Miércoles 7 de septiembre de 2016
El mismo día que Mauricio Macri volvía de su viaje en China se conocía la noticia de una nueva imputación de Omar Suárez, alias “Caballo”, histórico dirigente del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU).
Suárez estuvo al frente de esa organización por más de 27 años y se convirtió en un especialista en construir negocios a partir del lugar que ocupaba en ese gremio.
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En ese lugar no solo defendió sus propios negocios sino también los de los grandes empresarios. Los trabajadores del Casino Flotante de la Ciudad de Buenos Aires sufrieron sus ataques –con patotas incluidas- durante la dura pelea que dieron contra los despidos realizados por Cristóbal López en 2007.
Suárez ya estaba en la mira de la Justicia desde hacía tiempo. Las acusaciones que pesaban sobre él tenían que ver el lavado de dinero. La imputación que se conoció ayer fue realizada por el fiscal Ramiro González, que pidió que se analice si el dirigente gremial se apropió de fondos de esa organización mediante irregularidades cometidas con sociedades que serían suyas, o de familiares.
Reincidencias
El juez Rodolfo Canicoba Corral será el encargado de intervenir en este caso. No es la primera vez que estará relacionado con una acusación contra el dirigente marítimo. Ya en febrero de este año, el magistrado había decretado la intervención del SOMU y procesado a Suárez por “entorpecimiento de la navegación”.
Las acusaciones contra Suárez son además impulsadas desde el mismo Gobierno nacional. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich ayer denunció que el dirigente extorsionaba a las empresas de navegación para que paguen sobrecostos. El funcionario nacional señaló que Suárez “paraba los buques y los extorsionaba pidiéndole plata y ejercía una asociación ilícita”. En ese marco, la operatoria consistiría en contabilizar tripulaciones mayores a las existentes y cobrar por capacitación para esos supuestos trabajadores. Ya en julio, cuando Suárez declaró por la primera de estas causas, había rechazado cualquier tipo de acusación.
La intervención del SOMU tiene actualmente a su cabeza a la diputada nacional Gladys González (PRO). En información que hizo llegar a La Izquierda Diario prensa de la funcionaria, se señala que “la resolución del fiscal da peso a las nuevas pruebas” que esa intervención ha aportado. El mismo comunicado denuncia una enorme “falta de transparencia” en el origen de los fondos “que se usaron para crear diferentes sociedades, que tienen como titulares al propio Suárez, a familiares y miembros de su entorno".
Sin embargo, la misma interventora también se halla cuestionado por integrantes de su propia organización. Hace pocas semanas, en La Plata, el concejal y presidente del PRO de Avellaneda, Daniel García, exigió la expulsión de a funcionaria. El motivo es que habría intentado acordar con se edil designar personas en cargos provinciales para luego quedarse con parte de su sueldo.
Esta nueva imputación sobre Suárez llega poco después de que la nueva conducción de la CGT reunificada haya ratificado la tregua con el Gobierno nacional. Durante varios meses, la posibilidad de la cárcel contra el dirigente fue señalada por periodistas y conocedores como una amenaza sobre los caciques sindicales para disciplinarlos. Esto, evidentemente parece no haber sido necesario.
