Elecciones 2023. [Mendoza] La salud es esencial: no debe tratarse como un negocio

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Plataforma PTS Frente de Izquierda Unidad - Salud

Todos los gobiernos siguen ajustando y privatizando la salud, precarizando a los esenciales: su personal, siguiendo las recetas del FMI. A nivel nacional cayó un 10.8% el gasto en salud el último año. El 36% de la población (16 millones de personas) no tiene cobertura médica, seguridad social ni puede pagar atención privada, solo se atienden el sistema público colapsado. El 63% de los establecimientos de salud son privados y el 95% de los públicos son provinciales o municipales. El Estado nacional cada vez se ocupa menos del sistema de salud. La pandemia y la crisis social producto de la pobreza, profundizaron el colapso en salud mental. Cambiemos y el Frente de Todos ajustaron las partidas para Discapacidad.

El déficit en salud pública se repite en todo el país, y como consecuencia el pueblo trabajador sufre en carne propia el desfinanciamiento y la fragmentación de un sistema deficiente y obsoleto. Largas colas para conseguir turno, listas de espera para las cirugías, clausura de salas enteras, interrupción de servicios. Además, la mayor parte del presupuesto público en salud se destina a la atención médica, mientras que las acciones de prevención, promoción y regulación representan un porcentaje ínfimo. Sin embargo el gobierno actual, como los que lo precedieron, deciden pagar una deuda fraudulenta y desmantelar la salud y la educación pública.

La salud a partir del 2020 cobró especial relevancia por la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo entero. Debido a la pandemia, y teniendo en cuenta que en abril del 2020 se sancionó la “Ley de emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera” y que en abril del 2021 se prorrogó un año más, podríamos suponer un importante incremento en las partidas sanitarias provinciales. Sin embargo, vemos que si bien durante el 2020 creció la participación de las partidas de salud en el total provincial, desde el 2021 dicha participación disminuye de forma abrupta aún en comparación con los años previos a la pandemia. A excepción del 2020, en el lapso 2015-2021 la salud representó alrededor de un 18% del total de erogaciones provinciales, pero el 2022 marcó una participación del orden del 16,4%, que a su vez disminuye al 14,5% en el Presupuesto votado 2023.

Según el análisis del presupuesto que realiza el CIEC si le incorporamos la caída en términos reales (es decir, descontando el efecto inflacionario) de las erogaciones totales del Estado mendocino. Los $925.690 millones presupuestados para el 2023 significan un recorte del 11% en términos reales al presupuesto devengado en 2019 y un 13% al devengado en el 2015. En otras palabras, la salud provincial está afrontando un doble ajuste, ya que representa una porción más chica de una torta más pequeña.

Esta caída en los fondos sanitarios se explica principalmente por el congelamiento de los salarios de las y los trabajadores que es el principal rubro dentro del Ministerio. Los trabajadores de la salud y los usuarios saben la realidad de los hospitales públicos, donde la atención se mantiene en pie gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, además éstas últimas tienen una presencia mayoritaria en el sector. La falta de personal genera grandes presiones debidas a la sobrecarga laboral y los malos salarios que en muchos casos llevan a la necesidad de tener dos trabajos, con jornadas extenuantes, sumado a las tareas domésticas.

Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad

Esta Dirección es la encargada de garantizar a las personas con discapacidad sus derechos, mejores condiciones para la autonomía personal, participación e igualdad de oportunidades. En el 2021 se ejecutó un 87% de su presupuesto, quedando $72 millones en desuso. Estos recursos sin utilizar fueron sillas de ruedas, andadores, elementos ortopédicos, etc, no entregados como también servicios y asistencia de cuidadores no otorgados, restringiendo así los derechos de las personas con discapacidad. Para 2023 se destinaron $1.379 millones, que en términos reales representa una pérdida del 9% en relación a 2022.

En Mendoza existen 128.663 personas con algún tipo de discapacidad, por lo que se destinaron tan solo $894 por mes por persona. En la presentación del Proyecto de Presupuesto 2023 mencionan que los beneficiarios de los programas son cerca de mil personas, lo que significa menos del 1% de la población con discapacidad. Si contemplamos que el 39% de la población mendocina se encuentra debajo de la línea de la pobreza, contener solamente a menos del 1% de la población con discapacidad muestra lo paupérrimo de estos programas. A su vez, esta situación convive en un contexto de achicamiento de las políticas nacionales destinadas a esta población.

