Argentina. Motivos del paro contra Milei

Inflación. A la medida del FMI, el presidente Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, impulsaron una política de “shock” para acelerar la inflación y pulverizar salarios, ingresos populares y jubilaciones. Sobre una inflación arriba del 10 % mensual que había dejado el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, con la devaluación que llevó el dólar oficial a 800 pesos argentinos, la desregulación, el aumento en el precio de la gasolina, entre otras, Milei y Caputo triplicaron la inflación en sólo 20 días desde que llegaron al poder en diciembre anterior.

Además el gobierno licua los plazos fijos y depósitos de los ahorristas con tasas de interés reales negativas (por debajo de la inflación). Mientras que a los bancos y a los especuladores les indexan las ganancias, les emiten bonos a su medida y ahora les proponen un megacanje de deuda con enormes ganancias.

La reducción de subsidios a la energía y al transporte implica mayores tarifazos en los servicios públicos como la luz, el gas, el agua. Nunca se tocan las ganancias de las empresas privatizadas ni se cuestiona su falta de inversión. Ya resolvieron que los trenes y colectivos aumentarán todos los meses. Otro precio “liberado” es el del combustible, que subió tres veces en menos de un mes y más de 150 %los últimos tres meses. Esto repercute directamente en el resto de los precios de la economía porque es un insumo fundamental en la producción y en el transporte.

Los aumentos descabellados y los acuerdos entre las propias empresas dejaron en evidencia la farsa de la “libre competencia” para “regular por sí mísma” los precios. Las empresas de medicina prepaga se juntaron para acordar un aumento del 40 %. De la misma manera, se “liberó” el control de los medicamentos: ahora muchos podrán venderse por fuera de las farmacias, y sus precios aumentaron 85 % en un sólo mes.

Medidas democráticas: Milei quiere ser emperador. Milei habla de casta pero él directamente quiere gobernar como si fuera un emperador. Primero con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) donde crea y modifica leyes que incluyen 350 artículos y abarcan los temas más diferentes incluyendo una reforma laboral o la derogación de leyes como la de Tierras o Alquileres, entre muchas otras. Se arroga así la suma del poder público, porque no hay necesidad de urgencia ni impedimento de enviar esos proyectos al Congreso.

Es un avance en la concentración del poder para dirigir un ataque contra el conjunto del pueblo trabajador, no solo con las medias incluidas en el DNU 70/23 y en la Ley Ómnibus: si consigue esas facultades puede hacer lo que se le ocurra.

Las medidas de Milei van de la mano de una brutal política represiva. Para eso, junto a su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lanzaron una serie de ataques contra el derecho a la protesta. Buscan intimidar y criminalizar a quienes se organicen y luchen en sus lugares de trabajo o estudio o se movilicen en las calles por la defensa o conquistas de nuevos derechos. Ese ataque a las libertades democráticas es inconstitucional e ilegal.

Protocolo represivo de Bullrich. La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzó un Protocolo contra el derecho a la protesta que básicamente establece que toda manifestación será reprimida, corten o no la circulación del tránsito.

Derecho de huelga. Mediante el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) completamente ilegal, Milei ataca muchos derechos laborales como también su organización sindical y hasta el derecho de reclamar en huelga y la realización de asambleas en lugares de trabajo.

En el Art. 333 llegan al ridículo de establecer que se considera manifestación a “una reunión de 3 o más personas en el espacio público”. Y que para reunirse esas personas deberán notificar al Ministerio de Seguridad con 48 hs de anticipación. Una locura total que no reviste el menor análisis.

El cuadro se completa con la amenaza (artículo 332) de separar los hijos de quienes se manifiesten junto a ellos.

Milei dijo que “es contra los sindicalistas, no contra los trabajadores”. Es mentira. La reforma laboral incluida en el DNU es un ataque a los derechos obreros, sus sindicatos y al derecho a la huelga. Busca modificar las principales leyes laborales: la ley 14.250 (paritarias), 20.744 (contratos de trabajo), 23.551 (asociaciones sindicales), 25.877 (régimen laboral) y 24.013 (empleo). No eran un paraíso pero conservan conquistas que costaron décadas de lucha. Este capítulo hoy está suspendido por un fallo judicial pero el Gobierno de Milei sigue buscando aplicarlo. Te contamos los principales.

Despidos más fáciles y baratos. La reforma le permite al empleador, en negociación con los sindicatos, reemplazar el sistema actual de indemnizaciones (1 mes de salario por cada año de antigüedad) por un “Fondo de Cese Laboral” como rige en la Construcción, con un aporte que debería realizar la empresa de 8% mensual del salario (sin tomar en cuenta aguinaldo, premios, etc). Ese fondo se cobraría en caso de despido sin causa. O sea que el empleador ya no deberá abonar ninguna indemnización. Además ese fondo se va licuando con la inflación. La reforma es contraria al art. 14 bis de la Constitución Nacional que establece la protección contra el despido arbitrario y este sistema le hace más fácil al empleador poder despedir.

