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Red Internacional
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TERRORISMO DE EXTREMA DERECHA. Neonazis 2.0 en Alemania: más indicios de los estrechos vínculos del NSU con la Policía

Los nuevos hallazgos en el escándalo en torno a las cartas amenazantes del "NSU 2.0" dejan cada vez más claro que también en este caso, las redes terroristas de derecha están bien conectadas desde dentro de la policía.

Viernes 24 de julio de 2020 22:03

En 2011 se descubrió una red de ultra derecha que operaba dentro de las fuerzas de seguridad alemanas, denominada NSU (Clandestinidad Nacionalsocialista).

Esta organización fue protagonista de los crímenes del Bósforo, cuando nueve inmigrantes fueron asesinados. La investigación determinó que la célula operaba por lo menos desde el 1998.

Este caso desenterró cómo muchas células neonazis tanto dentro del Estado, como fuera, configuraban una nueva ola de crecimiento de la extrema derecha.

Movimientos políticos cómo Alternativa Por Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) tuvieron un crecimiento tanto en cantidad de votos, como en capacidad de movilización.

En el caso de AfD, es un frente que nació a partir de la unión de varias organizaciones que se reivindican neonazis activas desde los 90, que se establecieron en Alemania Oriental, apoyadas por los servicios secretos.

NSU 2.0: neonazis en pleno siglo XXI

El proceso judicial contra la NSU terminó en 2018, dejando claras las conexiones entre el ascenso de extrema derecha y la Oficina de Protección de la Constitución para el público. En el mismo año, una red terrorista de derecha comenzó a enviar cartas amenazantes a conocidos artistas, periodistas, políticos y activistas de izquierda y antirracistas bajo el acrónimo "NSU 2.0".

El nombramiento de la Oficina de Protección es una provocación. Pero también proporciona información sobre qué tan cerca trabajan las estructuras extremistas de derecha con los cuerpos de represión del estado alemán.

Nuevos hallazgos dejan cada vez más claro que el "NSU 2.0" y la policía de Hesse (estado federado alemán en el centro oeste del país) están estrechamente vinculados o trabajan juntos. En varios casos, los datos personales del destinatario, se recuperaron de los servidores de la policía de Hesse, poco antes de que se enviaran las cartas amenazantes.

Incluso el Ministro del Interior de Hesse, Peter Beuth de la Unión Demócrata Cristiana (el partido de Ángela Merkel), tuvo que llegar a tal conclusión el fin de semana. Después de dos años sin resultados serios, despidió al jefe de policía de Hesse y empleó un investigador especial que provenía de las filas de la jerarquía policial.

Hasta ahora, el gobierno estatal de la CDU y los Verdes (partido de centroizquierda) en Hesse, ha demostrado ser el mejor protector de las estructuras racistas en la fuerza policial. Las nuevas medidas no indican que se pueda esperar una actitud diferente de estos partidos, que tienen la perspectiva de participar juntos en el gobierno federal el próximo año.

La lista de los afectados es larga, hasta el momento se han enviado al menos 69 cartas amenazantes con el remitente "NSU 2.0".

Los terroristas de derecha están apuntando particularmente a los inmigrantes y mujeres de izquierda, como el abogado en el juicio de NSU Seda Başay-Yıldız, los periodistas Hengameh Yaghoobifarah y Deniz Yücel, y políticos de izquierda como el diputado del SPD (socialdemocracia) Sawsan Chebli o el artista Idil Bayda, uno de los últimos destinatarios de las cartas amenazantes.

Ola violencia de ultraderecha

La aparición del "NSU 2.0" tiene lugar en el contexto de una nueva ola de violencia racista y de derecha que se extiende por toda Alemania. Hessen es un punto de conexión entre la escena neonazi en Alemania Oriental y Occidental, que está bien organizada desde Renania del Norte-Westfalia hasta Sajonia y Baviera a Berlín.

El espectro de actividades abarca desde ataques como los de Halle o Hanau , la serie de ataques incendiarios por motivos raciales en Berlín-Neukölln o las cartas amenazadoras de la Ofensiva Nacional Socialista de Berlín.

Cada vez hay más pruebas de que todas estas actividades están interrelacionadas. Mención especial merece el senado de Berlín, formado por el SPD, el Partido de Izquierda y los Verdes que se han negado durante años a tomar medidas serias para proteger a los afectados y resolver crímenes.

Además, otro pilar de la represión y la militarización en Alemania fue sacudido por el escándalo sobre los extremistas de derecha hace solo unas semanas. La segunda compañía de la unidad especial KSK (cuerpo de elite del ejército germano) de la ministra de Defensa Annegret Kramp-Karrenbauer (sucesora del Merkel en la dirección del CDU), se disolvió después de que se supiera que casi 50,000 rondas de municiones y más de 60 kilogramos de explosivos habían desaparecido de su unidad. Además, faltan otras 60,000 balas en toda la Bundeswehr.

Por lo tanto, es una amenaza real para la vida de estos activistas y migrantes antirracistas e izquierdistas.

¿Se puede confiar en que los partidos mayoritarios investiguen?

Es obvio que ni los afectados ni todas las posibles víctimas de esta peligrosa combinación de policía, Bundeswehr y terrorismo de derecha pueden confiar en las investigaciones de la policía de Hesse o Berlín.

Martina Renner, diputado de izquierda por Die Linke (partido de izquierda), criticó la cooperación entre las distintas oficinas de la policía criminal estatal y pidió una investigación a nivel nacional, que debería ser dirigida por el Fiscal General Federal.

Pero poner esperanzas en el Fiscal General es una mala opción. Ninguno de los partidos mayoritarios está interesado en dejar a las claras la conexión entre los órganos estatales y el extremismo de derecha: ni la AfD, que está involucrada en la aparición del terrorismo de derecha; ni los partidos gubernamentales CDU/CSU y SPD, que son responsables de deportaciones diarias a inmigrantes.

Ninguno quiere llevar a cabo investigaciones sobre el racismo estructural en la policía. Los Verdes y el Die Linke defienden a la policía cuando se la interroga y no denuncian que son los responsables de la discriminación racial y la violencia policial racista en los gobiernos estatales.