A pesar de haber sido condenado en 2016 a perpetua por seis asesinatos cometidos en 1975 por la banda de la derecha peronista CNU, el exfiscal gozará de arresto domiciliario en un departamento de Güemes.
Viernes 13 de diciembre de 2019 10:53
Foto 0223
El exfiscal Gustavo Demarchi es uno de los funcionarios del Poder Judicial responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad y uno de los pocos que gracias a la lucha de sobrevivientes y testigos fue llevado a juicio.
En 2016 un tribunal lo condenó a prisión perpetua por haberse probado que lideraba la facción marplatense de la banda parapolicial de la derecha peronista llamada Concentración Nacional Universitaria (CNU).
La resolución que le da el beneficio de la domiciliaria fue conocida este miércoles y lleva la firma de los mismos jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que dictaron sentencia tres años atrás: Víctor Bianco, Alfredo Ruiz Paz y Luis Imas, quien participó de manera telefónica de la votación de la decisión.
El argumento de la resolución apunta a una presunta desmejora del estado de salud por una “reciente rotura el talón de Aquiles” que sufrió Demarchi. Se trata de una dolencia perfectamente tratable en cualquier dependencia sanitaria del servicio penitenciario federal.
En las próximos días dejará la cárcel de Marcos Paz para empezar a gozar del beneficio de arresto domiciliario en su casa de Alvarado al 1.400, ubicada en el barrio Güemes de Mar del Plata.
Marcelo Roldán, hijo de desaparecido y referente marplatense del PTS – FITU, por su parte denunció en las redes sociales que se dan “largos tiempos de encierro sin condena para miles de detenidos en los penales de la provincia. Pero la justicia de clase da beneficios a genocidas”.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Largos tiempos de encierros sin
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Como sucedió con la domiciliaria al genocida Etchecolatz, que fue ampliamente repudiada hasta que tuvo que revocarse. Producto de la amplísima movilización en la ciudad; las organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas una vez más se preparan para salir a las calles en cuanto Demarchi esté en su domicilio. La consigna “el único lugar para un genocida en la cárcel común”.
El exfiscal genocida
Gustavo Demarchi, que además de exfiscal fue candidato a intendente de la ciudad de Mar del Plata en 1983 por el Partido Justicialista, fue condenado junto a Mario Ernesto Durquet y Fernando Alberto Otero -excarcelado en abril de este año- fueron condenados a la pena de prisión perpetua en el marco del primer juicio a civiles de Mar del Plata contra los integrantes de la CNU que finalizó en 2016 y que los encontró como autores de delitos de lesa humanidad.
En dicho juicio José Luis Granel, Juan Pedro Asaro, Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Asaro recibieron penas de entre tres y siete años, mientras que otros dos acusados, Raúl Rogelio Moleón y Raúl Arturo Viglizzo, quedaron absueltos.
En ese juicio quedó demostrado que la CNU asesinó a cinco militantes y exmilitantes políticos de distintas fuerzas (Enrique Pacho Elizagaray, Jorge Enrique Videla, Guillermo Enrique y Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg). Y que también ejecutaron los crímenes de otras tres personas (Daniel Gasparri, Jorge Stoppani y María del Carmen Coca Maggi) entre marzo de 1975 y febrero de 1976.
Jueces y fiscales genocidas: Corporación que garantiza la impunidad
La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) realizó un relevamiento en el que detalla quiénes son los integrantes del Poder Judicial que están siendo investigados, tanto en esta etapa de instrucción como de elevación a juicio.
A casi 44 años del golpe genocida, son sólo un total de 48 personas, que en más del 50 % eran jueces o juezas durante la dictadura; el 20 % tenían cargo de secretarios; el 19 % eran fiscales y el 8 % defensores oficiales. De los imputados tan sólo once fueron condenados, de los cuales ocho se desempeñaban como jueces al momento de los crímenes.
El total eran 59 los imputados, pero la impunidad garantizada por todos los gobiernos hizo que murieran impunes 11 integrantes del Poder Judicial, responsables de delitos de lesa humanidad. La corporación judicial ha garantizado la impunidad para la mayoría de los genocidas, incluidos sus propios integrantes.
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