El gobierno de Mariano Rajoy investigó a través de las “Cloacas” del Estado a los partidos independentistas entre 2012 y 2016. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz recibía pruebas falsas de la policía que eran utilizadas para atacar a los partidos catalanes a través de filtraciones a la prensa.

Jorge Fernández Díaz, quien fue ministro del Interior durante el mandato de Rajoy enviaba informes falsos al presidente, tal y como han desvelado varios medios de comunicación a lo largo del día de hoy. Los dossieres policiales eran elaborados por agentes de policías y a través de filtraciones de otros ministerios como el de Hacienda. El modus operandi incluía filtrar las informaciones a la prensa para que los supuestos escándalos acabaran en la portada de los periódicos.

El crecimiento del movimiento independentista catalán, que llevó a la votación democrática del 1 de octubre de 2017, animó al gobierno a alimentar todo tipo de prácticas fraudulentas financiadas con dinero público. Las "notas informativas" que emitía (y elaboraba) el ministerio de Interior se remitían al ministro sin un control judicial del proceso de investigación y sin que constase en los planes de trabajo públicos de las fuerzas policiales.

Las operaciones se intensificaron así a raíz de una reunión celebrada el 12 de septiembre de 2012 en el Ministerio del Interior en la que Jorge Fernández Díaz manifestaba su preocupación por la elevada asistencia a la manifestación de la Diada y comenzaba un combate contra el independentismo en el que estaría involucrada la policía.

Este acoso y espionaje al movimiento democrático catalán no acabó con la moción de censura a Rajoy, sino que continuó en forma de espionaje mediante el programa Pegasus por parte del gobierno "progresista".

Varios protagonistas, entre los que se encuentran Jorge Fernández Díaz y la exministra María Dolores de Cospedal admitieron en conversaciones privadas que estaban siendo grabadas que el presidente, Mariano Rajoy, estaba al tanto de estas prácticas. Un nuevo caso de corrupción, desvío de fondos y persecución política protagonizado por el expresidente, que nunca ha sido llamado a declarar en las investigaciones abiertas al PP.

Para Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez la Fiscalía Anticorrupción sí pide penas de hasta 15 años de cárcel por la conocida como "Operación Kitchen" por la cual el gobierno trató de borrar pruebas de la financiación irregular del Partido Popular, así como la relación entre el Partido y varios empresarios afines a cambio de adjudicaciones millonarias. El PP como persona jurídica no ha sido, contradictoriamente, juzgado ni condenado.

En los documentos que han hecho públicos los diarios La Vanguardia y eldiario.es, el gobierno de Mariano Rajoy habría hecho públicas noticias falsas sobre cuentas en paraísos fiscales de dirigentes independentistas, fraudes al fisco y actos de prevaricación. Algunos políticos investigados fueron el expresident Artur Mas o el exalcalde de Barcelona Xavier Trías.

Ningún miembro del PP involucrado ha sido, por ahora, juzgado por este caso. Sí lo han sido por otros escándalos similares. Este es el caso de María Dolores de Cospedal, que encargó repetidamente al comisario Villarejo informes contra el independentismo y la desaparición de las pruebas incriminatorias contra el Partido Popular. Sin embargo, el juez Manuel García Castellón, conocido por numerosas sentencias afines al PP, la exoneró de cualquier responsabilidad pese a que la voz de Cospedal aparecía en varias grabaciones de las "Cloacas".

Mientras Villarejo cumple prisión y ha sido condenado a 19 años, nadie de las altas esferas del PP ha pisado la cárcel por estas operaciones. La única causa abierta contra el expresidente Rajoy es la relacionada con Andorra, que investigó la relación entre el gobierno y la banca andorrana, utilizada además para investigar las cuentas de los políticos catalanes.

Entre los informes emitidos por la policía se encuentra una que relacionaba a Pujol y Artur Mas y al partido Convergencia i Unió con cuentas en Suiza, que acabó siendo portada de El Mundo el 16 de noviembre de 2012, a apenas unos días de las elecciones catalanas. Mas denunció ese mismo día haber sido víctima de un montaje y días más tarde se descubrió que las pruebas sobre las que se sustentaba la acusación eran falsas. Pero al despacho del ministro de Interior continuaban llegando este tipo de notas incluso una vez se demostraba su falsedad o inexactitud.

En otra "nota informativa" del 30 de octubre de 2012, se acusaba al hijo del expresident Jordi Puyol de haber vendido la consultora Europraxis, fundada por él, a Indra, habiéndose embolsado seis millones de euros. En ese mismo dosier se apela a que Josep Puyol habría regularizado sus cuentas gracias a la amnistía fiscal del gobierno de Rajoy, una información que Villarejo había obtenido del ministerio de Hacienda.

Se trata del enésimo caso de corrupción e impunidad a un partido del Régimen del 78. Este régimen protege, precisamente, a las elites y se sirve de las instituciones de la democracia burguesa para operar persiguiendo a quienes protestan o se movilizan o, como en este caso, los representantes políticos del movimiento democrático catalán.

Un movimiento que fue derrotado porque precisamente estos partidos que eran parte del "no nos representan" catalán se pusieron al frente del movimiento y lo desviaron. Pero para garantizar esa derrota, el Régimen no dudó en sacar todas sus armas, fueran legales, ilegales o alegales.

Los casos de corrupción dentro de los partidos del régimen están a la orden del día, y es práctica habitual de estos aprovecharse de las instituciones públicas para hacer negocio privado, tanto para beneficio propio como para el de sus amigos, normalmente sentados en consejos de administración del Ibex 35. De hecho, si bien en este caso dirigentes de la ya extinta CiU fueron acusados falsamente, no hay que olvidar que este partido político fue condenado por el "caso Palau" que llevó al embargo de hasta 15 sedes de la coalición política. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Es común que en momentos donde los intereses y proyectos de diferentes sectores de la burguesía difieren, unos aireen trapos sucios de los otros.

En este momento, en que se ha puesto sobre la mesa una amnistía limitada a los representantes políticos del procés, es necesario denunciar las maniobras tanto del PP como del gobierno "progresista" (que no paró de espiar e infiltrar policía al independentismo) realizaron y siguen realizando para contener la demanda del 1 de octubre.

Es necesario seguir peleando y exigir una amnistía total como lo hemos venido haciendo desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, que llegue a la totalidad de los luchadores en el procés y de otros movimientos como el climático, que sigue siendo brutalmente perseguido y criminalizado. Una amnistía que vaya mucho más allá que la que el PSOE y Sumar han pactado con la izquierda abertzale y la derecha catalana de Junts.ç

También es necesario que se exijan responsabilidades al Partido Popular por este espionaje y la creación de pruebas falsas y de infiltraciones de datos entre ministerios, una práctica ilegal pero habitual que no puede quedar impune.