Los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar-eclesiástica contra las infancias y adolescencias son una muestra más de que Javier Milei, Victoria Villarruel y otros derechistas mienten. Myriam Bregman dejó en evidencia a los negacionistas en la Cámara de Diputados. Acá muchas historias que demuestran la verdad.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Lunes 16 de octubre de 2023 10:40
En el segundo debate presidencial Javier Milei dijo que Montoneros “ponía bombas en jardines de infantes”. No sólo eso es mentira (hasta el mismísimo progenocida diario La Nación alertó sobre esa falsedad), sino que con su apología de la dictadura y su negacionismo del saldo en víctimas oculta deliberadamente que, por el contrario, fueron los propios genocidas quienes aplicaron un sistemático terror contra las infancias. Además del plan de apropiación de bebés, secuestraron y hasta torturaron y asesinaron a niñas, niños y adolescentes. En este informe se agrupan algunos de los casos más emblemáticos.
Los motivos que inspiran a Milei y los suyos a mentir es ocultar cuáles fueron los verdaderos propósitos de la última dictadura militar y quiénes estaban detrás del golpe. Sus dichos no son ingenuos. A 40 años del fin de la dictadura más atroz de las que recorrió el siglo XX -siglo marcado por los continuos golpes militares-, las conquistas logradas con la lucha y la movilización popular, que llevaron a juicio a un número muy reducido de ejecutores de los crímenes (si se los compara con la totalidad del aparato represivo que actuó en todo el país y la cantidad de centros clandestinos de detención identificados, cerca a 800), pretenden ser descalificadas por la derecha más rancia para imponer la defensa de lo actuado por las fuerzas militares en beneficio de los sectores dominantes.
Así lo recordó Myriam Bregman en el Congreso en uno de los tantos cruces contra la defensora de los militares y del genocidio, Victoria Villarruel -la diputada que visitaba a Jorge Rafael Videla cuando estaba detenido-. A días del 24 de Marzo en la Cámara de Diputados se escucharon las voces de ambas que recordaron esta fecha. Villarruel lo hizo desde una perspectiva negacionista, Bregman, en cambio, recordó que los genocidas impusieron, a sangre y fuego, un programa económico de destrucción de los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores.
La diputada del FIT, con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad de los genocidas y abogada en juicios de lesa humanidad, continuó su intervención en el recinto denunciando: “Las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y sólo se aplican con mucha represión. Por eso hablan del ’curro de los derechos humanos’ como Macri, porque quieren aplastar a la clase trabajadora y no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me van a callar".
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En una sesión reciente, la diputada y precandidata presidencial por el FIT, volvió a desenmascarar a Milei que habla de los “excesos" que cometieron las Fuerzas Armadas durante la última dictadura: “Tal vez para él era un exceso que cada miércoles realizarán un vuelo de la muerte. Un exceso bastante organizado que cada miércoles aplicaban lo que los marinos llamaban ‘la pentonaval’ para adormecer a los detenidos y detenidas desaparecidas y tirarlos en un vuelo de la muerte. A eso él los llama excesos”, dijo Bregman y agregó que “volvió a hablar de guerra, ¿qué guerra? Ni los propios genocidas hablaban de guerra porque eso implicaba que debían cumplir con determinadas convenciones internacionales. La teoría de la guerra la empiezan a utilizar hacia el final de la dictadura”. Finalizó recordando a los 30.000 detenidos desaparecidos y subrayó que fue un genocidio.
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Los niños torturados y asesinados por los genocidios
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Estas son algunas de las historias atroces que llevaron adelante los militares y las fuerzas de seguridad. No fueron excesos, no fue una guerra. Fue un plan sistemático para derrotar el último ascenso obrero y estudiantil. Fue para imponer un plan económico para favorecer a los grandes empresarios. Los que aún permanecen impunes, con algunas pocas excepciones, y sus empresas nunca dejaron de ser favorecidas por los gobiernos de la “democracia”. No es casualidad, los juicios sólo apuntaron contra un puñado de jefes militares y de fuerzas de seguridad.
Todos los gobiernos desde 1983 hasta acá, junto al Poder Judicial, no hicieron nada para condenar los crímenes cometidos por la Triple A durante el gobierno de Juan Perón y María Martinez de Peron, tampoco por la responsabilidad directa de los empresarios en planificar el golpe y entregar la lista de los obreros que serían detenidos desaparecidos.
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El jefe de personal de Molinos Río de La Plata durante la dictadura militar, Emilio Parodi, fue detenido recientemente por orden del juez federal Ernesto Kreplak, en una causa que investiga la responsabilidad del directorio de la empresa en secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores. Los testigos aseguran que el 7 de julio de 1976, personal del Ejército entró en la fábrica con una lista que tenía los nombres de algunos trabajadores y un membrete en el que se leía Molinos Río de la Plata. Ese día, los militares se llevaron a un grupo de obreros que pasaron a integrar la lista de los desaparecidos.
Otras de las pocas excepciones de civiles procesados, está el empresario salteño Marcos Levín, exdueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, condenado a 12 años de prisión por secuestro y tortura del trabajador Víctor Cobos. Vuelve a ser juzgado por su participación en el secuestro y tortura de 17 trabajadores. La familia Levín controla la Terminal de Ómnibus de Salta y es dueña del lujoso hotel Alejandro I, donde Javier Milei realizó un acto de campaña.
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La misma participación empresarial en el genocidio de clase también ocurrió en los ingenios La Fronterita y Ledesma en Jujuy (Carlos Pedro Blaquier, su dueño, murió impune con un juicio en sus espaldas que nunca se llegó a realizar); Acindar en Villa Constitución (Santa Fe); Dálmine Siderca en Campana (Buenos Aires); Astilleros Astarsa en la zona norte del Gran Buenos Aires; cerámicas Lozadur y Cattáneo; autopartistas Ford, Mercedes Benz, Fiat y Grandes Motores Diesel (Buenos Aires y Córdoba); Bunge&Born y Grafa en Capital Federal; Astilleros Río Santiago en Ensenada, Petroquímica Sudamericana y Swift en La Plata; Alpargatas (en Capital, Buenos Aires y Tucumán), Loma Negra (en Olavarría y Barker); el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca.
Los empresarios y sus gerentes actuaron en conjunto con las Fuerzas Armadas. Le entregaron las listas de los obreros que debían secuestrar, muchos de los cuales fueron detenidos en los lugares de trabajo. Muchas de estas empresas directamente destinaron predios para los centros clandestinos de detención.
Milei (así como sectores de Juntos por el Cambio) reivindica a la dictadura militar en un momento donde las grandes mayorías populares sufren la crisis económica y social; cuando los tres candidatos presidenciales con más chances de llegar a la Casa Rosada ya se juntaron con los representantes del FMI y acordaron pagar esa deuda fraudulenta e ilegítima que contrajo el gobierno de Macri y que convalidó el Congreso Nacional durante este gobierno con los votos de la mayoría y con la firme oposición en el recinto y en las calles del Frente de Izquierda. Como dijo Myriam Bregman, el ajuste no pasa sin represión.
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
