La jueza Marta Cirulli hizo lugar al pedido del procurador del Tesoro Zannini y la fiscal Boquin para intervenir la empresa residual perteneciente al Grupo Macri.
Martes 3 de marzo de 2020 14:53
Foto Télam
La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso este martes la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino S.A. y el “desplazamiento total” de sus directivos. Así, hizo lugar a las solicitudes del procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín. Fue luego de que “fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores”, según informó Télam.
Según consta en la causa, las reticencias de la empresa residual perteneciente a Socma (el grupo de la familia Macri) ante requerimientos del tribunal “imposibilitaban el conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos, y arrojaba un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento”.
“Hasta que concluya el procedimiento de salvataje”, la jueza Cirulli ponderó las dificultades que expuso el coadministrador judicial para llevar a cabo la tarea encomendada, por falta de datos e información. Sin embargo, se calculó que para setiembre de 2019 Correo Argentino S.A. tenía un pasivo posconcursal de $ 191.997.055,52.
Las autoridades de la empresa habían responsabilizado al Estado de haber provocado una situación de “cesación de pagos” y “apropiarse de sus activos”. Y habían sostenido que “no les resultaba posible suministrar tal información en razón de que habían sido desposeídos, en el año 2003, de sus registros informáticos y documentación respaldatoria”.
Este martes la jueza Cirulli cuestionó “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino S.A. en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración” y consideró que “resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero”.
Zannini y Boquín habían coincidido sobre el “vaciamiento” de la empresa con irregularidades con “entidad suficiente” para perjudicar al Estado, principal acreedor del concurso.
En su dictamen previo, Boquín había afirmado que, durante 15 años, el Correo Argentino bajo la administración de la familia Macri “perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa” y que se valió de un “uso abusivo del procedimiento concursal” para defraudar la ley y los derechos de los acreedores.
