Nuevas presentaciones de organismos de Derechos Humanos y de la Defensoría Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en apoyo al amparo de Myriam Bregman, María del Carmen Verdú, y Carla Lacorte contra la aplicación en CABA del protocolo de Bullrich que flexibiliza el gatillo fácil policial.
Lunes 26 de agosto de 2019 23:30
En las últimas semanas tuvieron lugar nuevas presentaciones en el expediente judicial iniciado por la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman, María del Carmen Verdú de Correpi, y Carla Lacorte (víctima del gatillo fácil e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), que actualmente aguarda resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras un primer fallo del juez Roberto Gallardo que frenó cautelarmente la aplicación por parte de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires de la Resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad revocó dicha resolución en un fallo por demás polémico, dando vía libre a las instrucciones emanadas por la ministra cultora de la mano dura y la impunidad policial.
Como ya habían planteado importantes personalidades de los Derechos Humanos, como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el mensaje de impunidad lanzado diariamente por el Poder Ejecutivo, repercutió en un recrudecimiento en los casos de gatillo fácil y asesinatos a manos de las distintas fuerzas represivas a lo largo del país, lo cual no hizo sino incrementarse, con casos paradigmáticos como el del policía motorizado Esteban Ramírez, que mató de una patada a un particular en el barrio de San Cristóbal, y que se suma a casos terribles de los últimos meses como la masacre de San Miguel del Monte, o el asesinato de Diego Cagliero en Tres de Febrero, por sólo citar algunos ejemplos.
En esta ocasión, se presentaron en calidad de amicus curiae ante el Tribunal Superior de la Ciudad, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, a través del defensor general Horacio Corti, y el defensor adjunto Luis Duacastella, quienes plantearon contundentes fundamentos por los cuales debe impedirse judicialmente la aplicación del protocolo de “uso de armas de fuego” que se toma atribuciones legislativas para crear supuestos de legitimación del accionar policial delictivo.
Myriam Bregman, quien presentó junto al CeProDH este amparo en diciembre de 2018, afirmó ante La Izquierda Diario: “el macrismo durante su mandato, con la intención de construir un enemigo apeló constantemente a la demagogia de la mano dura, y a exacerbar en sectores de la sociedad un sentido común que enfrenta a pobres contra pobres en el marco de una situación económica y social de creciente descomposición. Así, empoderaron a una promotora del odio a los jóvenes como Patricia Bullrich, sin ningún logro positivo para mostrar salvo promesas de “orden y mano dura”, lo cual obviamente no resuelve nada sino que repercute en crímenes horrendos por parte de las fuerzas de seguridad.
Con este protocolo, se le daría carta blanca a la policía para que ejecuten de manera sumaria a personas sin importar cuál sea el presunto delito que hubieran cometido, aún desarmados, sólo por el hecho de estar fugando. Es abrir aún más las puertas del infierno. Podrían matar sin límite: disparar y después investigar”.
La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, es categórica: “es tan impresentable el protocolo propuesto por Bullrich, que tuvo que mandar a los medios al espía y falso abogado Marcelo D’Alessio a operar en defensa de esa medida, poco antes de ser detenido por extorsionador”.
Estas nuevas presentaciones contra el protocolo de Bullrich, se realiza cuando este martes, en varios ciudades del país, se llevan a adelante marchas contra el gatillo fácil. Una práctica de las fuerzas de seguridad que se cobra la vida de una persona cada 21 horas.
