprese independencia política de la clase trabajadora y del pueblo pobre, que plantee un programa desde los intereses de las y los trabajadores. Evitar que nuestra clase solo tenga como alternativas políticas aquellas que expresan los intereses de clase de quienes nos pisotean, de los grandes capitales de cualquier origen geográfico y de los ricos de este país, sean los nuevos o los de vieja data.