Presentamos a continuación una periodización de la conflictividad en la Provincia de Buenos Aires desde el comienzo de la cuarentena sobre la base de los datos analizados en el artículo “Pandemia y conflictividad: Observatorio del Conflicto Social y Laboral de la Provincia de Buenos Aires” que se publica en este mismo número del semanario Ideas de Izquierda.

Podemos agrupar cuatro momentos que atraviesan la conflictividad en el período analizado (desde el 20 de marzo hasta fin de junio).

Un primer momento, desde la ASPO hasta comienzo de abril (semanas 12 a 14 en el gráfico) donde priman acciones por condiciones sanitarias y de subsidios, empiezan a aparecer demandas por despidos y rebajas salariales, y el gobierno tiene amplio apoyo social y político. Aparecen reclamos contra la violencia machista.

Un segundo momento en abril (semanas 15 a 18), donde empiezan a aparecer acciones directas por pagos adeudados y con fuerza otros sectores afectados en forma directa por la crisis sanitaria, como la población carcelaria. A partir de allí se empieza a tensionar la relación de una parte de los empresarios con el gobierno y sectores de la clase media empiezan a manifestar oposición a medidas, entre ellas a las excarcelaciones.

Un tercer momento a lo largo de mayo hasta el comienzo de junio (semanas 19 a 23) donde crecen los conflictos y acciones protagonizados por rebajas salariales, pagos adeudados, suspensiones, demandas de seguridad e higiene en lugares de trabajo, y condiciones laborales, aparecen las acciones de pequeños comerciantes y van creciendo los reclamos del arco de la derecha.

Un cuarto momento a mediados de junio (a partir de la semana 24) que se caracteriza por el peso en el escenario público de los reclamos de la derecha a través de movilizaciones que tienen cobertura mediática. Se mantienen las acciones de trabajadores, desocupados, y crecen las acciones por justicia ante casos de gatillo fácil y sectores de vecinos en barrios populares que tienen menor repercusión en medios nacionales.

Primer momento: la salud de los esenciales, “rebelión” en comidas rápidas y apps, y políticas de contención

Las primeras semanas de la cuarentena los reclamos se concentran en primer término en los sectores trabajadores tanto privados como estatales. Se desarrollan paros, quites de colaboración, retiro de los lugares de trabajo y bloqueos, en exigencia de cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el otorgamiento de licencias a los grupos de riesgo, además de exigencia de protocolos y medidas de seguridad e higiene. Un elemento que fuerza al gobierno al decreto de la ASPO es la presión de los docentes a la suspensión de clases y más tarde la viralización de las denuncias de abarrotamiento de trabajadores en los trenes en la PBA.

Entre los sectores informales, monotributistas y movimiento sociales se gesta el reclamo de subsidios, que abarca en forma minoritaria a sectores sindicalizados como los taxistas.

El gobierno decreta el 23 de marzo el pago de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos (que se anuncia en un inicio como por única vez y se empieza a cobrar durante el mes de abril). Se produce un aumento de despidos y rebajas salariales. El 27 de marzo la empresa Techint anuncia el despido de más de 1500 trabajadores de UOCRA. Esto cobra estado nacional pero no hay acciones directas por parte del sindicato.

Trabajadores y trabajadoras precarizados de comidas rápidas (McDonalds, Burger King, Starbucks), junto a sectores de la rama de comercio como Todo Moda, denuncian rebajas salariales y se hacen escuchar en las redes sociales con tuitazos centralizados. Obligan al sindicato de pasteleros a tener que iniciar acciones. También los nucleados en el reparto a través de las APPs realizan paro y movilización. Se producen denuncias y conflictos además, por amenazas de despidos. En el sector aeronáutico hay suspensiones y despido de activistas en Ezeiza por reclamar condiciones de salubridad, que consiguen ser reincorporados después de realizar una campaña. Se instala la situación de incertidumbre laboral que atraviesa la rama (más adelante se va a producir el anuncio de cierre de LATAM).

El 31 de marzo el gobierno firma el decreto de prohibición de los despidos (que deja abierta la puerta a suspensiones con rebaja salarial). El 1 de abril se anuncia el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) en principio para empresas de hasta 100 trabajadores, después las amplían a grandes firmas, lo que contiene demandas populares y empresariales.

Comienzan a aumentar los conflictos por estas demandas las primeras semanas de abril. Uno de los conflictos que se destacan es el del frigorífico Penta en Quilmes que fue reprimido por la bonaerense de Sergio Berni y cobra repercusión nacional.

Hasta mediados de abril el gobierno goza de un amplio apoyo político de todo el arco empresarial, sindical y político y una alta imagen positiva en el conjunto de la población reflejada en las encuestas [1]. Este panorama va a comenzar a modificarse las siguientes semanas.

