El enésimo golpe judicial en Catalunya obvia todos los llamamientos sanitarios a posponer las elecciones. Para la Judicatura y el PSC, asentar la restauración autonómica vale más que evitar un agravamiento de la pandemia.
Sábado 13 de febrero de 2021
“Ganar la presidencia de la Generalitat bien vale unos miles de muertos”. Puede sonar una máxima muy fuerte, pero en estos términos deben haber pensado desde el PSC y sus jueces. Sí, decimos los suyos porque el TSJC anunció el mantenimiento “cautelarísimo” de las elecciones solo 24 horas después que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarara públicamente que las elecciones debían celebrarse cuanto antes.
La enésima injerencia de la Judicatura en la política catalana, tratando de condicionar con sus resoluciones y sentencias quien debe o no gobernar la Generalitat, adopta en esta ocasión contornos macabros. Los datos de la tercera ola en Catalunya son de terror. A comienzos de la campaña electoral había más de 3000 personas ingresadas, casi 700 de ellas en las UCIs y en torno al centenar de muertos diarios. Cifras que no se alcanzaban desde los inicios de la primera ola y que han dejado otra vez al borde del colapso del sistema sanitario.
Los sindicatos y colegios de las diferentes categorías sanitarias coinciden en que en este escenario crítico, la celebración de unos comicios a los que están convocadas 5 millones 600mil personas, implica un altísimo riesgo de contagio. Posponerlas hasta un momento de “valle” en la sucesión de curvas es la petición de los expertos, e incluso fue la decisión adoptada por la mesa de partidos del Parlament y el Govern catalán.
Se da la circunstancia de que unas 200 mil personas serán positivas por covid19 o están confinadas este 14F o que decenas de miles de personas mayores que viven en residencias de ancianos saldrán ese día de sus centros exponiéndose al contagio ya generar nuevos brotes en sus centros. El personal convocado para ser parte de las mesas ha denunciado el riesgo que deberán asumir, y la ineficacia de unos protocolos consistentes en indicaciones generales y un manual de instrucciones tipo Ikea para que se coloquen EPIs en la franja horaria reservada a las personas contagiadas o sospechosas.
Pero el pequeño problema es que una prórroga de este tipo, aún cuando pudiera aliviar -o no agravar al menos- la dramática situación que se vive en los hospitales, era una piedra en el camino a Palau del ya exministro de sanidad, Salvador Illa, a así lo habían interpretado. Las encuestas vienen dándole una subida importante al PSC, que incluso podría situarlo en la primera posición y abrir las puertas a un gobierno con los Comunes y ERC, o incluso solo con los primeros.
Este “efecto Illa”, producido al calor del inicio de la campaña de vacunación, no iba a ser eterno. Si el ministro seguía en el cargo unas semanas más, a la cabeza de la desastrosa gestión de la tercera ola -que puede superar en gravedad a la primera- o de una campaña de vacunación que está quedando muy atrás del “sobrarán vacunas” con el que Illa sacaba pecho en diciembre... podría empezar a restar más que a sumar.
Por eso las elecciones tenían que ser sí o sí el 14F para garantizar esta gran operación de Estado. Una maniobra, por medio de otro golpe judicial, en la que está implicado directamente el gobierno “progresista”, es decir tanto el PSOE/PSC como Unidas Podemos y los Comunes. Ésos últimos desde una discreta posición, pero dejándola pasar, dado el interés en replicar otro gobierno de coalición en Catalunya que afiance el de Moncloa y la restauración del autonomismo que termine de enterrar el movimiento democrático catalán.
Las elecciones del 14F nacieron ya de un golpe judicial-institucional, la suspensión de Torra. Pero este nuevo episodio, y la previsible abstención y vulneración del derecho efectivo a la participación política, las dejará marcadas como las más ilegítimas de toda la democracia del 78.
