Hoy se realiza una Audiencia Pública sobre un Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Eco Parque Dique La Ciénaga". El mismo es para el negocio inmobiliario en un área que tendría que ser protegida y que afecta a familias campesinas del lugar. ¿Cómo se llegó a esta situación?
Jueves 26 de agosto de 2021 10:28
Hoy jueves 26 de agosto el Ministerio de Ambiente del Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Calidad Ambiental, ha convocado a una Audiencia Pública para tratar el estudio de impacto ambiental del proyecto “Eco Parque La Ciénaga”– Expte. n° 1101-121-a-2021”.
Es importante afirmar que lo que se está tratando en esta Audiencia Pública es un proyecto inmobiliario promovido por el Gobierno de Jujuy con fines comerciales. Y que para llegar a esta instancia se desafectó un área protegida, hubo ataques y persecuciones a las familias campesinas que viven en este territorio por parte de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, desmontes ilegales, incluso en cuarentena, intentos fallidos de ventas y loteos de las tierras con proyectos con nombres parecidos como de “Desarrollo Ecosostenible Turístico” , “Proyecto Eco Desarrollo Urbano”, que fueron tan irregulares en cuanto a procedimiento administrativo y fundamentos, que hasta la misma Justicia tuvo que fallar en contra del Estado provincial y obligarlo a que desestime el estudio de factibilidad ambiental presentado, reconociendo los planteos y argumentos sostenidos por la Organización Campesina Perilagos a través de distintas medidas judiciales presentadas.
El “Proyecto Eco Parque” que promueve el loteo y venta de tierras, y la destrucción de uno de los pulmones verdes de la provincia, se gestó también a través de la Ley 6049 en la Legislatura aprobada en diciembre del 2.017 por el bipartidismo que desafecta el Area Natural Protegida Los Diques (Ley 5365) en la zona de Los Diques, Departamento El Carmen, vulnerando los derechos de las familias campesinas que habitan ese lugar desde hace varias décadas, cuidadores y protectores de la biodiversidad.
Para ello, también, tuvo que modificar posteriormente la Ley 5676 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La Actualización del OTBN fue finalmente aprobado en el 2018 por la UCR y el PJ, donde el interbloque del FIT fue el único que se opuso, donde se modifican las áreas protegidas, zonas amarillas, para pasar a ser zonas grises y permita el avance del proyecto inmobiliario.
Lo que no ha cambiado con este proyecto es el Plan Maestro propuesto por el Gobierno provincial para el negocio inmobiliario y para eso cambiaron el cuerpo legal de las tierras para que pase de ser un área natural protegida a un área de desarrollo sustentable. Así violaron Leyes Nacionales que protegen el medio ambiente y sus pobladores como es la Ley 26.331, conocida como la Ley de Bosques, Ley 25.831, Ley 25.675 denominada “Ley General del Ambiente” y Leyes Provinciales como la Ley Provincial 5864.
Como se mencionó años atrás, incluso en otras audiencias públicas, la desafectación de esta área protegida cuyo objetivo era conservar la biodiversidad que hay en la misma genera un daño irreparable, más si el propósito y el fin de la Ley 6.049 es el desarrollo urbanístico e inmobiliario, y convertir a El Carmen en Villa Carlos Paz, como afirmó el presidente de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, Victor Gonzalez en su momento. Como dice el CELS “la desafectación del Área Protegida, “modificó los usos y modos de ocupación del suelo de la zona de Los Diques, y ello implica una amenaza, actual, cierta y concreta, al objetivo de garantizar y preservar el medioambiente”.
El Estudio de Impacto Ambiental presentado ha tenido diversos cuestionamientos y observaciones de parte de especialistas que no serán tenidas en cuenta con las graves consecuencias que implicaría el avance del mismo. Las alarmas se multiplican, sabiendo que existen aspectos elementales del Estudio de Impacto Ambiental presentado que vulneran el derecho al acceso a la información y transparencia, y violan el Acuerdo Escazú Ley 27.566, vigente en el país desde el 22/04/2021 que plantea “Garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental”, “Propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones”.
