Siguen los despidos. Otro ataque a las políticas públicas: cierran los Centros de Acceso a la Justicia

El pasado 06 de junio, sin comunicación oficial, las y los trabajadores de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) tomaron conocimiento de la Resolución 2024-178-APN-MJ, que plantea el cierre masivo de dichos centros, priorizando la atención telefónica. El argumento: el Estado nacional destina demasiados recursos para sostenerlos.

El cierre implica el despido de cientos de trabajadores del sector (actualmente se estima que son unos 400 en distintos puntos del país) y -tal como lo definen sus trabajadores- “un vaciamiento que constituye una regresión en el acceso a la Justicia”. Todo ello en el marco de más de 200 despidos que ya se efectivizaron, el pasado mes de abril.

En la resolución de referencia, además, se menciona un relevamiento de los CAJ que fundamenta la decisión, lo cual denuncian sus trabajadores que es inexistente, aclarando que “desde diciembre de 2023, no hay autoridades, metas ni visitas, pero los equipos siguen trabajando…”

El rol de los Centros de Acceso a la Justicia

Actualmente existen 105 CAJ en todo el país, ubicados en las zonas con mayor vulnerabilidad social, ofreciendo servicios interdisciplinarios de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores comunitarios y personal administrativo.

El encuentro cara a cara con las personas que se acercan y el trabajo en equipo respecto de usuarios que de otra manera no podrían avanzar en tratar su problemática, son algunas de las improntas de estos centros, que ya de por si resultan insuficientes para atender la gran demanda de la población más vulnerable a lo largo y ancho del país.

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Paula desarrolla tareas en el CAJ ubicado en las afueras de La Plata desde hace varios años. En entrevista con La Izquierda Diario manifestó que “varios organismos ya sacaron comunicados de apoyo. Sobre todo, las organizaciones con las que trabajamos cotidianamente, que apoyan el trabajo que hacemos en el territorio".

Asimismo, destacó que “hay un gran desconocimiento acerca de la población a la que va destinada esta política pública, que es para las personas de mayor vulnerabilidad, no solo por su situación socioeconómica, sino también por discapacidad, razones de género, múltiples factores que hacen a esa vulnerabilidad. En la actualidad venia incrementándose la demanda de trabajadores empleados que no pueden pagar una consulta jurídica o psicológica en otro lado. Tenemos perspectiva de derechos humanos y hacemos un trabajo integral, para nosotros las personas no son solo un expediente".

La trabajadora agregó: "muchas veces ayudamos al colapso de demanda en el Poder Judicial de diversas maneras, por mediaciones comunitarias, por ejemplo. Muchas consultas de pacientes oncológicos que no reciben su medicación, muchas de personas preocupadas por la ley bases y la posibilidad de no poder jubilarse, casos de abuso que detectamos en el marco de entrevistas integrales, inclusive articulando con otras provincias por su característica de ser federales”.

La incertidumbre por los puestos de trabajo y el ataque a las políticas públicas sobre los sectores con los que laburan cotidianamente, llama a sus trabajadores al estado de alerta permanente.

Nada es casual

El plan motosierra está en marcha. El mismo presidente Javier Milei se jacta de su meta de “destrucción del Estado” buscando llegar a los 70 mil despidos, inclusive cerrando y desguazando organismos enteros, como es el caso de los CAJ, o como sucedió recientemente con el ex Ministerio de Géneros y Diversidades, hoy subsecretaría también dependiente del Ministerio de Justicia.

Las centrales sindicales, en semejante contexto, y luego de haberse aprobado la Ley Bases, deben convocar a un verdadero plan de lucha, no pueden seguir haciendo la plancha, dando gobernabilidad mientras los despidos son cada vez más. Volvemos a tomar las palabras de las y los trabajadores estatales cuando afirman que "¡Sin trabajadores no hay políticas públicas!". Las y los trabajadores no descartan un estado de vigilia permanente en el Ministerio de Justicia, si avanzan con los 81 cierres de los CAJ.