Las concesiones y la privatización no resultan en mayor eficiencia. Se reabre la crisis del Hospital Regional de Antofagasta, tras una nueva deficiencia en el sistema de climatización que se suma a una larga lista de fallas graves, que van desde el incendio de un equipo de enfriamiento, caídas de ascensores, pérdida del suministro eléctrico, entre otras.
Jueves 16 de enero
Se reabre la crisis del Hospital Regional de Antofagasta, tras una nueva falla en el sistema de climatización del servicio concesionado por el MOP a la empresa Siglo XXI de la transnacional española SACYR. Esta vez afectando el funcionamiento de pabellones y cirugías programadas, así como fue anteriormente en el laboratorio clínico del centro asistencial.
Esto se suma a una larga lista de fallas que van desde el incendio de un equipo de enfriamiento, caídas de ascensores, pérdida del suministro eléctrico que retrasó la atención de imagenología y puso en riesgo la vida de pacientes críticos, pérdidas de horas de especialistas, etc. Un nuevo flanco de precariedad de la salud pública, a cambio de jugosas ganancias para quienes hacen negocio con este derecho básico, como son los $3191 millones de utilidades de Siglo XXI/Sacyr según el último estado financiero informado en marzo de 2024.
Al igual que en otras oportunidades, parlamentarios de la región como Pedro Araya (PPD), Sebastián Videla (Independiente) y Catalina Pérez (ex Frente Amplio) se pronunciaron contra la concesionaria Siglo XXI y sus constantes fallas, enunciando la necesidad de cambiar el contrato de concesiones y en lo posible cambiar a la concesionaria. Una política que también comparten dirigentes de los gremios de la salud. Pero ¿es el cambio de concesionaria la solución al problema?
Sistema de Concesiones, negocios redondos
Es necesario recordar que Sacyr/Siglo XXI forma parte de las 13 concesiones con 24 hospitales entre el 2014 a la fecha, una forma de privatización que ya ha demostrado reiteradas falencias a nivel nacional. Bajo la excusa de una necesidad real de construir con rapidez nueva infraestructura sanitaria, para poder flanquear las 2 camas por cada 1000 habitantes existentes que se encuentran alejadas del 4,5 recomendado por la OCDE, y que muchas de ellas ya se encuentran obsoletas y con una distribución muy desigual a lo largo de Chile.
Esto comienza en 1981 con el cambio legal durante la dictadura cívico militar, que permitió la entrada a través de la concesión de la construcción de obras públicas a empresas privadas, desplazando al MOP que hasta entonces se había hecho cargo de esa tarea, fue en 1990 durante el inicio de la democracia pactada que Aylwin aceleró el proceso de construcción.
Luego en ese marco, cuando ya se había privatizado la construcción de carreteras y aeropuertos, Ricardo Lagos (PPD) modifica la normativa legal para permitir concesionar servicios de infraestructura sanitaria, y que en el caso del Hospital Regional de Antofagasta significó un gasto de US$ 300 millones desde el MOP, pero que en la ejecución del contrato sigue significando costos, no solo económicos sino de funcionamiento, con las constantes fallas estructurales.
Así es como afirmó en el seminario transmitido en junio del 2024 "Concesiones de Hospitales en Chile: mitos y desafíos" impartido por la comisión de salud del Colegio de ingenieros, Marcelo Carvallo (PS) jefe del departamento de asociación publico privada de inversiones del MINSAL "hace años que el Estado de Chile decidió entregar la construcción al privado, dejó de tener una constructora, y por lo tanto solo pone la normativa y el financiamiento. Esto es complejo, porque en algunos hospitales suben los costos, por ejemplo en Maipú, hace 8 años tenemos el problema de climatización".
De igual forma, en el mismo seminario, Fernando Ruiz de la Torre, ingeniero de caminos y gerente de SACYR, afirma que dentro de la posibilidad de perfeccionar estos contratos, retrasados muchos de ellos por la pandemia del COVID19, hay que flexibilizarlos sobre todo en "apurar los plazos de permisología, puesto que aunque se piensa que estas empresas constructoras son las que cuentan con el dinero, el financiamiento viene por un importante socio financista como son las AFP, cuestión que hoy día en Chile está en franca tensión".
