Se acaba de conocer, por medio de una comunicación en el boletín oficial del Gobierno de Mendoza, que la administración de Alfredo Cornejo avanzó en la evaluación de cinco explotaciones hidrocarburíferas de la petrolera El Trébol. Uno de ellos se encuentra en el seno de una comunidad mapuche de las treinta reconocidas por el estado nacional.
Jueves 17 de mayo de 2018 13:14
El pedido de la empresa incluye la técnica de estimulación hidráulica, más conocida como fracking para ser utilizada en cinco pozos antiguos de extracción convencional. De esta manera, Cornejo decide redoblar la apuesta en un contexto de movilización provincial que ha puesto en la calle enormes manifestaciones, puebladas y cortes de ruta.
Según expediente Nº EX-2018-00706526-GDEMZA-DPA#SAYOT de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, caratulado: “AVISO DE PROYECTO ESTIMULACIÓN HIDRÁULICA DE POZOS EXISTENTES - CERRO DEL MEDIO, CERRO PENCAL, PUESTO ROJAS Y CERRO LOS CHOIQUES - ÁREA PUESTO ROJAS - EL TRÉBOL S.A.”, la Directora de Ambiente Miriam Skalany autorizó el inicio del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para otras cinco explotaciones, que se suman a las anteriores cinco que el gobierno autorizara el año pasado a la petrolera El Trébol, grupo que cuenta como uno de sus accionistas al Grupo Vila-Manzano.
Mediante la publicación el Boletín Oficial, a pedido de la empresa, la gestión de Cornejo pone en marcha un nuevo proceso de evaluación de impacto ambiental que garantice la aprobación de esta técnica en cinco de los diez pozos que la empresa tenía proyectados fracturar en la zona. El proceso de evaluación de impacto ambiental será el primero en realizarse luego del controversial Decreto 248, firmado por Cornejo y su ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner en marzo de este año, reglamentando esta técnica.
En esta área de explotación reside una de las treinta comunidades mapuches que están reconocidas en la provincia, hecho que la empresa parece desconocer
Pertinente agregar es que gracias al decreto aludido, gracias a que la zona forma parte de una zona ya explotada, la evaluación ambiental toma forma de “aviso de proyecto", lo que implica una especie de “pronunciamiento express” que evita instancias consultivas como la audiencia pública.
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Según lo conocido por la pieza legal, el procedimiento de evaluación de los cinco yacimientos petrolíferos será llevado adelante por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que realizará el “Relevamiento de Campo” en forma conjunta con el personal de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y para la posterior elaboración del “Dictamen Técnico”. El Departamento General de Irrigación, y la Municipalidad de Malargüe serán encargados de realizar el dictamen sectorial según su incumbencia en el plazo de diez días hábiles.
Sin embargo, este nuevo avance del fracking en la provincia no parecería no tener tantas chances de avanzar rápidamente, ya que en esta área de explotación reside una de las treinta comunidades mapuches que están reconocidas en la provincia, hecho que la empresa parece desconocer.
La comunidad afectada es un principio es Lof Limay Kurref, integrante de la Organización Territorial Malalwece que tiene personería jurídica y tiene pendiente hace cinco años el relevamiento territorial de parte del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)
A tal efecto, este medio entrevistó a Gabriel Jofré, werken de la Organización Territorial Malalwece, quien precisó: “Aparentemente una de nuestras comunidades estaría afectada por el proyecto. La comunidad ha sido notificada solo informalmente, sin ninguna formalidad como estipula el decreto. Entendemos que para el procedimiento de consulta, deben ajustarse los tiempos a los de nuestra comunidad y es ahí donde vamos a ver en qué condiciones se expresan las voluntades políticas de hacer las cosas como estipula la legislación nacional e internacional. La comunidad afectada es un principio es Lof Limay Kurref, integrante de la Organización Territorial Malalwece que tiene personería jurídica y tiene pendiente hace cinco años el relevamiento territorial de parte del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Posiblemente este incumplimiento pueda implicar una demora en el procedimiento concreto, ya que se tienen que ordenar todas estas instancias administrativas que dice el estado siempre reconocer y que desde nuestra organización vamos a hacer cumplir”.
