Paro masivo mata aprietes. Multas rídiculas de $ 40 millones: Bullrich nos quiere cobrar los palos con que nos amenaza

La política represiva y antidemocrática del gobierno de Javier Milei está atravesando límites tan ridículos como preocupantes. En este caso se trata de una intimación a una decena de organizaciones sindicales y sociales para que paguen “$40.419.227,56 en el plazo de 10 días hábiles, en concepto de un «pago solidario» por los costos operativos ocasionados el 27 de diciembre para que cesaran actos ilegítimos y mantener el orden”. Algunas multas llegan a 56 millones de pesos.

Entre las organizaciones intimadas están Camioneros, UOM, CTA, Uocra, Federación Marítima, Judiciales, SiPreBA, entre otras. Por estas acciones y las anteriores también llegaron intimaciones a organizaciones del Frente de Izquierda Unidad, el Polo Obrero y otras organizaciones sociales.

Para quienes no recuerden, el 27 de diciembre se realizó la concentración en Tribunales convocada por la CGT y la CTA, que desbordó a los propios convocantes. Aún así, la acción transcurrió sin mayores problemas. Luego de terminado el acto, la Guardia de Infantería realizó unas ridículas maniobras represivas contra un grupo de personas que estaban desconcentrando por Avenida Corrientes, golpeando a periodistas, docentes y trabajadores. Todo era observado por Patricia Bullrich desde el centro de monitoreo de la Policía Federal. Un circo ridículo y ostentoso que solo quería transmitir a los medios la idea de un operativo tan violento como eficaz.

Pero el colmo continuó con este nuevo ataque al derecho de protesta. La carta documento lleva la firma del secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa. Allí aseguran que "varios informes determinaron los gastos ocasionados el 27 de diciembre último y las organizaciones que participaron en la interrupción total o parcial del tránsito vehicular”. Ese día, por pedido de la CGT, los únicos que cortaron el tránsito fueron las “tortugas” de la Policía. Al punto que un colectivero no pudo evitar a uno de ellos y lo chocó.

La intimación reclama el pago millonario “en el plazo perentorio de 10 días hábiles”. Como la carta está fechada el 10/1, el cálculo da justo el día de la realización del paro general y la movilización al Congreso: 24 de enero.

El gobierno de Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich avanzan en su cruzada anti democrática. Esta es la Carta Documento que nos llegó a @sipreba como a otras organizaciones.

La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta. Al brutal ajuste se suma la represión pic.twitter.com/38C01JryBB

— Agu Lecchi (@AguLecchi) January 11, 2024

Más obvio no se puede ser. Estamos ante un intento de apretar a las organizaciones sindicales, sociales y políticas que rechazan el paquetazo de Milei. A impedirle utilizar sus históricos y legítimos métodos de lucha. Con las fuerzas represivas, con la ley penal y ahora también atacando sus fondos. O sea los fondos de los trabajadores y trabajadoras.

No se puede permitir. Estamos ante un ataque intimidatorio, ilegal y antidemocrático. Quieren que los trabajadores y trabajadoras paguemos los mismos palos, balas y cuervos con los que nos quieren reprimir y encarcelar.

La CGT y distintos sindicatos rechazaron estas multas. Hay que denunciar su ilegalidad. Pero la mejor forma de tirar abajo la política antiprotestas de la derecha es preparar un paro contundente el 24 de enero. Con cacerolazos, piquetes masivos, micros para llegar hasta las plazas de cada ciudad y el Congreso, la organización de la defensa legal por parte de los organismos de derechos humanos pero también la autodefensa ante cualquier ataque represivo.

La clase trabajadora, los estudiantes y los sectores populares ya enfrentamos las dictaduras y los estados de sitio desde Onganía a De la Rúa. Hay que retomar esas tradiciones.