Dirección de Atención a Adultos Mayores y Dirección General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Del ajuste no se salvaron ni los adultos mayores ni las infancias. La Dirección de Atención a Adultos Mayores debería encargarse de la promoción y envejecimiento saludable con el fin de preservar la integridad física y mental de las y los adultos mayores. Debe brindar talleres y actividades culturales, contribuir con subsidios para cuidadores domiciliarios, cuidadores para los albergados en los diferentes hogares de la Dirección, medicamentos, pañales, leche, etc. También en esta área sumamente sensible recortaron. El presupuesto para 2023 es de $942 millones, lo que en términos reales representa un 8% de pérdida con respecto al de 2022.

También fue víctima de las tijeras de este gobierno el presupuesto de la Dirección que se encarga del cuidado integral de niñas, niños y adolescentes, enmarcado en la Ley 26.061. Según la cual la provincia tiene la obligación de “Gestionar la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción”. Dentro de los programas se encuentran convenios con instituciones para albergue y rehabilitación. Dirección de protección y restitución de derechos: Egreso protegido, acompañamiento familiar por reintegro, ayuda a la familia externa, programas de apoyo familiar, fortalecimiento familiar, convenios ECAF (equipos comunitarios de acompañamiento familiar). Se presupuestaron $5.779 millones, lo que representa una reducción del 9% en términos reales. Esta reducción del presupuesto representa un aumento de las brechas de acceso a todo tipo de derechos a las y los niños y adolescentes. Según el informe de la Encuesta de Condiciones de Vida 2020 publicado por la DEIE, hay 308.364 niños y niñas en Mendoza en situación de pobreza, que representan un 60% de la población de 0 a 14 años. A su vez, hay un 11% en la indigencia, es decir alrededor de 56.734 infancias en cuyos hogares los ingresos no alcanzan ni siquiera para garantizar una alimentación básica. Mendoza se encuentra entre las 10 provincias con mayor pobreza infantil y la peor situada en Cuyo.

Desde el Frente de Izquierda proponemos:

• Aumento de emergencia en el presupuesto de Salud para terminar con las guardias colapsadas y la falta generalizada de acceso a la salud. Por un Sistema Único de Salud, financiado por el Estado, bajo gestión de trabajadores y usuarios, universal y gratuito, sin barreras sociales ni económicas, donde cada quien reciba la atención que necesite. Liberación de las patentes para la producción nacional de insumos y medicamentos a bajo costo y accesibles a toda la población

• Reapertura de paritarias, aumento salarial de emergencia para compensar lo perdido con la inflación y la deuda del año 2020. Restitución de la cláusula gatillo. Pase a planta de todo el personal contratado y tercerizado. Reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial para el personal de salud. Reconocimiento profesional de enfermería y todas las profesiones terapéuticas. 82% móvil para la jubilación.

• Por el derecho a la salud mental: Aumento de los recursos para la atención de profesionales en los hospitales públicos y centros de salud, la reconversión de los hospitales psiquiátricos en polivalentes. La creación de dispositivos intermedios, con diversos niveles de atención en la que funcionen coordinadamente centros de atención primaria, hospitales de día, equipos domiciliarios de atención en crisis, equipos de visitas domiciliarias y acompañamiento terapéutico para trabajar la autonomía del paciente. Casas de medio camino, espacios de enseñanza de oficios y todas las estrategias de inclusión públicas que se requieran con el objetivo de evitar la cronificación de un importante porcentaje de usuarios. Creación de gabinetes y cargos profesionales en todas las escuelas, que juegan un rol primordial en la prevención de los padecimientos subjetivos en niñes y adolescentes.

• Emergencia en materia de discapacidad. Tratamiento del proyecto del Frente de Izquierda para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, la cobertura total de tratamientos y prestaciones, así como los salarios y condiciones laborales. Aumento de las pensiones. Basta de demoras en el pago a los prestadores y pago de las deudas que causan la interrupción de los tratamientos.

Niñez y adolescencia:

• Proponemos aumentar el presupuesto de la Dirección General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley 26.061 y la distribución de los fondos presupuestariamente asignados para la formulación y ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de Acción.

• Ante el crecimiento exponencial de la pobreza infantil, la indigencia y el Índice de Privaciones Múltiples en niñas, niños y adolescentes de la provincia de Mendoza. Es urgente duplicar de inmediato el presupuesto vigente y crear un Programa Provincial de Emergencia con que coordine las acciones de la Dirección de protección y restitución de derechos: Egreso protegido, acompañamiento familiar por reintegro, ayuda a la familia externa, programas de apoyo familiar, fortalecimiento familiar, convenios ECAF (equipos comunitarios de acompañamiento familiar); los convenios con instituciones para albergue y rehabilitación; las demás áreas del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes; y la Dirección General de Escuelas. Dicho Programa será elaborado y funcionará bajo el control directo de las trabajadoras, trabajadores y profesionales del área.

• Lactarios y jardines materno parentales desde los 45 días en cada distrito.