Al conocerse los argumentos del fallo en el que se condenó a Gonzalo Lizarralde por la muerte de Paola Acosta e intento de homicidio de su hija, sólo brota bronca y más bronca de los poros más profundos, y retumba en todos lados el grito de #NiUnaMenos, que millones de personas alzamos el 3 de Junio y que se repetirá este 25 de Noviembre, pero que a la justicia cordobesa parece no llegar.
Sábado 24 de octubre de 2015
Parece una provocación. Vuelven a violentarnos con los argumentos que han dado, se nos revuelven las tripas al tener que contestarle a una amiga que por Facebook nos pregunta, perpleja, si lo que dicen los jueces es que tenemos que ser sumisas y no luchar por nuestros derechos para que ellos consideren que hay “violencia de género” o “femicidio”… Y sí, pareciera que le están enviando un mensaje a todas las mujeres que en todos los lugares de trabajo, estudio y barrios de Córdoba se vuelven a organizar e intercambiar para participar del próximo #NiunaMenos el 25 de noviembre.
No es casual. Nuevamente el Estado, a través de su poder judicial –para nada independiente del gobierno, sino designado por éste–, en un caso paradigmático en Córdoba y en el país, está sentando posición ideológica sobre este terrible flagelo y diciéndonos nuevamente a las mujeres que piensan mantener este estado de situación. Si no cómo puede entenderse que digan que no hubo violencia de género cuando ellos mismos reconocen en los argumentos: “Toda esta situación, en la que imputado mantenía oculta la existencia de su hija M.L., como así también la insistencia de la víctima Paola Acosta para que cumpliera debidamente su rol paterno, sin duda, gestó en el imputado la idea de darle muerte a M.L. y a su madre”.
Qué es sino más violencia verbal, social y maltrato brutal de las instituciones del Estado hacia las mujeres decir que: “Tampoco se considera que existiera violencia psicológica ni económica. Si bien es cierto que el acusado fue reticente a asumir su responsabilidad como padre hasta que un ADN determinara que efectivamente el bebé era suyo, esto era entendible, pues como ya se vio no tenía una relación estable de pareja con Paola Acosta, sus encuentros fueron casuales y no tenía certeza sobre la paternidad de M.L. Dicho de otra forma, desde el punto de vista legal –hasta conocerse el resultado del ADN–, no se encontraba obligado ni a la contención psicológica ni económica de las víctimas, más allá de que eventualmente pudiera caberle algún reproche de tipo moral”.
Argumentar que para que haya violencia de género tiene que haber una “relación desigual”, que para considerar que haya femicidio tiene que “haber una relación estable”, que tiene que “haber habido violencia previa”, sólo son argumentos que apuntan a que la violencia machista es un problema individual (por eso apuntan a las acciones previas de Paola, que hablan de una persona “no sumisa”) y no social, de nuevo desligando la responsabilidad que tiene el Estado y el gobierno sobre esto. A Paola la mató el machismo y el sistema, y ese mismo machismo que la maltrató aun muerta, sin buscarla durante días porque “seguramente se había ido por sus propios medios”, ahora vuelve a ultrajarla con estos argumentos.
Para la sentencia no es desigual que las mujeres, a quienes “naturalmente” se nos atribuye la responsabilidad del cuidado de los hijos, tengamos que lidiar durante meses y años en la justicia para que –siempre primero dudando de nuestros actos– se realice un ADN y luego para que el padre pague la obligación alimentaria, de la que Lizarralde ni quiera quiso hacerse cargo, matando a Paola.
Estos argumentos concluyen que tratar a una mujer y una niña literalmente como basura, tirándolas a una alcantarilla, no es violencia de género… ¿Entonces qué es? Lizarralde quiso eliminarlas de su vida para que no la perturbaran; la justicia al no considerar que fue femicidio y violencia de género pretende INVISIBILIZAR la violencia machista generalizada y social que existe, donde el Estado tiene una enorme responsabilidad.
Causa indignación además que esa casta de jueces inamovibles, que cobran decenas de miles de pesos por mes para responder a la política del gobierno de turno y justificar lo injustificable, quieran esconderse detrás de los jurados populares, confundiendo a la gente, diciendo que ellos también consideraron que no había femicidio ni violencia de género. Los jurados populares no podían ni pueden hacer esas consideraciones porque no es su competencia, según lo establecido en Córdoba sólo resuelven sobre la existencia del hecho y participación del imputado. No mientan! Los jurados populares no resuelven sobre la calificación legal del delito.
Lizarralde mató a Paola, Molina mató Silvana y a Elsa, hoy Campos mató a Cintia, y así podríamos seguir una lista interminable con las noticias de todos los días… Lo cual muestra que estamos ante un fenómeno extendidísimo que lejos puede estar de ser individual. Y que, lamentablemente no se resuelve con que uno o algunos tengan prisión perpetua, aunque es entendible este reclamo de las familias ante los casos concretos.
Tiene que ver con un sistema que permanentemente oprime y somete a las mujeres, todos los días y en todos los ámbitos, inclusive muertas; donde el femicidio es el último eslabón de una larguísima cadena de violencias, demostrando que no basta con un reconocimiento formal, legal, de la figura de “femicidio”. Es necesario decir Basta!! ante cada hecho y ante este nuevo maltrato machista por parte de la justicia y seguir luchando en las calles, como lo haremos el próximo 25 de Noviembre, con la claridad de que sólo terminando con este sistema que solo ofrece oprobios para la mayoría de la población explotada y oprimida, podremos construir una nueva sociedad y liberarnos las mujeres del machismo que nos mata. Es necesario organizarnos para ello.