Modifica la jornada laboral y liquida horas extras. Se introduce un nuevo artículo, el 197 bis, en el que establece que las convenciones colectivas de trabajo pueden establecer “bancos de horas”. Este sistema permite extender la jornada laboral de hasta 12 horas al trabajador sin que sea necesario abonar horas extras. Así el empleador maneja los horarios y la extensión de la jornada de trabajo a sus gustos y necesidades, y se le hace imposible al trabajador y a la trabajadora poder planificar sus actividades fuera del trabajo (estudio, familia, etc). Un día se puede fijar una jornada de 12 horas y al siguiente una de 2 horas. Se viola el Convenio nº 1 de OIT y el régimen de jornada laboral (ley 11.544), de 8 horas diarias y 48 horas semanales, y el propio artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo que fija el pago de las horas suplementarias.

Triplican el “período de prueba”. Lo extienden a 8 meses (hoy es de 3 meses), tiempo durante el cual el empleador puede despedir al trabajador sin tener que abonarle indemnización alguna. Otro favor a las empresas para usar y descartar a los más jóvenes, que pueden pasar por varios trabajos sin ningún tipo de estabilidad.

Libertad para el fraude laboral. Facilita tener trabajadores sin registrar. El artículo 53 del DNU elimina las multas que se le imponían al empleador por ese fraude, además que aumentaba las indemnizaciones por los perjuicios que le ocasionó esa ilegalidad. Es una invitación al trabajo sin derechos.

Libertad también para tercerizar. Se sabe del abuso que hacen de la figura los empresarios con la tercerización: te pagan menos que a los efectivos, menos derechos. Con el DNU la empresa que se beneficia con esa precarización ya no es más considerada su real empleadora, solo tiene una “responsabilidad solidaria” subsidiaria al de la agencia y/o empresa tercerizadora, que muchas veces son empresas fantasmas. Así dificulta el cobro de la indemnización por despido y permite a las grandes empresas tener cada vez más trabajadores precarizados.

Licencias. Al modificarse el art. 177 de la LCT ahora se habilita que las trabajadoras puedan trabajar hasta 10 días antes del parto. Si bien es una facultad que tienen las trabajadoras de decidir eso, se sabe que en la práctica es el empleador el que termina decidiéndolo, y en caso de negarse puede sufrir represalias.

Libertad para discriminar. Se elimina el derecho a solicitar la reincorporación del trabajador y la trabajadora en caso de sufrir algún tipo de discriminación (por actividad sindical, enfermedad, sexo, opiniones políticas, embarazo, etc.). La Corte Suprema estableció que en caso de discriminación tenés derecho a solicitar la reincorporación y que le paguen un daño moral y material por los daños. Con el art. 245 bis LCT que hace la reforma, el trabajador ya no puede pedir judicialmente su reinstalación, solo le cabe pedir una indemnización (y reducida), algo que viola todos los derechos.

Un ataque al derecho de huelga. La reforma intenta limitar el derecho a huelga que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Establece que casi todas las actividades deban cubrir un porcentaje mínimo de servicios del 75% y 50%. Eso hace inoperante cualquier medida sindical. Buscan que no puedas reclamar por despidos, salarios e incluso contra el propio DNU. Incorpora a la educación como “servicio esencial”, algo ilegal según reconoce la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo que reúne a gobiernos, sindicatos y empresas de todo el mundo. La OIT definió que el Estado no puede fijar el porcentaje de servicio mínimo. Además viola artículos de la Constitución Nacional y la convención Americana de Derechos Humanos.

Esta limitación del derecho a huelga se complementa con la limitación a poder hacer asambleas en los lugares de trabajo. Dice que ninguna asamblea puede “perjudicar” la actividad de la empresa, algo totalmente arbitrario que queda a juicio del patrón. Es ilegal, porque viola lo establecido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional de Argentina y en el convenio 87 y 98 de la OIT.

A la vez, agrega como causales de despidos el hecho de haber participado en acciones sindicales llamadas por los Sindicatos o votada por los trabajadores, lo que una vez es violatorio de la libertad sindical establecida en la Constitución Nacional.

Despidos en el Estado. Mediante el decreto 84/23 el gobierno decide dejar en la calle a todos los trabajadores y trabajadoras que ingresaron a la administración pública nacional durante 2023. Además en el decreto asegura que el resto de los contratos solo serán renovados por 90 días. Es decir, miles de trabajadores que vienen trabajando en sus dependencias desde hace años (muchas veces 10 o 20 años con contratos precarios, porque fue una política de todos los gobiernos anteriores), pueden quedar en la calle. Lo decidirán a dedo los nuevos funcionarios.