Hospitales y Obras Públicas ¿una crisis sin salida?
Tan solo con estos dos comentarios queda de manifiesto el entramado que significa la construcción de infraestructuras en Chile, un jugoso mercado para el sector privado, donde otros pilares del capitalismo chileno se erigen, como son las AFP y el negocio de la salud. Ambos negocios no van separados, todo esto a costa del retraso y empeoramiento de la calidad de la atención en el sector público de salud.
Nos parece que la propuesta de cambio de concesionaria - por parte de parlamentarios y autoridades de la región, como Ricardo Diaz - no resuelve el real problema que afecta a la salud pública, y por tanto a la salud de la mayoría de la población. El conjunto del sistema de concesiones hospitalarias es un problema, que fomenta el trabajo precario y la privatización de la salud, para que un grupo de empresarios y transnacionales aumenten sus ganancias a costa de un derecho básico como la salud.
Pero las concesiones hospitalarias son solo la última muestra de la privatización en la salud, el problema es sin duda más profundo. En dictadura se abrió un nuevo nicho de negocios con los derechos más básicos de la población, dentro de eso la salud, con lo que se inició todo un mercado y se instaló una lógica neoliberal. Se forman las Isapres, crecen las clínicas privadas, se precariza el sistema público desfinanciándolo y fragmentándolo, en función del negocio.
En el sistema de salud chileno actúan grandes holdings empresariales (como BUPA, UnitedHealth Group o la Cámara Chilena de la Construcción), varios de capitales extranjeros, que manejan Isapres, clínicas, mutuales, laboratorios, etc., son quienes se hacen millonarios a costa de la salud de la población, del bolsillo de cada trabajador cobrando grandes precios para la atención en clínicas, así como por medio del traspaso de fondos públicos para compras de servicios; o como quedó demostrado con la masiva estafa de las Isapres a sus afiliados, perdonada por el gobierno y los parlamentarios con la ley corta de Isapres.
A la luz de esto es que nos parece necesario acabar con el sistema de concesiones hospitalarias, con el término de todos los contratos de concesiones, sin ningún tipo de pago por ello a las empresas. Pero no para mantener el sistema público como lo conocemos, concebido como un negocio que tiene atado a los hospitales con deudas millonarias y carencia de recursos. Creemos que el actual sistema de gestión estatal liderado por tecnócratas y políticos neoliberales no representa los intereses de usuarios, ni trabajadores. No es una alternativa frente a las privatizaciones.
Por una salud y obras públicas al servicio de las necesidades de las grandes mayorías
El conjunto del sistema de salud y sus distintos recintos debe ser gestionado en forma democrática por sus trabajadores y los usuarios, fuera de cualquier lógica mercantil, centrado en la necesidades reales de la población. El déficit de infraestructura y financiamiento es un problema real, que tiene su génesis en la misma política neoliberal del Estado que busca favorecer la existencia y fortalecimiento del sector privado.
Por lo mismo creemos necesario nacionalizar el conjunto de clinicas, centros medicos y laboratorios pertenecientes a los grandes holdings empresariales como BUPA, UnitedHealth Group y Cámara Chilena de la Construcción, que se integren a la red pública y por tanto a disposición del conjunto de la población. Esto en miras de avanzar a un sistema de salud público único y unificado, sin privados, y gestionado por trabajadores y usuarios.
Por otra parte, el negocio de constructoras e inmobiliarias no puede pasar desapercibido ante esta crisis del sistema de concesiones y la privatización de las obras públicas. Es por eso que creemos necesario forjar un Plan de Obras Públicas que sea discutido democráticamente entre trabajadores de la construcción, profesionales especialistas como ingenieros y arquitectos y en el caso de Hospitales y centros asistenciales, junto a trabajadores de la salud y usuarios. Que sea financiado a través de las utilidades de las industrias mineras, como el cobre y el litio, donde la producción esté bajo control de sus trabajadores, en miras de la nacionalización bajo gestión obrera y comunitaria.
