La visita de diputados y diputadas libertarios a Alfredo Astiz y otros genocidas presos, desató una crisis política dentro de un Gobierno que comparte una posición negacionista frente al genocidio de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Viernes 23 de agosto 21:32
La crisis política que golpea al oficialismo, por la visita de legisladores de La Libertad Avanza a Alfredo Astiz y otros genocidas presos en el penal de Ezeiza, es una herida abierta que Javier y Karina Milei intentan cauterizar. La fórmula de gobierno, encabezada por un presidente y una vicepresidenta que niegan el genocidio de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, mostró tempranamente su flanco débil, ante una sociedad que repudia los atroces crímenes cometidos en esa época.
El silencioso lobby con seis diputados y diputadas de La Libertad Avanza, que desde hacía meses preparaba un proyecto para liberar militares condenados por delitos de lesahumanidad, fue develado hace más de un mes. Una de las participantes, la diputada Lourdes Arrieta, se quebró ante la presión pública y ventiló pormenores de una conspiración que contó con la participación activa del cura Javier Olivera Ravasi, los diputados Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra, como así también del exjuez Eduardo Riggi y al jefe del Servicio Penitenciario.
En un posteo en la red social X, este fin de semana, Arrieta compartió el proyecto de impunidad que se tejía entre diputados y diputadas de su bloque. Y éste lunes, la diputada sumó la denuncia de que todo el bloque de La Libertad Avanza tenía acceso a la información sobre la visita que se preparaba, incluída Lilia Lemoine y por su puesto, el jefe de bloque Martín Menem.
📌 Del grupo se WhatsApp, se desprende PROYECTO PLAZO RAZONABLE. 🧵 pic.twitter.com/HUPMbv0l77
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024
La comisión del Congreso que fue designada para tratar este tema, hasta el momento, ni siquiera logró votar un repudio. La preside Silvia Lospennato del PRO. Allí mismo la diputada Arrieta, quien juega la carta de haber sido engañada, responsabilizó Martín Menem, presidente de la Cámara y diputado de La Libertad Avanza.
El asunto escaló con una denuncia de Arrieta por "violencia de género" contra el diputado Nicolás Mayoraz que, se supo, la acusó de “operadora kirchnerista”. También se filtró una discusión en malos términos con el jefe del bloque Martín Menem.
Para el viernes, los hermanos Milei, articularon una operación a dos puntas, para intentar despegarse del escándalo que cruza a su Gobierno. Por un lado, se dejó trascender que Karina Milei echaría del bloque de La Libertad Avanza a la diputada Arrieta. Por otro lado, Javier Milei lanzó sospechas sobre su vicepresidente, Victoria Villarruel.
En una entrevista radial con Jonathan Viale, el presidente se encargó de remarcar que la liberación de los genocidas no era su agenda. Y frente a la pregunta de si opinaba que podría ser política de Villarruel, contestó: "No sé, hay que ver qué vínculos hay ahí. Mi agenda no es seguro". La interna entre la dupla presidencial se ahonda hace meses, y Milei en vez expresar confianza en la vicepresidenta que eligió para conformar su Gobierno, aprovechó para sembrar dudas sobre Villarruel. "Habrá que investigar por quién fue movido eso”, dijo.
Lo cierto es que La Libertad Avanza, no impulsa ninguna investigación seria para llegar a la verdad de un hecho que involucra a sus propios legisladores. Y, por el momento, dentro del Congreso prima la rosca entre las fuerzas políticas del régimen, donde cada quien aprovecha esto para hacer tribuna.
En concreto, los únicos diputados y diputadas que sostiene la necesidad de abrir una investigación independiente, donde intervengan organismos de derechos humanos, son los del Frente de Izquierda Unidad. Ni siquiera el bloque de Unión por la Patria se la jugó, en este caso.
Por parte del Gobierno, asistimos a una operación política que intenta dejar bien parado a un presidente que niega el genocidio de la última dictadura. En pleno debate presidencial Milei afirmó que "Para nosotros en los setenta hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos”, y a la vez negó que fueron 30.000 desaparecidos y desaparecidas.
Los vínculos de Victoria Villarruel con los criminales de la dictadura ya estaban probados ampliamente antes de que el Gobierno ganara las elecciones en 2023. Las visitas de Villarruel a Alfredo Astiz y al propio Jorge Rafael Videla, fueron "justificadas" con la excusa de un supuesto libro que ella estaba escribiendo. Nada de esto le era ajeno a Javier Milei, aún así decidió armar con ella su Gobierno.
Por otro lado, atentos a esta interna, figuras de la derecha peronista como Guillermo Moreno y Sergio Berni, buscan acercarse a Victoria Villarruel, a quien elogian permanentemente en los medios de comunicación. Y esta misma semana, el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, le tiró piropos de manera descarada a Villarruel, en plena sesión de la cámara.
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Agenda sí, agenda no. Lo cierto es que Javier Milei impulsa de conjunto una política que da aire a que se desarrollen sectores que buscan la impunidad para los genocidas. Sin ir más lejos, el cura Javier Olivera Ravasi, de quien también se desmarcó Milei, hace pocas semanas fue invitado por Agustín Laje y Nicolás Marquez a un encuentro de la ultra-derecha, referenciada en el partido de Gobierno.
La política de ajuste salvaje al servicio del Fondo Monetario Internacional, cae con decidida saña ideológica también sobre los Centros de la memoria y las actividades de organismos de derechos humanos. No se trata solo de una política económica, sino que va de la mano de una ofensiva reaccionaria que busca imponer una visión que niega el plan sistemático de exterminio perpetrado por la dictadura.
Más allá de la posición que tenga Javier Milei, sobre la condena a los genocidas, el presidente muestra una ideología con muchas aristas emparentadas al terrorismo de estado. Toda su retórica violentamente anticomunista y anti-zurdo, es más que similar al discurso que sostenían los responsables del golpe.
No son solo de palabras inofensivas. Recordemos que aún siguen presos ilegalmente dos manifestantes que fueron cazado durante la represión que descargó Patricia Bullrich y Jorge Macri, durante la votación de la Ley de Bases. En esa oportunidad, Javier Milei intentó venderle a la población la versión de que quienes se movilizaron eran conspiradores golpistas, para así aplicar la Ley antiterrorista y violar el derecho democrático a la protesta. El intento fue desarticulado por un gran arco democrático impulsado por la Izquierda junto a organismos a todas las organizaciones de derechos humanos.
Aunque el mileísmo intente cerrar la herida abierta por éste escándalo, su responsabilidad política en el hecho tiene múltiples aristas.
