En la vorágine política que marca la escena nacional, los hechos se mueven casi a la misma velocidad que los precios. Estos, no obstante, parecen respetar una rigurosa línea ascendente.

La semana que pasó mostró la sonriente imagen del papa Francisco mientras recibía a Javier Milei. El presidente, a pesar de los piadosos deseos de muchos, no volvió más moderado de Roma. Por el contrario, aceleró en términos de polarización discursiva. Al mismo tiempo, ratificó un camino de ajuste que podría operarse por medio de nuevos decretos o con nuevos paquetes legislativos que recuperen parte del contenido de la Ley Ómnibus (LO) y de las partes del mega DNU frenadas en la Justicia.

El intento llega, sin embargo, tras la derrota política de la LO. Ese fracaso evidenció la debilidad parlamentaria oficial. Alumbró, al mismo tiempo, la importancia de la calle. Asambleas barriales, movimientos sociales, sindicatos combativos y la izquierda fueron un factor que aportó a deslegitimar una norma que nació cuestionada. Las diputadas y diputados del Frente de Izquierda denunciaron la ley en el recinto y acompañaron las movilizaciones. El peronismo, por su parte, marcó ausente en las acciones llevadas a cabo esos días de actividad en el Congreso. Dejó la pelea en el terreno de la retórica parlamentaria. Más atrás en el tiempo quedó el paro con movilización del 24 de enero. La CGT y las CTA decidieron no darle continuidad con medidas de lucha. En estos días, frente al recrudecimiento de la crisis, Pablo Moyano está “advirtiendo” sobre la posibilidad de nuevas acciones.

Aquella derrota parlamentaria aceleró, también, negociaciones para una eventual alianza con el PRO. De llevarse a cabo esta no terminaría de suplir la debilidad mostrada en el Congreso. En el mejor de los casos, se conformaría un bloque o interbloque de alrededor de 75 diputados y 13 senadores [1]: demasiado lejos del quórum. Queda por verse, además, cuál sería la articulación efectiva entre ambos espacios. Por lo pronto, esta misma semana, el macrista Cristian Ritondo descartó una fusión. ¿Podría darse una integración mayor de figuras del PRO al actual gabinete? Cuando estamos cerrando este artículo sobran las especulaciones y escasean las certezas.

En este escenario se produjo la reaparición pública de Cristina Kirchner. Tras un silencio casi total por más de dos meses, la ex vicepresidenta entró en escena con un documento de 33 páginas en el que vuelve a insistir sobre la necesidad de consensos y acuerdos alrededor de las políticas de ajuste. Sobre esto hablaremos más abajo.

Polarización y fragmentación

Presentado su propia y distorsionada visión de Gramsci, este viernes Milei justificó sus ataques misóginos contra Lali Espósito. En la afiebrada mente presidencial, la actriz y cantante configura parte del dispositivo que beneficia a “los políticos”. Esa furia verbal se ejerce en un escenario donde el deterioro de la economía empieza a impactar –aún lentamente– en la imagen presidencial. Detrás del palabrerío interminable hay una lógica política: en una situación de creciente empobrecimiento para millones, se busca revalidar el lazo político que le dio el 30 % en la primera vuelta. Ese sector social puede ser considerado su base más firme [2].

En este marco, la reaparición política de Cristina Kirchner es leída como un intento de recrear la llamada “grieta”. Ubicando la eventual alianza Milei-Macri de un lado y al peronismo del otro, permitiría al oficialismo cierta re-legitimación a partir de la confrontación entre “modelos”. Sin embargo, esa lectura encuentra límites en la realidad. La polarización política-discursiva que marcó la última década pertenece al pasado. Del estallido de ese experimento que fue Juntos por el Cambio emergieron múltiples astillas. La UCR se debate en sus propios laberintos, como se vio en las votaciones de la Ley Ómnibus. El eventual armado entre el PRO y La Libertad Avanza, como señalamos, parece lejos de una integración armónica. Si atendemos al parlamento, en los márgenes de esos grandes espacios habitan una multiplicidad de bloques e interbloques que expresan la fragmentación.

