Junio de 2016. Sergio Massa está en Córdoba. Ante los empresarios reunidos en la Bolsa de Comercio dispara: “Quien se siente en la administración pública va a saber que alguien con quien hace el negociado mañana puede ser su delator”. Eran aquellos tiempos de activa confraternización con el macrismo. Promocionaba, en tierras mediterráneas, la Ley del Arrepentido [1], herramienta fundamental de la arbitrariedad judicial, que el kirchnerismo denuncia permanentemente como lawfare.

La causa vialidad disparó, en el terreno discursivo, una reedición de la grieta. El peronismo, unido por el pedido de condena a Cristina Kirchner, habla de movilizaciones y actos. Esos que no convocó contra el ajuste o el acuerdo con el FMI. Del otro lado, la oposición de Juntos por el Cambio, haciendo causa común con los fiscales Luciani y Mola, intenta un discurso republicano al que le sobran palabras y le falta sustancia. La gran corporación mediática opositora se convierte en megáfono de esa agitación.

Esa grieta no se extiende al terreno económico. Allí prima, casi sin matices, un consenso del ajuste, construido bajo la atenta vigilancia del FMI. Ratificado y redoblado en las primeras semanas de Sergio Massa como superministro, combina aumento de tasas de interés con congelamiento de la planta del personal estatal. Ahora, en la semana que pasó, acaba de sumar un recorte durísimo al presupuesto educativo: $ 50.000 millones que se retacearán de las partidas destinadas a infraestructura edilicia, jardines de infantes y el plan Conectar Igualdad. Aplauden los enemigos declarados de la educación pública, como Ricardo López Murphy o Roberto García Moritán.

La creciente polarización política –que incluye pedidos de juicios político, denuncias judiciales, vallados y la represión de este sábado– tiene como correlato esa unidad global alrededor del esquema de ajuste. En una suerte de "campaña electoral adelantada", oposición y oficialismo compiten en la dureza de los discursos. Un método eficaz para llamarse a silencio sobre la agenda de medidas económicas antipopulares que comparten.

Corrupción “nac&pop”, corrupción capitalista

La avanzada judicial construye su legitimidad sobre el “combate a la corrupción”. Amparados, en muchos casos, en el apoyo del imperialismo norteamericano, los Poderes Judiciales latinoamericanos protagonizaron y protagonizan –desde hace cerca de una década– una ofensiva que tiene como blancos a sectores políticos capitalistas que no comulgan plenamente –o no lo hacen todo lo que el poder económico considera necesario– con las políticas más liberales para la región.

Esa ofensiva judicial trabaja sobre terreno fértil. Si atendemos solo a Argentina, la corrupción en la obra pública acaba de ser confirmada por la misma Cristina Kirchner. En su descargo por la Causa Vialidad, la vicepresidente confirmó la obscena relación entre José López –funcionario central de las gestiones kirchneristas por una docena de años– y numerosos empresarios de la construcción. La argumentación, construida para cuestionar las acusaciones de los fiscales Luciani y Mola, terminó ratificando el carácter extendido y estructural de esa corrupción.

La llamada “Patria contratista” conforma un esquema de ligazón entre poder económico y funcionarios del Estado capitalista que va más allá de apellidos y gobiernos de turno. Las gestiones kirchneristas garantizaron la continuidad de ese entramado [2].

Si se mira más allá de las fronteras, por ejemplo, el escándalo Odebrecht funcionó como detonante de múltiples causas de corrupción. No solo en los países gobernados por el progresismo sino, también, en otros dirigidos por la derecha continental. Habilitó, al mismo tiempo, una avanzada del gran capital imperialista en la región [3].

Estos esquemas de corrupción son inseparables de la dominación capitalista. El Estado, garante de los negocios del gran empresariado, funciona como una guardia permanente para los reclamos burgueses. Esto tiende a hacer insustanciales aquellos discursos –como el del kirchnerismo– que proponen una regulación estatal sobre el gran capital.

Ilustrando ese aspecto estructural de la corrupción, hace casi 140 años, Federico Engels señalaba que

La forma más elevada del Estado, la república democrática (…) no reconoce oficialmente diferencias de fortuna (…) la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero por ello mismo de un modo más seguro. De una parte, bajo la forma de corrupción directa de los funcionarios, de lo cual es América un modelo clásico, y, de otra parte, bajo la forma de alianza entre el gobierno y la Bolsa [4].

La igualdad ante la ley aparece –cada vez más– como una formalidad jurídica que oculta –cada vez menos– las enormes diferencias sociales que recorren el cuerpo de las sociedades bajo el régimen democrático.

