En otro acto de campaña, el candidato y ministro anunció que el Banco Nación dará un seguro de ART a las y los repartidores. Rechazó tratar un proyecto que les otorga derechos laborales. El seguro regirá recién a fin de año. Para muchos repartidores será un paliativo, pero más festejan las empresas: se ahorran millones en ART y siguen con el fraude laboral.
Lucho Aguilar @Lucho_Aguilar2
Miércoles 1ro de noviembre de 2023 14:18
Sergio Massa sigue en campaña. Este martes hizo otro anuncio en busca de la foto. “Estamos poniendo en marcha una protección que garantiza el acceso a la ART, cobertura de obra social y derecho a la jubilación, a partir de un nuevo sistema que articula desde la AFIP con el Banco Nación el sistema de seguro y de protección social”, dijo el ministro candidato. Además anunciaron la creación de sitios de descanso en estaciones de trenes del área metropolitana (AMBA).
Acá conviene hacer un par de aclaraciones. La primera, que Massa dijo “estamos poniendo en marcha” porque en realidad lo que hizo fue una promesa que está atada a si gana las elecciones: el beneficio comenzaría a regir recién el 15 de diciembre de 2023, o sea con el próximo gobierno.
La segunda es que por ahora lo único seguro es, valga la redundancia, el seguro. Según el periodista especializado Mariano Martin (Ámbito), el equipo de Massa le confirmó que “el anuncio tendrá como única aplicación en el corto plazo la puesta a disposición de un seguro a cargo del Banco Nación”. Será el mismo que usa cualquier motociclista, de Nación Seguros y subsidiado por el Estado. Para muchos será un alivio de al menos cubrirse el seguro, pero ¿por qué no lo aplican desde ahora en vez de esperar dos meses?
La tercera, que será una “prueba piloto de 60 días”. ¿Después? Nadie sabe.
Una más: el anuncio de Massa implica que se congelan por ahora los proyectos que buscaban regular la actividad, declarando a los repartidores como trabajadores contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo y no "colaboradores" como dice Rappi. Según el gobierno, cualquier regulación se discutirá el año que viene “con los trabajadores y las empresas”.
Hechas las aclaraciones, vale preguntarse los alcances y motivos del anuncio de Massa.
Conversamos con trabajadores de delivery sobre nuestras propuestas para protegerlos y mejorar sus condiciones de trabajo. pic.twitter.com/LFTKrc6G6D
— Sergio Massa (@SergioMassa) November 1, 2023
Entre el “voto Rappi” y el Estado repartidor (de subsidios)
Las aplicaciones de reparto son uno de los servicios que más ha crecido. Este año, según datos oficiales, más de 200.000 personas prestaron servicios en alguna de ellas. Es el 10% de las y los monotributistas. Según Sergio Massa, se trata de 600 mil personas.
También son conocidas las condiciones laborales de esos miles de repartidores. Muy precarias. Trabajan a destajo, se pagan sus herramientas de trabajo, seguro y prestaciones sociales, no les reconocen relación de dependencia y hay que pedalear (o manejar) mucho para hacer un sueldo.
Las principales aplicaciones (Rappi, Glovo, Uber, PedidosYa) presionan desde hace años para mantener esa precarización. Primero atacaron los intentos de organización independiente. Después lograron que ningún gobierno (ni progre ni de derecha) trate algunos de los proyectos que buscan reconocerlos como trabajadores con derechos. Pero además, buscaron instalar la idea de que “vos sos tu propio jefe”, “manejás tus tiempos”, “tu sueldo depende de tu esfuerzo”. Una idea que logró ganar algo de terreno, hay que reconocerlo. Un terreno que habían preparado los empresarios y el propio Estado. Pibes que venían de 10 trabajos “en negro” y no conocían un recibo de sueldo; pibas que hacen malabarismos para criar solas a sus hijos; inmigrantes condenados a los peores laburos; municipales o estatales que cobraban miserias como monotributistas. Así fue creciendo ese “ejército” que la mayoría de las veces tuvo que apretar los dientes y pedalear sin derechos. Pero con mucha bronca.
Por eso en los últimos meses los candidatos del peronismo y la derecha fueron en busca de ese voto. Algunos lo llamaron el “voto Rappi”. Muchos insistieron que se identificaban con Milei. El liberfacho quiere utilizar esa bronca para terminar de imponer el modelo de precarización de las apps y replicarlo en otros sectores.
¿Cómo respondió el peronismo? En un primer momento parecía que impulsaría un proyecto de ley redactado por el diputado Omar Plaini (Canillitas-CGT). Luego que presentaría otro que analizamos acá, donde las empresas podían elegir si tener a sus trabajadores en relación de dependencia o como “trabajadores independientes” (monotributistas). Finalmente la presión de las grandes empresas logró que Massa se limite a los anuncios de este martes.
“Javier Milei nos ofrece la libertad de morirnos de hambre. Sus ideas no han tenido éxito nunca en ningún lado. La justicia social es el aire que respiramos, y MIlei la desprecia porque es profundamente anticristiano. https://t.co/CTThS5Y4eM
— ASiMM sindicato (@ASiMM1804) November 1, 2023
Para las empresas el anuncio cayó bien. Mantiene el régimen de fraude laboral e incluso hace que el Estado pague seguros y prestaciones que deben pagar las empresas. El Estado “repartiendo” favores.
También lo tomó bien el principal sindicato del sector, ASIMM. Su principal dirigente, alineado con el “peronismo ortodoxo”, aprovechó a criticar a Milei por “anticristiano”. Los muchachos fueron los que le pegaron a los repartidores independientes cuando fueron a protestar contra un proyecto de Larreta a favor de las aplicaciones.
Terminar con el fraude
Como decíamos antes, el anuncio de Massa tiene un tufillo electoral. Facilita un seguro que muchos hoy pagan de su bolsillo, pero al mismo tiempo libera a las empresas de esa responsabilidad y ratifica el fraude laboral.
Los derechos laborales siguen atados a la rosca electoral y las negociaciones de los candidatos con las cámaras empresarias.
El Frente de Izquierda viene denunciando desde hace años la estafa de las apps y apoyando a la juventud que se organiza. Como lo hizo Myriam Bregman cuando Cambiemos avanzó con una legislación proempresaria para el sector: “Supongamos que falta una regulación específica, un convenio o estatuto, que tiene que ser discutido con las y los repartidoeres. Pero lo que es innegable es que mientras tanto rige la Ley de Contrato de Trabajo. Exigimos salario, vacaciones, aguinaldo, obra social, licencias pagas, derecho a organizarse sin ser perseguidos”.
No puede seguir habiendo trabajadores de “primera”, segunda y tercera. Hay que organizarse por trabajo con todos los derechos y un salario que cubra la canasta familiar.
Lucho Aguilar
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.
