Política. Ministro Melero desliza idea de usar fondos de cesantía para pagar crisis económica

El jueves el presidente Piñera declaró que su gobierno recurrirá nuevamente al Tribunal Constitucional para impugnar y detener el tercer retiro de fondos de AFP que se tramita actualmente en el parlamento. Al igual que los otros dos retiros el gobierno jugó la estrategia de bloqueo constitucional sin lograrlo.

El nuevo Ministro del Trabajo Patricio Melero, neoliberal y figura de la Dictadura, asumió su cartera para reafirmar toda la agenda del gobierno de estos últimos meses: presionar por una reforma a las pensiones que deja intacto el sistema de pensiones, focalizar la ayuda social a un grupo reducido de familias y bloquear la tercera iniciativa de retirar el 10% de fondos de las AFP.

La escalofriante idea de tocar los fondos del seguro de cesantía

Joaquín Lavín, presidenciable y también figura de la derecha de la Dictadura, en marzo propuso la idea de utilizar los fondos del seguro de cesantía como sustituto del retiro de fondos de AFP. Esta semana Melero reflotó la idea en una entrevista declarando que no es un tema descartado.

La idea también cuenta con apoyo de sectores de la UDI y RN con el argumento de que los fondos del seguro podría beneficiar a más trabajadores y qué la capacidad es suficiente; retirar los fondos de las AFP o del seguro es recurrir a un ahorro. Lo que ocultan es que el seguro de cesantía sostiene a cientos de miles de trabajadores desempleados (acumula un monto equivalente a US$ 12 mil millones), constituyendo un fondo solidario de ayuda al trabajador desempleado o suspendido, y que no es equivalente al último salario. Este fondo lo pagan todos los trabajadores activos o los que en algún momento lo estuvieron. Distinto es sacar dinero de los ahorros de AFP que permanecen en manos de la inversión capitalista de las AFP que compran acciones en los negocios de los grupos económicos otorgando luego pensiones de miseria.

Un plan de emergencia que afecte la riqueza de los capitalistas

El plan del gobierno y la derecha es que la crisis la paguen los trabajadores con sus propios fondos. Es necesario impulsar un plan de emergencia para que la crisis la paguen los grandes empresarios que han aumentado sus riquezas en pandemia y no las familias trabajadoras. Que parta por:

1) Ingreso universal de emergencia para desempleados, trabajadores informales y dueñas de casa de $550.000

2) Prohibición inmediata de los despidos y suspensiones, asegurando el pago íntegro del salario y la derogación de la Ley de Protección al Empleo. La creación de Comités de Higiene y Seguridad en cada lugar de trabajo para decidir la suspensión de labores no esenciales o readecuación, y la paralización total de toda actividad no esencial

3) Unificación del sistema sanitario privado con el público, nacionalizando clínicas y laboratorios privados que lucran con la salud y la vida de las personas, para poner toda la infraestructura al servicio de combatir la pandemia, bajo control de sus trabajadores/as, las comunidades científicas y usuarios

4) Fin al toque de queda y de militarización. Derogación de las leyes represivas y libertad a los presos de la revuelta; y

5) Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, bancos y empresas mineras para financiar el plan de emergencia.

El 30 de abril la CUT llamó a una "huelga general sanitaria". Luego de un año y medio de tregua con el gobierno. La CUT debe garantizar la convocatoria a asambleas, comités de unidad entre sindicatos, poblaciones y comités de vivienda. Los otros sindicatos nacionales como la Unión Portuaria deben también ponerse a disposición. El 30 puede ser realmente un pronunciamiento de las y los trabajadores contra la crisis económica y la política criminal del gobierno de Piñera si se hace efectivo y basado en la organización y coordinación de los trabajadores.