Desde hace unos meses el Gobierno de la Provincia de Mendoza (Frente Cambia Mendoza), el más amigo del Gobierno Nacional, ha convertido en eje central de su gestión el avance de la megaminería. Visitas a las ferias mineras más importantes del mundo a ofrecer los bienes comunes de la provincia, reformas del andamiaje legal para facilitar los negocios a empresarios amigos y un trabajo fino de propaganda ideológica en los medios con su correlato educativo sobre las “oportunidades de desarrollo” que tiene nuestra cordillera y el nuevo slogan publicitario: la minería se convierte en un componente esencial de la transición energética a nivel global.

El Gobierno renueva su ofensiva minera

En la provincia de Mendoza, la megaminería se ha convertido, hace unos meses, en el eje central del gobierno de Alfredo Cornejo que asumió su segundo mandato en diciembre de 2023. Tal es el ímpetu por avanzar con estos negociados que ya se aprobó un nuevo Código de Procedimientos Mineros de la provincia que busca centralizar el poder de decisiones en el ejecutivo, acelerar la aprobación de proyectos mineros, garantizar un negociado para empresarios amigos nucleados en Impulsa Mendoza S.A, crear una herramienta más para apropiarse de territorios de las comunidades originarias y lavar de verde al Estado Provincial creando una policía minera. Otro de los proyectos anunciados por el gobernador que más preocupación genera es la creación de un nuevo Código de Aguas.

Además de Potasio Río Colorado, Cerro Amarillo y Hierro Indio (tres proyectos que ya están en marcha), el gobierno provincial pretende avanzar con dos grandes proyectos en dos áreas de la provincia. Las zonas de interés se extienden desde el norte de San Rafael hasta el sur de Las Heras ya que toda la zona cordillerana que conecta estos puntos se encuentra protegida por una sucesión de áreas naturales (reguladas por la ley provincial 6.045) y la categorización de zonas glaciares y periglaciares (protegidas por la ley nacional 26.639).

La primera es lo que han llamado “Malargüe Distrito Minero Occidental” un ambicioso programa minero que incluye al menos 70 proyectos de extracción de cobre en distintas etapas, proyecto para el cual el ejecutivo ya presentó el Informe de Impacto Ambiental para avanzar. La zona cuenta con una superficie de 2.022.976 hectáreas, la mitad del departamento, y contiene 703.432 hectáreas con propiedades mineras.

La otra zona en la mira del ejecutivo provincial está ubicada en el norte de la provincia, en el departamento de Las Heras, próximo a la localidad de Uspallata donde desde hace décadas pretenden avanzar con el proyecto megaminero de cobre y oro, en el cerro San Jorge, que lleva el mismo nombre. El mismo fue presentado por primera vez en 2011, bajo el gobierno de Paco Perez (PJ) y tuvo que ser rechazado por unanimidad en la legislatura provincial después de la lucha llevada adelante por vecinos de Uspallata, asambleas y organizaciones políticas que rechazan el proyecto. El referente de las Asambleas Popular por el Agua y geógrafo, Marcelo Giraud, advierte que “están pretendiendo explotar el cerro San Jorge en lo alto de la cuenca del río Mendoza poniendo en riesgo, ahora no solo a Malargüe, sino al oasis norte de Mendoza donde vivimos más de un millón de personas. Más de la mitad de la población de Mendoza tiene su agua en riesgo en caso de que se llegara a aprobar y avanzar”.

Este proyecto megaminero está absolutamente rechazado por la sociedad mendocina, no cuenta con licencia social. La primera vez que fue presentado provocó una gran gesta que concluyó en el rechazo definitivo del proyecto en aplicación de la 7722. En aquel entonces se desarrollaron asambleas barriales, muraleadas, cortes de ruta (entre los más importantes se realizaron cortes intermitentes en la Ruta Nacional N°7, que impedía el paso a Chile), se contó con la colaboración de expertos de la Universidad Nacional de Cuyo que realizaron un informe sobre el proyecto [1].

