La decisión generó preocupación y molestia entre personalidades y organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la represión, debido a que, una vez más, el Ministerio Público se encarga de garantizar la impunidad policial.
Jueves 20 de febrero
Recientemente, el Ministerio Público informó su decisión de no perseverar en la investigación de 1.509 casos de denuncias por violencia estatal en el marco de las manifestaciones del Estallido Social. Según la institución, esta decisión se debería a la falta de antecedentes suficientes para continuar con la investigación de los casos.
La noticia, como era de esperar, no fue bien recibida entre organizaciones de derechos humanos y organizaciones de víctimas de la represión estatal.
Amnistía Internacional Chile, el día lunes, emitió un comunicado criticando la decisión del Ministerio Público, agregando además que existirían 1.329 denuncias en riesgo de prescribir, lo que significa que un 13% de los casos sin formalizar quedarían sin ser investigados.
Según la entidad, esta decisión genera impunidad frente a las graves vulneraciones cometidas, sumándose a lo ya señalado por esta misma institución el año pasado en el marco del quinto aniversario de las protestas. En esa ocasión, denunciaron que, de las más de 10.000 denuncias sobre el uso indebido de la fuerza por parte de policías y militares, la Fiscalía solo había formalizado hasta ese entonces 252 casos, obteniendo la ínfima cantidad de 44 sentencias condenatorias.
También se sumaron a la molestia la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, quienes señalaron rechazar tajantemente “la nula voluntad de esclarecer, investigar y perseguir a los culpables de tortura y apremios ilegítimos, lo que se traduce en completa complicidad en pos de la impunidad y de garantías de repetición futuras”.
Según acusa la organización, la Fiscalía, en múltiples casos, no obtuvo las cámaras de seguridad y municipales, desestimando pruebas contundentes, y tampoco citó a los testigos indicados por las víctimas. Asimismo, la impunidad contó con la obstrucción de los agentes estatales, quienes se negaban a entregar cámaras, borrar material y entregar la nómina de los agentes participantes en los hechos.
Con esto se suman nuevos casos a la larguísima lista de impunidad que existe en el país. Hace un par de años, en 2021, CIPER denunciaba que, de las 6.568 causas activas a esa fecha, 3.050 habían sido cerradas sin formalizaciones y, en su mayoría, prácticamente sin avances. En esa ocasión, la Fiscalía acusó la falta de pruebas y la dificultad para ubicar a las víctimas.
Durante el Estallido Social, todos sufrimos, de una u otra forma, la represión estatal. En la marcha, en la lacrimógena, también hubo víctimas de graves vulneraciones, tormentos, lesiones oculares… y la tragedia es que, de todas estas vulneraciones, muy pocos casos fueron denunciados. Es decir, que quienes se atrevieron a denunciar, la gran mayoría, quedan hoy con las manos vacías, porque el Ministerio Público y la justicia se encargaron de mantener a los responsables en impunidad.