La mayor cantidad de protesta contra la violencia machista se producen en este período.

Segundo momento: múltiples conflictos por pagos adeudados. Reclamos en las cárceles

Desde el inicio de Abril hasta principios de Mayo. El hecho que va a actuar de catalizador para la aparición de las clases medias, es la huelga de hambre en las cárceles que comienza el 20 de abril y tiene su momento más álgido el 27 de abril con los motines que se suceden en unidades penitenciarias de 11 localidades de la provincia, abarcando a más de 1400 detenidos que reclaman el otorgamiento de prisión domiciliaria y denuncian el avasallamiento de derechos humanos.

En reacción al anuncio de la justicia de otorgamiento de prisiones domiciliarias desde las semanas previas, el 30 de Abril se producen cacerolazos nacionales contra las excarcelaciones como respuesta contraria al otorgamiento de prisiones domiciliarias. En la Provincia de Buenos Aires tienen expresión en varios distritos, aunque su mayor fuerza es nacional.

Por su parte, el 27 de abril la UIA y la CGT junto al gobierno, acuerdan un tope del descuento salarial de los trabajadores suspendidos por falta de tareas del 25% del sueldo neto.
La CTA Autónoma realiza una jornada de ollas populares el 28 de abril.
Muchas empresas directamente no abonan sueldos correspondientes a abril. Esto produce que a pesar de la tregua de las centrales sindicales se ve un aumento de acciones obreras en las semanas siguientes que se mantiene hasta junio. Crecen las demandas por pagos adeudados, suspensiones y rebajas salariales a pesar del acuerdo firmado como muestra el gráfico.

Tercer momento: crece la conflictividad laboral

Durante mayo hasta principios de junio, se registran paros de choferes de colectivos, algunos de larga duración como en San Nicolás y varias líneas sobre todo de la zona sur del conurbano. La UTA amenaza varias veces con un paro en el interior de la PBA que no se concretó, y el sector opositor dentro de la UTA que reúne en el conurbano de la empresa DOTA, realizó un paro de 24hs. Se desarrollan además tres conflictos con ocupación de fábrica que se mantuvieron durante varios días: Apolo Fish en Mar del Plata, BedTime en la zona norte del conurbano por pagos adeudados, La Nirva en zona oeste contra el vaciamiento. Además continúa el reclamo de los trabajadores de la papelera Ansabo en Quilmes en reclamo de su expropiación.
Aparecieron también movilizaciones de pequeños comerciantes por reapertura de actividades económicas y protocolos en varias ciudades. Algunas de estas protestas en el caso de gastronómicos incluyen a empresarios medianos y sindicatos reclamando en forma conjunta.
Las movilizaciones “anti cuarentena” del 25 de mayo, buscan empalmar con estos sectores bajo una convocatoria “ciudadana”, aunque son minoritarias.

Cuarto momento: la derecha “gana” las calles y medios, con repercusión provincial. La conflictividad social continúa

En la segunda semana de junio (semana 24 en el gráfico) el gobierno anuncia la expropiación de Vicentin. Esto intensifica acciones conflictivas de la derecha contra la cuarentena y por motivos políticos contra medidas o anuncios del gobierno. Estas acciones de las que también participan ciudadanos y vecinos de PBA, se desarrollan con banderazos y caravanas en la CABA, lo cual refuerza su mayor aparición en la escena pública.

En los lugares de trabajo continúan los reclamos por condiciones que hacen a la salud y protección, y las movilizaciones de trabajadores de la salud que incluyen gremios como CICOP, así como los conflictos por pagos adeudados, aunque se registra una baja en relación al mes de mayo, ya que en algunos casos fueron resueltos reclamos inmediatos. El gobierno amplía en mayo el alcance de la ATP a empresas con más de 800 trabajadores, y entre el 11 y el 18 de junio dicho programa cubre a casi 2 millones de salarios lo cual explica una parte de las resoluciones.

El anuncio de LATAM de abandonar los vuelos interno y despedir en forma masiva, genera declaraciones gremiales pero en este período ninguna acción directa. A su vez se mantienen los reclamos por medidas de seguridad e higiene y comienza el aumento de casos de COVID contraídos en lugares de trabajo que crecerán en las semanas siguientes.

También se puede ver en varios distritos acciones en reclamo de justicia por casos de gatillo fácil que aumentan de la mano de mayor presencia policial en la provincia, y del accionar del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que envalentona a las fuerzas de seguridad. En los grandes medios de comunicación y la escena política, estos casos cobran mayor peso cuando se instala la desaparición de Facundo Castro más adelante. Los reclamos por condiciones de infraestructura y servicios en los barrios populares y por subsidios y alimentos para cubrir necesidades continúan.