Será por este motivo que es Solway Investment Group (con sede en Suiza pero de propiedad Estonia) la multinacional interesada en quedarse con este proyecto, quienes afirman en su página oficial “A menudo asumimos proyectos que no son tan atractivos para los principales actores del mercado debido a las complejas condiciones sociales y económicas locales. Nuestras instalaciones de fundición en Guatemala y Ucrania son buenos ejemplos de la capacidad de Solway para reactivar proyectos estancados. ”

El referente de la Asamblea de Uspallata, Federico Soria destaca que las declaraciones de áreas naturales protegidas, con el marco legal de la Ley Provincial 6045, son una herramienta que ha demostrado ser efectiva para frenar el avance del extractivismo. Por eso es que desde la Asamblea de Uspallata, se han centrado en hacer foco en el proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, como opción con consenso de las asambleas y como planteo alternativo de la comunidad al proyecto megaminero San Jorge. Soria afirma “Desde esta perspectiva de bienes públicos del Estado y siempre que sean creadas bajo el ya mencionado marco legal, las áreas naturales protegidas constituyen un servicio público, un derecho humano y un campo de lucha y resistencia, como la Universidad, el Conicet, educación, la salud, la cultura, el arte, la asistencia social y todas los demás prestaciones públicas del Estado”.

La corporación Minera San Jorge (MSJ) fue la que accionó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, logrando un fallo que elimina la frase “y otras sustancias tóxicas similares” de las prohibiciones establecidas en el Art 1 de la Ley 7722. Esto es así porque la explotación de cobre que pretenden llevar adelante se realiza con xantato y poliacrilamidas que no están nombradas explícitamente en la Ley.

Nuevas-viejas coordenadas del gobierno provincial

Es cierto que en la campaña electoral del año pasado la mayoría de los candidatos a Gobernador de la provincia evitaron hablar sobre minería debido al estallido de 2019. Solamente Lautaro Jimenez, candidato del Frente de Izquierda, presentó una plataforma electoral desarrollada por jóvenes investigadores, estudiantes y trabajadores relacionada con la protección del agua y el ambiente con numerosos puntos entre los que se encontraban la aprobación de la Ley de Protección de Áreas de Acumulación de Nieve, la aprobación de la Ley de Humedales, la defensa del cumplimiento de la Ley de Glaciares y el apoyo al reclamo de las comunidades indígenas y asambleas ambientales, entre otras.

Sin embargo, después de los recortes nacionales al presupuesto para obras públicas, sin los fondos de Portezuelo del Viento, el gobierno de Cornejo ha pasado a poner en el centro de su gestión la megaminería. En marzo, el gobernador, junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director de Minería, Jerónimo Shantal; y el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Emilio Guiñazú , viajaron a Canadá para participar de la feria minera Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) a promocionar las áreas mientras de la provincia. Desde allí, se anunció la creación del Distrito Minero Malargüe y la modificación del Código de Procedimiento Minero. Recientemente, la Vicegobernadora Hebe Casado y el Director de Minería Jerónimo Shantal viajaron a una feria en Australia, mientras que el Gobernador y Latorre asistieron al evento más importante de la industria del cobre en Santiago de Chile.

Como confesaría un integrante de la mesa chica cornejista: “La decisión es militar la minería en la agenda pública, no ir por todo de golpe. El secreto y la virtud es instalar el tema y que se debatan con argumentos”. Confesión publicada por el periodista Marcelo Zentil en el diario Los Andes [2].

El Consenso Extractivista

Es conocido el posicionamiento del presidente de La Libertad Avanza sobre el problema socioambiental, para él el calentamiento global es un invento del socialismo [3], piensa, como afirmó en el Congreso Económico Argentino en La Rural, que las empresas pueden contaminar los ríos todo lo que quieran porque el agua sobra. Pero estas expresiones además de dejar relucir su ignorancia van de la mano con el proyecto extractivista que viene intentando consolidar con idas y vueltas, avances y retrocesos.

Uno de los capítulos más polémicos de la Ley Bases, que tuvo media sanción en el Congreso, son las políticas que dan beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios, regulatorios y ambientales para los grandes capitales, extranjeros en su mayoría, de inversión en proyectos para la exportación de materias primas, como los minerales. Se trata del apartado del RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), que tuvo apoyo de todos los sectores políticos patronales, incluso de Unión por la Patria, para aprobarlo en el Congreso.

Por otro lado, recordemos que el DNU del 20 de diciembre sigue en vigencia porque el resto de los bloques se niegan a tratar e incluye la derogación de la Ley de Tierras, la eliminación del Sistema Nacional de Comercio Minero (establece una base de datos de comercio minero, centros de información y consulta) y del Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento. Las leyes fundamentales que habilitan el saqueo minero, como el Código de Minería de 1887 y la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, siguen vigente, por lo que estas derogaciones solo implican hacer más obscuro esos negocios [4].

