En números absolutos, México ocupa el segundo lugar a nivel global en asesinatos de mujeres trans, solo por detrás de Brasil.
Joss Espinosa @Joss_font
Martes 27 de junio de 2023
El Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT) contabilizó de 2007 a 2022 un total de 590 transfeminicidios en México. Los estados con mayor número de casos son la CDMX, Estado de México, Chihuahua, Guerrero y Veracruz, que concentran un total de 281 casos.
Los años en los que se registró un mayor número de estos crímenes fueron 2016 y 2017, con 80 y 68 casos, respectivamente.
El CAIT aporta con sus datos a la organización Transgreder Europe, la cual ha concluído que México ocupa el segundo lugar con más transfeminicidios a nivel internacional, en números absolutos.
Según los datos registrados sobre los transfeminicidios a nivel internacional, se estima que tres cuartas partes de estos crímenes se cometen en América Latina.
Rocío Suárez, del CAIT, señala que las cifras de transfeminicidios se enmarcan en la situación de violencia que impera en el país; y aunque es real el contexto de violencia generalizada, con el involucramiento del crimen organizado, y sobre todo las fuerzas armadas desplegadas a nivel nacional desde que se declaró la política de militarización en el sexenio de Felipe Calderón, lo cierto es que es importante visibilizar cuál es el entramado de violencias que operan para llegar a estas cifras de transfeminicidios. Al igual que los feminicidios, que responden a opresiones sistématicas que operan sobre los cuerpos de las mujeres cis y trans.
No es casual que estos estudios arrojen, por ejemplo, que la mayoría de estos casos se dan en mujeres trans que se encontraban en condición de prostitución; hablamos de una condición de vulnerabilidad en la que se cruzan contextos de desempleo, discriminación, riesgo, asedio de la policía, redes de trata, etc.
Aunque desde hace algunos años, las personas trans han visto avances en materia de derechos, como las leyes de identidad de género aprobadas en diversas entidades e incluso el reconocimiento en 2018 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto termina siendo letra muerta al no garantizar que dichas leyes estén acompañadas de condiciones estructurales favorables que logren hacer frente a la vulnerabilidad a la que están expuestas las personas trans.
Estas condiciones de vulnerabilidad incluyen aspectos más allá de la discriminación, como el acceso a derechos elementales como trabajo, salud y educación. Este cúmulo de condiciones, exacerban discursos de odio promovidos desde las más altas esferas eclesiásticas y políticas, y constituyen un caldo de cultivo en el que los transfeminicidios son la expresión más brutal.