Si atendemos solo al intercambio de mensajes entre José López y Nicolás Caputo, se revela una cercanía pasmosa entre la casta política que administra el Estado capitalista y el poder económico. Relación que la misma Cristina Kirchner graficó, aún más, al recordar el vínculo entre Néstor Kirchner y Héctor Magnetto. Vínculo que le permitió al CEO de Clarín alzarse con un negocio más que lucrativo [5].

Bajo el imperio de esa subordinación al gran capital, las instituciones de la democracia representativa tienden a degradarse. El Congreso –órgano formal de expresión tanto del pueblo de la nación como de sus provincias– se convierte en un lugar ajeno a la vida de las masas, ajeno a sus intereses. Deviene una suerte de puesta en escena permanente, donde las fracciones políticas capitalistas despliegan discursos recargados mientras las decisiones realmente importantes se toman en otro lugar, en las opacas conversaciones entre el Poder Ejecutivo y el poder económico concentrado.

Describiendo esa realidad, hace más de un siglo, Lenin señalaba que

Incluso en el Estado burgués más democrático el pueblo oprimido tropieza a cada paso con la flagrante contradicción entre la igualdad formal, proclamada por la ‘democracia’ de los capitalistas, y los miles de limitaciones y subterfugios reales que hacen a los proletarios esclavos asalariados (…) Mil obstáculos impiden a los trabajadores participar en el Parlamento burgués, (que nunca resuelve las cuestiones más importantes bajo la democracia burguesa; las resuelven las Bolsas y los bancos) [6]

Restringiendo potestades a las propias masas, el régimen de la democracia capitalista permite una elección limitada de representantes cada dos o cuatro años. La contracara son las decisiones constantes que toma el poder económico, apelando al control de enormes recursos. Pareciera un siglo, pero fue apenas el 2 de agosto, cuando los llamados mercados, corrida cambiaria de por medio, impusieron –junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner– a Sergio Massa como “superministro” de Economía.

Progresismo y lawfare

El progresismo latinoamericano convirtió, hace años, al lawfare en enemigo declarado. Razones no faltan. En muchas ocasiones, los montajes judiciales construidos para perseguir a diversos sectores políticos alcanzaron ribetes obscenos.

Presentado globalmente como una forma de ejercicio del “poder blando” (una guerra por otros medios) por parte de EE. UU.; o como una suerte de “golpe por goteo”, el contenido esencial del llamado lawfare es la creciente judicialización de la política y un empoderamiento de la casta judicial [7].

Brasil se convirtió en ejemplo paradigmático de ese rol del llamado “partido judicial”. La estrecha relación entre el juez Sergio Moro –que encabezó el proceso contra Lula en el llamado Lava Jato– y el Departamento de Estado norteamericano fue solo uno de los muchos y muy cuestionados aspectos. La arbitrariedad del Poder Judicial alcanzó niveles altísimos, convirtiéndolo en una suerte de árbitro de la política nacional, con potestades para permitir o impedir candidaturas.

La dinámica del proceso tiene sus rasgos específicos a nivel local. En Argentina, el Poder Judicial no ha logrado elevarse a la misma altura. Parte de la explicación quizá radique en el fracaso de la experiencia brasilera. La liberación de Lula –nacida de las necesidades política del régimen burgués– dejó al desnudo las múltiples irregularidades en su procesamiento y cárcel. Otro aspecto tal vez pueda hallarse en las innumerables “manchas” que recorren a la corporación judicial argentina. Desde los vínculos estrechos con gobiernos de turno y empresarios, hasta sus casos propios de corrupción. Súmese a eso el desprecio clasista hacia la solución de los problemas jurídicos de las grandes mayorías. Su legitimidad de ejercicio resulta más que endeble [8].

En este contexto, el pedido de condena contra Cristina Kirchner puede ser revisado en instancias judiciales superiores. La exigencia de inhabilitación pareciera apuntar, esencialmente, a coaccionar contra una eventual candidatura presidencial. Al mismo tiempo, funciona como condicionante político en la coyuntura. Una suerte de llamado al orden para aquietar cualquier tentativa de distanciamiento demagógico en relación al ajuste que implementa su propio Gobierno.

Diseñado desde hace siglos como un poder contramayoritario, la función social y política del Poder Judicial atiende a actuar como reaseguro jurídico último de los intereses de las minorías frente a las mayorías. En términos históricos concretos, al inicio de la formación del Estado capitalista norteamericano, debía garantizar la dominación de una reducida franja de grandes propietarios y acreedores frente a la masa de pequeños comerciantes, trabajadores y pobres en general.