Estos aspectos no son menores dado que afecta mucho más a las familias campesinas afectadas, entre ellas de la Organización Campesina Perilagos, por este proyecto que tienen limitado el acceso a las vías de comunicación e informativas propuestas desde el Ministerio de Ambiente de Jujuy donde se expresen los distintos puntos de vistas y opiniones.
Según la especialista Julieta Chalabe, en el EIA existen “Faltas de datos, lenguaje científico-técnico, referencias bibliográficas, metodologías de muestreo, análisis estadísticos, consentimiento oral informado”, sobre los Estudios de Impacto Ambientales “a) no presentan información exacta, b) sin medidas cuali-cuantificables, c) no atribuibles a efectos únicos y lineales (pensando en las redes ecológicas)”. Sobre medidas adoptadas por los impactos “se presenta una descripción vaga, poco detallada, sin herramientas ni metodologías claras, sin referencias de corroboración de datos (solo se presenta en algunos cuadros resumen bibliografía mal detallada que tiene falta de secciones necesarias al realizar una cita bibliográfica), sin responsables”.
Otros especialistas mencionan la gravedad del caso, respecto a que no hay información sobre los espejos de agua de los diques, sobre la calidad de las mismas, monitoreo y relevamiento de su fauna, flora acuáticas e impacto que tendría la misma con las obras a realizar. Sobre el tratamiento de aguas servidas, sobre el resguardo de patrimonio arqueológico y paleontológico. Sobre la aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, las categorías de bosques definidas y cómo impactará el proyecto sobre tales, como también las obras anunciadas por el Gobernador Gerardo Morales en el Plan Maestro de Obras 2021-20213.
El Gobierno habla de Jujuy Verde, pero avanza con políticas que destruye y afecta la biodiversidad y el medio ambiente, avasallando derechos ambientales nacionales e internacionales que protegen áreas de valor incalculable con daños irreparables. El proyecto hace mención al desarrollo pero precisamente no serán para las familias campesinas que serán afectadas con el proyecto, abriendo la puerta a posibles desalojos, al aumento del valor de las tierras y el negocio con la comercialización. Está claro que el mismo está destinado a personas, empresas, cadenas hoteleras, terratenientes con gran poder adquisitivo que en el mejor de los casos, utilizará a las personas que viven en el lugar como mano de obra barata, precarizada, para garantizar sus negocios y fortunas.
Desde las bancas del FIT-U, con Alejandro Vilca y Eduardo Hernández, desde el primer momento nos pusimos a disposición de la lucha que llevan adelante las familias campesinas de Perilagos y acompañamos distintas acciones y hemos hecho eco de las denuncias que vienen realizando como sucede en distintas partes de la provincia y del país con el avance del negocio inmobiliario en territorio campesino e indígena, como también el extractivismo. Por eso hemos presentado un documento que exprese este contenido en la Audiencia Pública y también en la Legislatura de Jujuy.
Vamos a seguir apoyando esta pelea para que se deroge la Ley 6049, y que se reconozca la posesión, tenencia y propiedad de las tierras a las comunidades campesinas. Que sean ellas quienes junto a trabajadores y especialistas puedan definir un plan donde se prioricen sus modo de vida, actividades productivas familiares, y se respete el medio ambiente y las zonas de reserva. Donde se garanticen servicios necesarios para quienes viven con un sistema cloacal y de agua potable, como el libre desarrollo de la diversidad cultural y la instauración de un sistema de salud y creación de escuelas en esta zona.
Las familias campesinas que habitan el lugar desde años son quienes pueden definir cómo hacerlo, de qué manera, y con medidas que resguarden al área protegida. Somos conscientes que la única manera de llevar adelante la misma es por la movilización y lucha de las organizaciones y familias campesinas y trabajadores, personas solidarias, que tomen en sus manos esta pelea contra el Gobierno, el Estado, terratenientes y empresarios inmobiliarios y de turismo que avanzan con este proyecto.
