Con una sala colmada de público acompañando a las querellas, comenzó el primer juicio oral contra funcionarios de la dictadura militar en la región.
Viernes 20 de octubre de 2023 11:32
Ambos imputados, Pedro Laurentino Duarte y Victor Marcelo Ortiz participaron de la audiencia por Zoom, mientras sus abogadas defensoras lo hicieron de manera presencial.
Militantes de los DDHH, trabajadores de la educación, estudiantes y una nutrida delegación de obreros y obreras de Cerámica Neuquén, acompañaron la jornada.
La Fiscalía Federal se encuentra representada por el fiscal Miguel Palazzani, mientras que las querellas de APDH cuenta con sus abogados Marcelo Medrano y Bruno Vadalá al turno que los querellantes Inés Rigo- Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle- y Oscar Ragni, por el caso de su hijo Oscar Ragni (h), cuentan con la representación de las abogadas integrantes del CeProDH, Natalia Hormazabal y Mariana Derni.
Durante estas primeras audiencias se leerán las acusaciones de Fiscalía Federal, y de las querellas particulares.
Los dos imputados llegan a juicio luego de una instrucción de más de 10 años, y más de 40 incidentes y recursos interpuestos por Duarte y Ortiz.
Se les acusa de que en su rol de Juez federal de Primera Instancia y Fiscal federal entre los años 1976 y 1984, brindaron cobertura judicial a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 19 víctimas de la dictadura de las cuales 9 permanecen desaparecidas.
En su rol como integrantes de la justicia federal cumplieron un rol central y fundamental al imprimir trámite meramente formal a presentaciones judiciales como Hábeas Corpus o amparos, presentados por familiares de las personas secuestradas y luego desaparecidas.
Se encuentra probado –y será materia de este debate– que ambos otorgaban trámite superfluo a las actuaciones en que se investigaban secuestros, a sabiendas de que esos hechos ocurrían bajo las órdenes de las autoridades de la Subzona 5.2 en el Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña VI.
En la primera jornada escuchamos como todos los familiares de cada una de las víctimas de la dictadura genocida efectuaron presentaciones, acudieron al Juzgado Federal y aún se entrevistaron con las autoridades, en procura de obtener datos sobre su paradero.
Asimismo, quedó evidenciado en las acusaciones que en el año 1979, todos los familiares reeditaron sus denuncias, frente a la visita de la OEA en el país.
En las próximas audiencias será el turno de las indagatorias a los imputados, para que hagan uso de la palabra.
Llegar a este debate es un enorme logro luego de 10 años de chicanas judiciales por los dos imputados que son abogados. En tiempos de un nuevo intento de negacionismo sobre lo ocurrido en la dictadura genocida, esta pelea se vuelve más actual que nunca. Pero sabemos que nuestra pelea por el ayer, y porque se reconozca que el plan genocida tuvo como objetivo central a la clase obrera, ha sido una pelea contra todos los gobiernos; contra los reaccionarios relatos de guerra, de los excesos, y contra los relatos despolitizados de las juventudes maravillosas e inocentes; y porque se reconozca el rol de una clase trabajadora que había ganado en fuerza y combatividad, y que solo podía intentar derrotarse mediante una sangrienta dictadura.
Pero también sabemos que es por el hoy, por la defensa de todas las libertades democráticas y la defensa de quienes luchan y se organizan. Sentar en el banquillo de acusados a jueces y fiscales implica demostrar lo que decimos siempre, y es que el propio plan ideo y planificó la impunidad.
Seguir esta pelea, para nosotras hoy surge como un tarea de honor para quienes nos proponemos cambiar la sociedad de raíz y retomar las mejores lecciones de esa clase trabajadora que se organizó por transformar la realidad.