Si se analizan las últimas décadas en América Latina, el empoderamiento de la casta judicial no es ajeno a múltiples decisiones políticas. Y estas implican al progresismo, que ocupó el poder en varios Estados por más de una década.

El andamiaje legal que sostiene la ofensiva del Poder Judicial cuenta con normas emblemáticas. Entre ellas está la Ley del Arrepentido, impulsada –como ya vimos– por Sergio Massa y nunca anulada en los casi tres años del Gobierno del Frente de Todos. Otra, también esencial, es la llamada Ley Antiterrorista [9], una reforma del Código Penal establecida en junio de 2007 (durante el Gobierno de Néstor Kirchner), construida a medida de los intereses norteamericanos. Lógicamente, tampoco derogada. Se podría sumar la llamada ley de ficha limpia [10], hoy impulsada por Juntos por el Cambio a nivel local, pero sancionada en Brasil por el mismo Partido de Trabajadores, en 2010. Sería necesario, para finalizar, agregar la figura de “asociación ilícita”, presente en el Código Penal argentino desde 1921, utilizada ampliamente por las dictaduras y hoy parte esencial de la acusación contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.

Esa institucionalidad represiva, que le confiere mayor densidad a la arbitrariedad judicial, fue sostenida en el tiempo y profundizada en los años de gestión estatal progresista. Esto grafica la distancia entre los relatos sobre la “Patria Grande” y el alineamiento real –no sin tiranteces– con el poder imperial de EE. UU.

Sería parcial atender solo ese aspecto. La ofensiva de la derecha se amparó, también, sobre un creciente descontento de masas con esos gobiernos. Hacia el final de su primer ciclo político, esas gestiones se convirtieron en garantes de diversas políticas de ajuste. En el caso específico de Brasil, el Lava Jato pudo emerger a la vida luego de las masivas movilizaciones de 2013 en rechazo al ajuste que desplegaba el mismo PT. Carentes de una salida por izquierda, una fracción de esas masas descontentas devino base social reaccionaria, dando aire a la ofensiva judicial.

La lucha contra la corrupción

El descargo de Cristina Kirchner, desplegado el martes pasado, hizo mella en puntos reales: los numerosos casos de corrupción que salpican al macrismo y sus empresarios amigos vienen siendo desechados por las diversas instancias judiciales. Agréguese a eso que casi no ocupan lugar en el centro de la agenda político-mediática opositora.

Esa parcialidad del Poder Judicial se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones. La judicialización de la política opera como mecanismo constante en la arena nacional. Ese uso no reconoce, tampoco, a la grieta. A diversas escalas, cada una de las coaliciones mayoritarias tiene amistades y relaciones en la casta judicial y en ese socio imprescindible de la misma que son los servicios de Inteligencia.

Más de conjunto, cualquier arbitrariedad ejercida a través de un poder del Estado por una fracción capitalista contra otra es una amenaza latente contra el pueblo trabajador y su derecho a reclamar. Más temprano que tarde será utilizada, sin piedad, contra las y los luchadores de la mayoría explotada y oprimida. También contra las corrientes políticas que somos parte de esa perspectiva de combate. Es esto, sencillamente, lo que hemos señalado desde el PTS en el marco de los debates que recorren al Frente de Izquierda Unidad.

Resulta evidente que este Poder Judicial no puede ser la fuente de combate a la corrupción política. Esta solo podría encontrar un juzgamiento más ecuánime y completo en manos de las mayorías trabajadoras, mediante la creación de juicios por jurado populares que intervengan libremente en las causas. Algo que resulta inseparable del cuestionamiento al carácter oligárquico del sistema judicial, impulsando la elección directa de los jueces por sufragio universal y planteando barrer con todos sus privilegios.

Arbitrariedad judicial y crisis del régimen de partidos

La avanzada judicial no expresa solo decisiones políticas y económicas del gran capital o la derecha continental. Es, al mismo tiempo, cristalización de una crisis más general de los regímenes democrático-burgueses.

Si atendemos a Argentina, desde 1983 en adelante, la democracia capitalista fue experimentada como una frustración casi constante por las grandes mayorías populares. Aquella épica de que con la democracia se comía, se curaba y se educaba fue demolida por la hiperinflación alfonsinista. Los años de Menem dejaron un país moldeado por la desocupación y la entrega nacional. El ciclo kirchnerista –que contó enorme ayuda de los altos precios internacionales de los commodities– solo palió parcialmente la debacle nacional. Lo hizo, sin embargo, sin alterar estructuralmente la herencia menemista: el casi 30 % de pobreza sostenido por más más de una década funciona a modo de hecho irrefutable. Continuando ese proceso, en los últimos siete años, asistimos a la profundización del declive, bajo las gestiones del macrismo y el Frente de Todos.

