El presidente festejó una vez más la política neoliberal del menemismo en los noventa. Uno de los pilares en los que se basó su modelo de entrega nacional fueron las privatizaciones de los servicios públicos, exigidas por el FMI, cuyos resultados padecemos: el empeoramiento en la calidad de los servicios y el enriquecimiento de los empresarios concesionarios. Más de 30 años después, el oficialismo insiste en ese camino y postula a las privatizaciones como uno de los ejes centrales de la Ley Bases que tiene media sanción de Diputados. Hay que enfrentar y derrotar esta política con un nuevo paro y la movilización más amplia el día se trate en el Senado.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Martes 14 de mayo 12:57
Este martes 14 de mayo, el presidente Javier Milei reivindicó una vez más al expresidente Carlos Menem y sus políticas neoliberales durante los noventa, cuyas consecuencias aún todavía padecemos. Lo hizo durante la inauguración de un busto de Menem en la Casa Rosada en la mañana de este jueves.
"Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Arrancaban los noventa y así Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos durante el menemismo, preanunciaba lo que se venía. Curiosamente, es el mismo ministro que durante el año pasado mantuvo reuniones con el actual presidente Javier Milei para brindarle sus valiosos consejos sobre política económica.
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Si bien es correcto asociar el menemismo con las privatizaciones, fue el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) quien tuvo la idea primero, en el marco de una ofensiva neoliberal a nivel mundial. En 1987 dos de sus ministros, Juan Sourrouille (Economía) y Rodolfo Terragno (Obras y Servicios Públicos) fueron los encargados de comunicar públicamente que era decisión del Gobierno avanzar en un plan de reformas del Estado. Sin embargo, a pesar de su voluntad política, no pudieron implementar el plan y fue tarea de Menem hacerlo con éxito, gracias a la invalorable colaboración de las conducciones sindicales burocráticas de los gremios.
En agosto de 1989 se sancionó la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado, que fue lo que permitió la privatización de más de 60 empresas estatales, algunas de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, gas, electricidad y transporte. Todavía hoy padecemos las consecuencias de ese saqueo. Así, el menemismo profundizó un camino que ya había emprendido el plan económico de la última dictadura cívico-militar del ’76.
¿Fue esta una original idea de Menem y sus funcionarios? Por supuesto que no. La privatización de los servicios públicos fue una de las recetas ordenadas por organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a fines de los 80 y principios de los 90.
Ese proceso convirtió a las empresas estatales en un lugar de fabulosos negociados entre privados y funcionarios corruptos que terminaron empobreciendo el servicio y volviéndolo inaccesible para amplios sectores de la población. La contracara de esta tendencia fue el enriquecimiento exponencial de los sectores empresarios que resultaron adjudicatarios de las licencias. En 1976, existían unas 148 empresas públicas, bajo el control del Estado nacional y unas 149 bajo control de Estados provinciales, municipales y mixtas. En 2001 sólo quedaban 15 en funcionamiento.
El “Consenso de Washington”
En 1989, el llamado “Consenso de Washington” elaboró una serie de máximas neoliberales impulsadas por organismos como el FMI y BM que constituyeron un verdadero golpe a las condiciones de trabajo y de vida de la inmensa población. La ejecución de estas medidas exigía el riguroso control además de dichos organismos e implicaron en la práctica una subordinación política y económica aún mayor de Argentina a países imperialistas como Estados Unidos.
Bajo los argumentos de la necesidad de la reducción del gasto público, la liberalización de los mercados, países como la Argentina vivieron terribles años de ajuste que significaron, además del remate total de los servicios públicos, altos índices de desocupación (sólo las privatizaciones dejaron 500 mil despidos) y de pobreza. A su vez, otra de las consecuencias fue el aumento de la injerencia del capital imperialista en la economía nacional: durante esa época las empresas extranjeras pasaron de tener el control de un 33% de las 500 principales empresas del país a un 67% y la deuda externa se incrementó a 146 mil millones de dólares.
Las privatizaciones: una herencia neoliberal que todos los gobiernos mantuvieron
Más de treinta años despues, las privatizaciones forman parte de la herencia neoliberal que ningún gobierno posterior fue capaz de cuestionar y cuya responsabalidad le cabe tanto a macristas, radicales y peronistas. Los resultados están a la vista: empeoramiento de la calidad en los servicios (basta mencionar las contanstes interrupciones en el servicio eléctrico que sufren millones cada vez de manera más seguida), entrega de subsidios millonarios por parte del Estado que van a parar a manos de los empresarios y no a mejorar el servicio; altas tarifas que los vuelven inaccesibles para muchos hogares de familias tabajadoras.
Este esquema se mantiene aún hoy y como ya lo advertimos fueron patrimonio de todos los gobiernos. Durante las administraciones kirchneristas, entre 2005-2015, los subsidios que entregó el Estado a los empresarios alcanzaron la cifra de 160 mil millones de dólares. En el último año de gobierno de Cristina Kirchner, el gasto en subsidios llegó al 5 % del Producto Bruto Interno (PBI). Y medidas aisladas, como por ejemplo la nacionalización parcial de Repsol-YPF ( impuesta por el vaciamiento de la industria petrolera), por nombrar una, no revirtieron de ninguna manera el esquema central que hizo que los servicios públicos se conviertan en negocios.
Luego, durante la gestión de Macri, las privatizadas siguieron de fiesta porque se mantuvieron los subsidios y porque además, fueron beneficiadas producto de los tarifazos que marcaron gran parte de la gestión de Cambiemos. Gracias a eso, entre los años 2016 y 2018, las privatizadas ganaron más U$S 3.525 millones, lo que equivale a U$S 3,2 millones por cada día de gobierno macrista.
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Hoy, las privatizaciones vuelven a ser parte de la agenda nacional y figuran como una de las tantas medidas reaccionarias incluidas dentro de la Ley Bases, que cuenta con la media sanción de Diputados, y que por estos días se debate en el Senado. Es necesario un nuevo paro nacional, con movilización, para el día que se trate la Ley Bases y Fiscal en el Senado. Hay que frenar este nuevo intento de saqueo y entrega nacional a favor de las grandes corporaciones.
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