Al mismo tiempo, en el mundo panperonista, emergen actores que toman distancia de las palabras de la ex presidenta, atendiendo a sus propios intereses. Gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales burocráticos grafican esa diversidad. Negocian desde sus propias necesidades de caja. En el caso de las administraciones, lo hacen al tiempo que implementan políticas de ajuste [3]. Consciente de esa diversidad de intereses, la propia Cristina Kirchner pide en el Documento publicado no “perjudicar a todos los argentinos y las argentinas que, salvo en CABA, viven en las 23 Provincias”.

A pesar de esos intentos de ordenar el escenario político, la “nueva grieta” aún no termina de emerger. Expresando la crisis de representación, la fragmentación política es el signo de los tiempos que corren.

Crisis orgánica y factores de poder

Gramsci (el de verdad, no el de Milei) sentenciaba que toda crisis orgánica tiende a reforzar el poder de instituciones “relativamente independientes de la opinión pública” [4]. Si miramos el mapa político, algo de eso podemos hallar.

De un lado, el gran capital financiero internacional y las grandes patronales empujan un programa de ajuste feroz, apostando a remodelar el país en interés propio. Con todas sus limitaciones, el intento bonapartista de Milei aparece como corporización política de ese plan económico y social. Sin embargo, la reestructuración de la Argentina en términos libertarianos también implica a muchos sectores del gran capital realizar concesiones que afectan parte de sus negocios. Consensuado en general, el plan genera roces y divisiones en algunos de sus grandes beneficiarios al momento de pasar de las palabras a las medidas. Esto se vio, por ejemplo, con el intento de incluir en la Ley Ómnibus un aumento de retenciones, uno de los puntos de tensión con los gobernadores y el agropower, por un lado, y con el FMI (que espera más recaudación), por otro.

Del otro, una serie de actores intervienen para contener y limitar el carácter salvaje de ese plan. El Papa y la Iglesia aparecen como uno de ellos. Hace pocos días, una fuente del Vaticano le confió a La Nación que “si construye una buena relación con Milei, el Santo Padre puede llegar a influenciar algunas de sus decisiones en favor de los que más sufren, tendrán contactos telefónicos, intercambiarán ideas. Por eso fue importante que se vieran y se conocieran”. Las críticas que ejerce la Iglesia local complementan ese “abrazo papal”. De conjunto, la estrategia apunta a una moderación del ajuste; a garantizar una contención social más firme ante eventuales crisis protagonizadas por las clases subalternas. La Iglesia advierte peligros y se prepara para intervenir si su labor se hace necesaria.

Esa contención tiene otro actor de peso en el peronismo sindical. La CGT se dedica a la producción en serie de comunicados de prensa, apuntando críticas al gobierno que no se traducen en medidas de lucha. Eso, lejos de moderar a Milei y las grandes patronales, alienta un camino de más ataques. La negativa a actualizar el Salario Mínimo así como a discutir paritarias docentes aparecen como una consecuencia. Allí donde el movimiento obrero no responde, golpean el poder político y económico.

Al mismo tiempo, las conducciones burocráticas ejercen una labor desorganizadora sobre el conjunto de las filas obreras. Avanzando en discusiones paritarias por gremios, dejando en la incertidumbre total a millones de asalariados y asalariadas informales o que carecen de derechos sindicales.

Ese esquema de contención del ajuste encontró una formulación nítida en el Documento publicado por Cristina Kirchner esta misma semana.

Maniobras distractivas

El documento tiene un subtexto bastante alejado de la pirotecnia que se deja ver en varias de sus páginas. Bien mirado, ofrece al peronismo como otro actor de ese esquema de contención. Funciona como un llamado a “cuidar a Milei” hasta 2027. En otro ejercicio del trágico malmenorismo, propone un ajuste más moderado, negociado mediante “un sistema de acuerdos parlamentarios”.