Extranjerización de la tierra y la agricultura. El DNU derogó la Ley 26.737 que limitaba la venta de tierras a extranjeros a no más del 15% de cada jurisdicción (provincia o municipio), así como tierras que sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes como mares, ríos, arroyos, lagos, humedales, lagunas, esteros, acuíferos y glaciares. Multimillonarios como Joe Lewis podrán apropiarse de todo el territorio nacional que deseen.
El proyecto de Ley Ómnibus en su Artículo 241° adhiere al tratado de 1991 de la Convención Internacional denominada Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) que privatiza las semillas y criminaliza el intercambio de semillas criollas.

Quema de campos y desmonte de bosque nativo. El proyecto de Ley Ómnibus modifica la Ley 26.331 de Bosques Nativos permitiendo desmontes en las zonas de categorías 1 y 2: de alto y mediano valor de conservación ambiental. Además elimina el acceso a la información pública sobre las autorizaciones a los pueblos indígenas, originarios y las comunidades campesinas buscando encubrir la devastación ambiental y el intercambio de favores con funcionarios del Poder Ejecutivo que tendrán una decisión unilateral y potencialmente arbitraria. Elimina el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos que debía conformarse con un 2% de las retenciones de exportaciones del agronegocio. También modifica la Ley 26.562 de Control de Actividades de Quema, sustituyendo el artículo 3° para permitir la quema de tierras si la autoridad competente no se expide en un plazo de 30 días.

Destrucción de glaciares y saqueo de minerales. El proyecto de Ley Ómnibus modifica los artículos 1° y 2° de la Ley de Glaciares, permitiendo la actividad minera y otras actividades económicas en áreas periglaciares, permitiendo la destrucción de una de las últimas reservas de agua dulce de la cordillera.

En DNU derogó la Ley 24.523 (Sistema Nacional de Comercio Minero) y la Ley 24.695 (Banco Nacional de Información Minera), eliminando controles y encubriendo el saqueo de nuestros bienes comunes. Además modifican la Ley de Hidrocarburos a favor de las petroleras.

Devastación de los mares. El proyecto de Ley Ómnibus modifica Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) para permitir a buques extranjeros la captura sin desembarcar en puertos nacionales haciendo prácticamente imposible el control sobre su actividad en mares argentinos. También flexibiliza las autorizaciones para la pesca de especies protegidas y los permisos para empresas extranjeras en la Zona Económica Exclusiva.

Negacionismo del cambio climático. El DNU eliminó la Ley 27.424, afectando el fomento de las energías renovables de baja escala. Al mismo tiempo mantiene los subsidios para las grandes petroleras que aportaron dinero a la campaña electoral de Milei, impulsando el fracking y una matriz energética de contaminación y saqueo.

¿Inquilinos o esclavos? Desde ahora los contratos de alquiler no tienen plazo mínimo, podrán ser de un año, un mes o hasta un día; el precio de renovación ya no tiene que regirse por ningún índice de referencia y el aumento también puede ser según el plazo que el propietario quiera (te aumentan lo que quieren en el plazo que quieran); incluso se legaliza la posibilidad de cobrar los alquileres en dólares.

Privatización de todas las empresas públicas. El DNU busca derogar el régimen de sociedades del Estado, así como toda "normativa que impida la privatización de las empresas públicas". Dentro de la "ley ómnibus", se incluye un capítulo específico para las privatizaciones de empresas estatales, en el cual se detallan las 41 empresas (todas las que existen) sujetas a ser privatizadas. Entre las más importantes se encuentran Aysa, YPF, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, ARSAT, Ferrocarriles Argentinos, Télam y la Casa de la Moneda. Incluyeron hasta el Banco Nación, que ni el menemismo se animó a privatizar.

Hacer negocios con los derechos básicos. Si no le ponemos un freno a este plan, servicios importantes que incluyen el derecho humano de acceso al agua (reconocido por la ONU), el transporte, los trenes y puertos, o también la energía, quedarán todos en manos privadas. Estarán más lejos de ser un “derecho” y pasarían a ser solo un negocio, como ya pasa con la electricidad, el gas y otros servicios.

Despidos y peores condiciones laborales. Las empresas bajo la órbita del Estado emplean a más de 90.000 personas que verían peligrar sus puestos de trabajo. Las que tengan la suerte de no ser despedidas verían degradados sus derechos al perder estabilidad laboral, antigüedad, semanas de vacaciones, entre otros.

El gobierno anunció que congelará el presupuesto nacional. O sea, destinará la misma plata que en el 2023. Si consideramos que la inflación podría superar el 200% este año, es un ajuste brutal a salarios docentes, cupos y alimentos de comedores y edificios escolares.