Finalmente, el presidente convocó a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a adherir al Pacto de Mayo, un decálogo al que se deben comprometer que incluyen la reforma laboral y previsional y cuyo punto 6 reza “Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Llamado al que no tardó en responder el gobernador de nuestra provincia: Alfredo Cornejo. En su discurso inaugural de las sesiones extraordinarias, hizo expreso su apoyo al gobierno Nacional de Javier Milei, convocó a los legisladores a “darle las herramientas que pide al gobierno”, expresó tener “expectativas positivas sobre el llamado pacto de mayo” y manifestó el apoyo del gobierno a la sanción de la Ley Bases. Cornejo aseguró que “hemos administrado con rigor el dinero público”, cosa que es debatible si se tiene en cuenta las dietas millonarias que se le deposita a la casta de legisladores que cobran 2 millones de pesos y los miembros de la Corte Suprema, 6 millones.

El marco geopolítico general que le da sentido a todo esto es: por un lado la presión del Fondo Monetario Internacional para que la Argentina cumpla con las metas fiscales que se le imponen para cumplir con los pagos de deuda y por otro lado los cambios en los patrones de demanda y uso de minerales a nivel mundial. Cambios asociados principalmente al despliegue global de tecnologías para la transición energética.

Un nuevo y peligroso relato

El relato de la generación de empleo y desarrollo no ha funcionado como quisieran hasta ahora. Es que el ejemplo de la provincia vecina San Juan es un recordatorio permanente de los estragos que puede ocasionar la megaminería. No solo hablamos de haber convertido a toda una ciudad como Jáchal en una zona de sacrificio donde la población depende de cisternas para su consumo de agua potable porque los ríos corren envenenados, sino que además cuenta con mayores índices de pobreza y desempleo que el resto de las provincias donde está prohibida esta actividad y es una provincia que depende en mayor medida del asistencialismo del Gobierno Nacional, como recuerda Marcelo Giraud en su informe. Por otro lado, sigue vivo el recuerdo de la tragedia ocasionada por Vale en Potasio Río Colorado en Malargüe (ahora reactivada) cuando dejó un tendal de 6.800 familias en la calle, un pueblo fantasma y deudas impagas por 300 millones de dólares.

Hay autores que hablan de un nuevo Consenso del Cambio Climático de organismos supranacionales como la ONU al que adhieren todos los gobiernos sin importar su impronta política, que consiste en colocar a la necesaria transición energética como justificativo del saqueo de minerales como el cobre y el litio en países dependientes como Argentina.

Esto último puede advertirse en la nueva agenda para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 (ODS) impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre los cuales se encuentra “De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias”. Estas viejas falsas soluciones que se discuten en grandes foros como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en las que llegan a pomposos acuerdos como “El Acuerdo de París” donde las grandes multinacionales y los líderes del mundo se reúnen a hacer una mímica de proteccionismo socioambiental. Discuten metas que ninguno de los presentes está dispuesto a llevar adelante pero publican documentos que les sirve para impulsar renovados negocios.

Estas últimas metas son el nuevo caballo de Troya con el que se pretende avanzar con la megaminería en los países dependientes y semicoloniales que habitan sobre algunas de las reservas de minerales más grandes del mundo. La CEPAL, junto con la ONU y la Cooperación Alemana publicaron en 2021 su documento “Cambios en la demanda de minerales. Análisis de los mercados del cobre y el litio, y sus implicaciones para los países de la región andina”. En él afirman “En este contexto (refiriéndose a la agenda de los ODS), el sector minero no está ajeno a la transformación de sus procesos de manera de ir en línea con estos objetivos, especialmente, dada la mayor demanda de cobre y litio (entre otros metales) impulsada por la descarbonización del mundo, a través de la transición energética hacia una economía baja en carbono y la electromovilidad” [5]. Y continúa “Esta mayor demanda entrega importantes oportunidades a nivel de los países andinos, siendo estos, economías que cuentan con altas reservas y recursos naturales críticos para la descarbonización, como lo son el cobre y el litio”.