El tono del documento es duro y los tópicos que lo recorren son los habituales en los textos de la ex presidenta. “La cuestión es el modelo”, remarca. Y, a partir de ahí, dedica buena parte a contraponer el modelo de “valorización financiera” –como define la expresidenta a los que implementaron la dictadura de 1976, el menemismo y Macri, y que ahora con Milei estaría ingresando en una “fase superior” [5]–, con el que ella defiende, que sería el de la industrialización por sustitución de importaciones. Este último “se profundizó a partir de 1945, fue interrumpido dramática y trágicamente a partir del golpe cívico militar de 1976 y fue retomado con fuerza a partir del año 2002”.

Buena parte del texto se destina a demostrar que la raíz de las tres grandes crisis de deuda que se registran desde la dictadura (la última iniciada por Macri y todavía en curso) se encuentra en los desequilibrios generados por el “modelo de valorización financiera”. Por el contrario, bajo el “modelo” de industrialización, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la crisis de la deuda heredada se cerró. Durante los doce años de gobiernos kirchneristas se concretó el “desendeudamiento”, que CFK reivindica como un acto soberano, para lo cual necesita “olvidar” que se convalidó una deuda odiosa y que los generosos pagos de la deuda de esos años son una de las grandes causas de la estrechez de dólares con la que terminó su última presidencia. La ex vicepresidenta también se dedica a mostrar que su “modelo” resultó mucho más exitoso en términos de desempeño económico (más crecimiento del PBI y del PBI per cápita).

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Pero cuando entramos en las páginas finales esa contraposición de “modelos” -que CFK nos advirtió inicialmente que era LA cuestión- empieza a desdibujarse. La presidenta propone una serie de “líneas rojas” que no deberían cruzarse:
• no acepta la dolarización del sistema monetario;
• rechaza cualquier posibilidad de dar carta blanca a Caputo y Milei para que renegocien deuda sin obligarse a que cualquier acuerdo solo pueda realizarse si mantiene o mejora para el país las condiciones de la deuda vigente;
• enuncia que debe respetarse la “actual conformación política del sistema de poderes en Argentina”, lo que significa que es necesario articular “un sistema de acuerdo parlamentario”.

Pero, en los límites de este Rubicón, el documento muestra una notable apertura -de Cristina Kirchner y de las fuerzas que ella busca seguir representando- a discutir parte de la agenda propuesta por Milei.