Con el proyecto de Ley Ómnibus, los gobiernos de las provincias deben hacerse cargo totalmente del financiamiento de la educación, contarán con menos recursos y más aspectos que atender. Así se profundiza la herencia de las leyes de la dictadura y el gobierno neoliberal de Menem de descentralización y desigualdad educativa por provincia de acuerdo a sus ingresos.

Deja de ser obligatoria la educación presencial a partir de los 9 años. Habilita la educación híbrida o digital a partir de 4to grado en primaria, anula la experiencia interpersonal y social de aprendizaje y da lugar a un negocio millonario de plataformas educativas y educación virtual que excluye a millones sin Internet o computadoras para educarse desde casa.

Una educación orientada al “emprendedurismo y la meritocracia”. Al servicio de las necesidades del mercado, para formar mano de obra barata y flexible, la Ley Omnibus busca imponer un criterio totalmente mercantilista. Refuerza evaluaciones estandarizadas para docentes y estudiantes. En una suerte de “control de calidad” empresarial, donde estudiantes y docentes deben “revalidar” sus capacidades para permanecer en el sistema. Legaliza la injerencia de ONGs, fundaciones y empresas promovidas por el Banco Mundial, la OCDE y el FMI. Propone publicitar estos resultados por escuelas, generando una competencia, un ranking entre ellas. Esto abre la puerta al cobro de la educación y sienta bases para la tan difundida “voucherización” de la educación.

Limita el derecho a huelga. En este marco el DNU declara la educación como “servicio esencial” a diferencia de un “derecho social” como es hasta ahora y obliga a garantizar el 75% de la actividad aún en medidas de fuerza.

El DNU congela el presupuesto 2023 para el 2024. Los sueldos docentes, el desarrollo de la investigación, las reparaciones y limpieza de cada institución y el pago de los servicios dependen de ese presupuesto.

La Ley Ómnibus propone un modelo de financiamiento atado a la “productividad y resultados”: en español, se destinaría más plata a las universidades con mayor “rendimiento”, o sea, que tengan más graduadxs en menos tiempo.

El Gobierno quiere recortar y saquear los recursos generados por trabajadores de la cultura para destinarlos al FMI y a beneficios a las grandes empresas. La Ley Ómnibus propone cerrar el Instituto Nacional del Teatro, la Escuela Pública de Cine y el Fondo Nacional de las Artes, así como desfinanciar al INCAA, al Instituto Nacional de la Música y a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Milei convierte a los libros en bienes de “lujo” y lleva al cierre de Pymes: la Ley Ómnibus libera el precio de los libros, permitiendo que las grandes editoriales y cadenas de librerías ahoguen a los pequeños y medianos emprendimientos, acaparen aún más el mercado y aumenten sin techo del precio de los libros. En nuestro país existen 500 editoriales pymes y 1500 librerías. Muchas correrán peligro. Además habrá menos variedad de libros y más caros.

Priva de cultura a la juventud pobre y trabajadora: ¿Se puede disfrutar del cine o un recital si se trabaja muchas horas o no se llega a fin de mes? Una de las cosas más crueles de la Ley Ómnibus es el ataque a las bibliotecas populares. Son 2000 en todo el país, sostenidas por voluntarios que garantizan apoyo escolar, talleres artísticos y acceso a la lectura en los barrios. La Ley recorta su financiamiento, por lo que muchas de esas bibliotecas deberán cerrar.

Pretenden ejercer una fuerte presión sobre las mujeres en situación más vulnerable para que no recurran al aborto legal ante embarazos no deseados.

Para quienes ejercen alguna función pública, ahora se habla de "capacitación en temática de violencia familiar y contra la mujer". Pero en nuestras luchas hemos aprendido que “violencia familiar” es un eufemismo para ocultar cuál es el género mayoritario de las víctimas (en el 80% de los casos, mujeres), para avanzar en una definición de la violencia sin género y puertas adentro de la vida privada.

Milei y su séquito de derechistas y conservadores se la pasan atacando a las mujeres y a la diversidad sexual, pero saben que no les conviene despertar a ese movimiento intergeneracional que penetró todos los hogares y conmovió a millares de pibas que hicieron allí su primera experiencia política.

Ahora nos golpean con una devaluación del 100%, inflación del 30% en los alimentos y tarifazos en los servicios y el transporte que son un ataque a todo el pueblo trabajador y a las clases medias, pero que hunde a las mujeres en una situación desesperante.

El proyecto de “ley ómnibus” que envió Milei al Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula y a otorgar “aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. Entonces quedaría en manos del Poder Ejecutivo, y no en el Congreso, definir una nueva fórmula que reemplace a la actual movilidad y mientras tanto otorga los aumentos con total discrecionalidad.

Con la ley "ómnibus" buscan transferir los fondos de jubilados al Tesoro Nacional. Y junto con esto, la "consolidación" de toda la deuda pública con esos fondos. No se puede permitir que rematen los fondos de los jubilados.