Nuevo paquete de medidas del Gobierno: migajas electorales en tiempos de inflación, bajos salarios y aumento de la pobreza

La primera medida anunciada es la extensión por seis meses adicionales de la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas. Al mismo tiempo, se “suspenden” los desahucios durante seis meses más a las familias vulnerables y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler, mientras se introduce una prórroga para los alquileres que expiren antes del 30 de junio. También se mantendría hasta finales de 2023 la prohibición del corte de suministro esenciales y el bono social de las familias más vulnerables, así como el aumento del 15% del Ingreso Mínimo Vital (sin que se haya resuelto el escaso número de ayudas y su difícil acceso) y las pensiones no contributivas. A ello se le añaden nuevas medidas aprobadas recientemente en el Consejo de Ministros como la rebaja durante seis meses del IVA del 4% al 0% de los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.

La segunda medida es la aprobación de un cheque de 200 euros para las familias cuyo ingreso anual sea menor de 27.000 euros. El gobierno dará ayudas a los agricultores para afrontar la subida de precios de fertilizantes.

Por otro lado, se eliminará la bonificación general de veinte céntimos al combustible adoptada en marzo. Como compensación se dará medidas de bonificación a agricultores, navieros, pescadores y transportistas. Se mantendrán además las ayudas del 30% al transporte público urbano en los territorios en los que los gobiernos autonómicos y entidades locales complementen hasta el 50%, es decir que si dichos gobiernos autonómicos o locales se niegan a cubrir ese 20% restante la medida simplemente no se aplicará.

Sánchez también ha anunciado ayudas a las empresas del sector gas-intensivo, como por ejemplo la industria cerámica con dos paquetes de ayudas que suman en total 950 millones de euros entre ayudas europeas y líneas de créditos ICO para paliar la situación de dicho sector industrial debido a la subida de los precios energéticos. También ha anunciado un “proyecto estratégico” para la descarbonización industrial con un presupuesto de 3.100 millones de euros, una ayuda a la patronal enmarcada dentro de un discurso de transición ecológica.

Como respuesta a la crisis de la Sanidad en España, el gobierno ha anunciado la “jubilación activa mejorada” consistente en que los profesionales sanitarios de Atención Primaria en edad de jubilación puedan continuar trabajando 3 años más compatibilizando el 75% de su pensión con el servicio activo a tiempo completo o a media jornada.

Más allá del relato progresista del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, en conjunto, el nuevo paquete de medidas consiste en una serie de parches que vienen a ocultar superficialmente los síntomas de una crisis social que azota a la clase trabajadora y eleva los niveles de pobreza y la pérdida de nivel adquisitivo.

Por un lado, las insuficientes medidas sociales ligadas además a un escaso periodo temporal, si es que muchas llegan a tener efecto, ya que de poco sirve anunciar que seguirá sin haber desahucios durante seis meses más si nunca ha dejado de haberlos, ni siquiera en mitad de una pandemia mundial. Por otro lado, la perspectiva de que la salida a una crisis del sistema sanitario consista en que el reducido personal siga trabajando durante más años en vez de plantear el aumento del personal y las mejoras salariales afectando los beneficios del sector privado, resume cual es la política de sanidad y de empleo del Gobierno de cara al próximo periodo.

De forma obvia, en el propio acto de “rendición de cuentas”, Pedro Sánchez se ha limitado a manejar los datos para presentar de forma favorable la situación de la inflación en nuestro país esquivando cuales son las consecuencias reales de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Entre sus medidas sociales no se incluye nada para paliar esta problemática ni para un efectivo control de los precios. Tan solo una bajada del IVA que intentarán que afecte realmente al precio de los alimentos básicos, excluyendo el resto de bienes y servicios afectados por la subida de precios y que son fundamentales en la vida de las personas, especialmente de la clase trabajadora.

A pesar de ello Unidas Podemos ha anunciado que están “satisfechos” de haber llegado a un acuerdo con el PSOE. Así lo han confirmado distintos portavoces y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Por enésima vez, la integración de la “nueva izquierda” en el Régimen del 78 queda plasmada en la diferencia entre sus aspiraciones programáticas y lo que finalmente pactan con el PSOE y venden como una victoria. Hace falta una izquierda anticapitalista y socialista que luche por un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Porque nuestras vidas valen más que sus beneficios.