Expresando un corrimiento político a derecha, el documento asume la posibilidad de un diálogo, casi advirtiendo a Milei que no alcanza con la “legitimidad de origen que da el voto popular” y es necesaria “la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno”. Generosa, la lideresa kirchnerista le tiende una mano para alcanzar esta última, planteando su apertura a discutir varios de los puntos críticos de la agenda de Milei. Veamos.
• “Estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado, y que no basta con la consigna del ‘Estado presente’ para resolver los problemas del país, que son demasiados”. Podría ser solamente un reconocimiento a que en su gobierno, y sobre todo en el de Alberto Fernández, más que presencia estatal hubo “mímica del Estado”, como define certeramente Pablo Semán. Pero la “eficiencia del Estado” suele ser un eufemismo utilizado por gobiernos ajustadores para reducir la planta del Estado –algo que resulta más fácil gracias a la precariedad de la mayor parte de quienes trabajan en el Estado, que los gobiernos kirchneristas y Alberto Fernández contribuyeron a perpetuar– y avanzar sobre las condiciones de trabajo en el sector público;
• CFK también considera “ineludible” discutir una “actualización laboral”. Prefiere no hablar de “reforma laboral”, o más bien “contrarreforma”, pero es a eso a lo que se está refiriendo. Dice, sí, que “estas actualizaciones deben respetar los derechos conquistados por los trabajadores, pero también deben realizarse bajo el concepto de que una vez consagrados, los derechos acarrean obligaciones que deben cumplirse”. Esta idea de que hay, por parte de la parte asalariada, obligaciones que no se estarían cumpliendo, le permite a la ex presidenta realizar su aporte para que el oficialismo actual avance con medidas flexibilizadoras. Tampoco deberíamos sorprendernos tanto, ya que durante sus gobiernos la legislación precarizadora fue modificada pero no eliminada, el Ministerio de Trabajo homologó numerosos convenios flexibilizadores, y en sectores estratégicos como el automotriz se impulsó con colaboración de los gremios una “actualización” muy amplia de las reglamentaciones laborales, en favor de las multinacionales imperialistas;
• Hay más. CFK dice también que hay que “contemplar la creación o transformación de empresas bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa, como se hizo con YPF antes de su desnacionalización”. O sea, privaticemos y entreguemos al sector privado los activos públicos, pero no le demos todo a las Repsol de este mundo, aunque sí a los Rocca, Eskenazi o Bulgheroni;
• En el contexto de un DNU mileísta que declaró esenciales numerosas labores como la educación, restringiendo derecho a huelga, aporta el documento su granito de arena en el mismo sentido, cuando nos advierte que cada vez más familias mandan a los hijos a las escuelas de gestión privada “para que tengan clases todos los días”;
• También se muestra CFK dispuesta “a discutir un régimen de incentivo a las grandes inversiones” pero, advierte, “que agreguen valor y transfieran tecnología”. Estas últimas, digámoslo, son cuestiones fácilmente dibujables en los prospectos de inversión, para que cualquier gobierno no dispuesto a insistir en que esas condiciones se cumplan pueda mostrar en los papeles que están contempladas. Así, todo proyecto del gran capital que venga a lucrar en el suelo nacional, incluso los reprimarizadores y extractivistas que dice rechazar la ex presidenta, podrían quedar habilitados por la puerta abierta de un nuevo régimen de inversiones que se muestra dispuesta a discutir;
• Incluso para el tema de la seguridad propone huir de “consignismos”, y se muestra abierta a la agenda punitivista que hoy impera. No sorprende tampoco; su último candidato, Sergio Massa, era un adalid en este terreno.

“Tengo mis principios, pero si no les gustan, tengo otros”, dice un famoso chiste de Groucho Marx. La ex vicepresidenta tiene su “modelo”, pero si soplan otros vientos, puede negociar las condiciones de gobernabilidad para que se asiente el contrario. Es de destacar que una figura muy crítica de CFK como Miguel Ángel Pichetto, ponderó que “las conclusiones del documento de Cristina son un puente a la modernidad”. No se le puede endilgar a CFK falta de “realismo” para ver para dónde se dirige la corriente y actuar en consecuencia. Tampoco, para aceptar que hay ciertas exigencias que surgen de las estructuras de la sociedad capitalista a las cuáles hay que avenirse –si uno no se propone subvertir el sistema sino, en el mejor de los casos, esa quimera de “humanizarlo”–. Y en esto hay una clara continuidad con su trayectoria previa.

En sus años de gobierno, mientras afirmaba que “vamos por todo”, su fuerza política aceptó como incambiables los límites estructurales que imponían las condiciones del capitalismo dependiente argentino reconfigurado regresivamente por décadas de neoliberalismo y extranjerización. Su “reformismo” se limitó a aprovechar las condiciones de ganancias extraordinarias creadas por el feroz ajuste de 2002 para impulsar una moderada redistribución que hiciera viable la gobernabilidad después del “que se vayan todos”. Cuando empezaron a agotarse aquellas condiciones que hicieron posible este equilibrio, el “modelo” administró su decadencia para llegar con lo justo a 2015, dejando todas las condiciones listas para el ajuste que Macri encaró sin anestesia con muchos de los funcionarios que hoy volvieron con Milei. Hoy, sin atisbos de condiciones para alimentar ilusiones reformistas, cuando lo que queda por delante es más sangre, sudor y lágrimas, CFK ofrece un documento donde la felicitación que se da a sí misma por los logros pasados no va acompañada de ningún planteo de reeditar ese “modelo”. Es, apenas, un mal ejercicio historiográfico.