En esa sintonía, el argumento verde que utilizó el gobierno (y el Partido Verde) para aprobar el nuevo Código de Procedimientos Mineros de Mendoza fue: desarrollar una minería sustentable con un “férreo control del Estado con su policía minera” para “asegurar el cuidado del ambiente”. De hecho en el documento que se presentó en diputados escribieron “En un contexto de creciente conciencia ambiental y la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, la minería se convierte en un componente esencial de la transición energética a nivel global”.

La Argentina “latinoamericanizada” que desean y que no consiguen

En Argentina la región andina ha sido históricamente protegida por asambleas y organizaciones políticas de izquierda, evitando el saqueo, la contaminación y la profundización de la dependencia. Sin embargo, a los ojos de la burguesía nacional y de los capitales imperialistas, quienes habitamos las regiones andinas vivimos encima de una gran torta a devorar. Lo que para el pueblo trabajador y las comunidades originarias es el ambiente donde se conservan las reservas de agua dulce, donde nacen las cuencas de ríos y acuíferos que alimentan nuestros territorios, posibilitan la trashumancia y riegan los cinturones verdes agrícolas, además de ser sitios donde poder disfrutar del tiempo de ocio y esparcimiento; para los capitalistas no es más que una irresistible fuente de mercancias.

“Basta con mirar la Cordillera, como si fuera una torta, pensar cuánto se produjo de un lado y cuánto no se produjo y hay para producir del otro, para entender que Argentina tiene una gran oportunidad de desarrollo, no solo en el litio, sino en el cobre, en el oro, en la plata, y en otros minerales y tierras que tienen un valor en términos minerales”, dijo Sergio Massa, el último candidato a presidente del peronismo. Y se refería a que la Argentina tiene un desarrollo de esta industria relativamente bajo en comparación con otros países de la región. Para 2022 las exportaciones mineras en Argentina representaron alrededor del 3 % del PIB, mientras que en Chile representaron alrededor del 10 %. En 2022, las exportaciones mineras de Chile fueron 8 veces mayores que las de Argentina. Chile exportó 57.000 millones de dólares en minerales, mientras que Argentina exportó 7.200 millones [6] como muestra el siguiente gráfico.

Es que estamos ante un Consenso Extractivista transversal a todas las fuerzas políticas que gobiernan en la Argentina, el proyecto de país que tienen tanto la el PRO, el Radicalismo, La Libertad Avanza y el Peronismo en todas sus versiones, con algunas variantes, es un proyecto de país “latinoamericanizado” que barra con todas las conquistas históricas, con una clase trabajadora sin derechos, informal, con jubilaciones destrozadas, con una dependencia financiera y económica de las potencias imperialistas y fundamentalmente: con el saqueo extractivista como matriz económica. En ese país el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación en todos sus niveles, solo es necesario en tanto sirva al avance de los sectores extractivos y el resto de las carreras que no le sean útiles, las que en palabras de Hebe Casado son “hobbies”, serán atacadas.

En cuanto a la minería, quienes han gobernado y gobiernan nuestro país sueñan con una Argentina mucho más parecida a Chile y al resto de los países de Latinoamérica, de lo que es hoy (como resultado de la combativa clase trabajadora que la caracteriza). Con una matriz económica reprimarizada (en base a exportaciones de bienes comunes), una alta dependencia tecnológica y pobre desarrollo científico con su correlato de empobrecimiento para las grandes mayorías, precarización, desocupación e informalidad que lo acompaña. En Chile hay un abismo que separa a la clase social de los empresarios y sus familias de la clase trabajadora que tiene que pagar hasta por el agua que toman. Las reformas neoliberales de la dictadura de Pinochet consiguió la privatización de todos los bienes que se convirtieron en mercancía para el lucro de empresarios locales e imperialistas. Fue esta realidad la que llevó a un estallido en diciembre de 2019, una revuelta que comenzó con molinetazos de estudiantes secundarios, por los aumentos del servicio de transporte y que se extendió como reguero de pólvora al conjunto de la clase trabajadora con el lema “ no son 30 pesos, son 30 años” haciendo referencia a la reestructuración neoliberal llevada adelante por la dictadura de Pinochet. Más desigualdad, ningún “desarrollo” significativo, y con un tendal de amputaciones ambientales irrecuperables. Si el espejo donde se mira la burguesía nacional y sus representantes políticos es “la Chile neoliberal”, lo que conseguirán proyectar comenzará con una revuelta social.