Añadamos, brevemente, que esa dinámica está lejos de ser solamente local. La “crisis de las democracias” y de los partidos tradicionales recorre el globo y alimenta, entre otras cosas, la emergencia de las derechas radicalizadas.

Ese declive, necesariamente, se reflejó en el sistema de partidos nacional. Pasando por múltiples giros y algunos cambios, radicalismo y peronismo transmutaron en coaliciones políticas amplias [11], que transitan crisis recurrentes y se hallan amalgamadas esencialmente por el consenso negativo hacia sus oponentes.

Esa situación se hace más evidente en el marco de un escenario signado por la subordinación al acuerdo con el FMI. Un acuerdo que contó con el consenso –activo y pasivo– de esas dos coaliciones centrales y que hoy encuentra expresión en la conversión de Sergio Massa en superministro.

Esa crisis del sistema de partidos, en el marco de una perspectiva de ajuste, empuja necesariamente en el camino de un orden impuesto por medios aún más antidemocráticos y coercitivos. A una restricción aun mayor de las limitadas libertades que otorga la democracia capitalista.

Analizando las tendencias de lo que definió como crisis orgánicas, el revolucionario italiano Antonio Gramsci describía

¿Cómo se forman estas situaciones de contraste entre “representados y representantes” que desde el terreno de los partidos (…) se transmiten a todo el organismo estatal, reforzando la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de las altas finanzas, de la Iglesia y en general de todos los organismos relativamente independientes de las fluctuaciones de la opinión pública? [12]

El Poder Judicial puede ingresar, sin problemas, en la cartografía de “organismos relativamente independientes de las fluctuaciones de la opinión pública”. El ascenso de su influencia en la esfera política y de los intentos de jugar un rol arbitral se nutren, también, de esa savia [13].

Enfrentar estas tendencias bonapartistas resulta central para una perspectiva socialista revolucionaria. Al mismo tiempo, esta avanzada contra las libertades democráticas plantea la necesidad de desplegar una política para aportar al desarrollo de la conciencia de las masas trabajadoras. Para que la experiencia política con el régimen democrático-capitalista se despliegue a niveles aún más profundos, permitiendo identificar la relación estructural entre los intereses de la burguesía y el Estado en su conjunto. El planteo que hace el PTS-Frente de Izquierda de pelear por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana apunta en esa perspectiva, en el camino de conquistar revolucionariamente un Gobierno de los trabajadores y el pueblo, basado en la expropiación del gran empresariado.

Esa dinámica está ligada indisolublemente al fortalecimiento y triunfo de las luchas en curso. A impulsar la más activa organización en cada lugar de trabajo para obligar a las conducciones sindicales burocráticas a romper su tregua cómplice con el Gobierno ajustador. A desarrollar la movilización independiente en función de hacer posible una salida propia de las mayorías trabajadoras ante la crisis.

Mientras el gran capital domine y organice la producción económica existirá corrupción extendida. La búsqueda incesante de rentabilidad camina, sin temores, por encima de todo control o regulación: golpea puertas, abre ventanillas o invade el celular con mensajes de whatsapp o telegram. Los altos funcionarios políticos están allí, en guardia permanente, ansiosos de desempeñar el rol que les cabe en el entramado. Del mismo modo, el Poder Judicial y su arbitrariedad resultan inescindibles del dominio social del gran empresariado. En una sociedad dividida en clases, la administración del derecho no puede funcionar en general más que como garantía para la clase más poderosa.

Dejar atrás ese estadio de cosas solo es posible con la reorganización socialista y revolucionaria de la sociedad a escala nacional e internacional. Con la construcción de un nuevo régimen social y político donde la producción económica sea planificada consciente y democráticamente por el conjunto de la población. Donde el motor de la actividad económica no sea ya el lucro particular, sino la creciente y constante satisfacción de las necesidades sociales. Donde, aprovechando las potencialidades del desarrollo tecnológico, se pueda reducir la jornada laboral y avanzar en la conquista de cada vez mayor de tiempo libre para el ocio, la recreación y la vida misma. Un régimen social y político donde la dirección política y económica de la sociedad está, efectivamente, en manos de la inmensa mayoría.