Los tiempos del régimen y la urgencia de la crisis social

Cristina Kirchner intenta ofrecer al peronismo como herramienta para suturar las heridas de un régimen político golpeado por el malestar social y la crisis económica. Apuesta a jugar el histórico rol de contención que ese partido/movimiento jugó en la historia nacional en momentos de aguda crisis. Esto significa mirar hacia 2025 o 2027. Mientras tanto, el ajuste de Milei seguirá su curso. Esto significa una motosierra contra las condiciones de vida del pueblo trabajador. En los primeros meses de gobierno se produjo ya una de las caídas más rápidas y pronunciadas del salario (15 % o más) y de las jubilaciones. La pobreza, ya en niveles récord, podrá alcanzar alturas insoportables, superiores a las de la peor crisis social de 2002.

El pensamiento “estratégico” de CFK conlleva la búsqueda de una relativa estabilización. Un objetivo es fortalecer un bloque opositor a Milei. No obstante, esto equivale a contribuir a que el gobierno tenga garantizado un escenario de cierto orden político, que le permitirá seguir avanzando con sus ataques. Incluso si es con una versión “moderada” del plan motosierra actual como resultado de cierta negociación, esto implicará preservar la agenda del gran capital concentrado que empuja los ataques contra el pueblo trabajador y las clases medias arruinadas. O sea, continuar en el camino de la decadencia nacional a la que esa misma clase dominante ha llevado el país.

Para desarrollar esa política, Cristina y el peronismo se topan con sus propios límites. El más importante es, tal vez, haber ejecutado una gestión económico-social desastrosa que le abrió la puerta de Casa Rosada a Milei. Esos cuatro años condensan el fracaso de una estrategia que apostó al Estado como supuesto regulador del gran capital. Sin embargo, el empresariado más concentrado siguió agigantando su poder.

A ese poder económico sólo se le puede oponer la fuerza social de la clase trabajadora en alianza con el pueblo pobre y las clases medias arruinadas. Hay que constituir un bloque político-social que plantee una salida en función de los intereses de las grandes mayorías. Una salida que implica atacar el poder económico de los grandes capitalistas.

Entre otras cuestiones, para terminar con la licuadora de ingresos es urgente pelear por aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales al nivel de la inflación. Contra el verso de que “no hay plata”, es necesario romper con los saqueadores que se la llevan: repudiar la deuda pública y romper con el FMI y sus exigencias. Esto es inseparable de establecer el monopolio del comercio exterior para terminar con el control de las divisas por un puñado de grandes empresas que especulan con las exportaciones e importaciones, y la nacionalización del sistema bancario para establecer una banca estatal única bajo control/gestión de los trabajadores. En perspectiva, estas medidas plantean la necesidad de un gobierno de los trabajadores que, de fondo, es la única que puede frenar la degradación continua de las condiciones de vida de las mayorías populares y abrir una alternativa de conjunto.

Para derrotar el plan de guerra contra el pueblo hace falta poner en movimiento la fuerza de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Eso implica ahondar el camino de movilización y lucha que se empezó a desarrollar desde el 20 de diciembre, se expresó en el paro nacional del 24 de enero y estas semanas, en las movilizaciones frente al Congreso. Ese camino implica profundizar y desarrollar la más amplia autoorganización. Construirla desde cada lugar de trabajo, de estudio, desde cada barriada. Solo construyendo un poder fuerte desde abajo se pueden crear las condiciones para imponer a la CGT y las CTA que retomen una perspectiva de lucha en las calles. Una perspectiva que, en dinámica, tiene que llevar a la huelga general que derrote el conjunto del ajuste.

Hoy las asambleas barriales que emergieron en CABA, el Conurbano y otros puntos del país son herramientas fundamentales para fortalecer la autoorganización. Expresan el desarrollo de nuevos sectores de vanguardia que entran a la vida política para luchar contra el ajuste. Muestran la potencialidad de toda instancia democrática. Es preciso fortalecerlas y ampliarlas. Hacerlas crecer en alcance para que “contagien” su forma de organización en los lugares de trabajo, permitiendo organizar una fuerza que cuestione desde abajo a las conducciones sindicales burocráticas. Fortalecer esa perspectiva prepara el camino para los combates de mayor envergadura que están llegando.