En febrero comenzó un nuevo ciclo de inscripciones para las carreras de abogacía, procuración y escribanía, pero esta vez las y los ingresantes se llevaron una ingrata sorpresa. ¿Universidad pública y gratuita? Al parecer le gestión de la decana Adela Seguí opina que no.
Miércoles 24 de febrero de 2021 20:30
Este año para poder terminar el proceso de inscripción en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) deberán presentar, junto con la documentación, un comprobante de transferencia o depósito por el valor de $1.500 en concepto de “Bono Contribución”, según indica la página oficial de la Facultad.
Años anteriores se cobraba un bono optativo al momento de la inscripción, que daba el privilegio a quienes podían pagarlo de anotarse primero en las comisiones deseadas antes de que se llenen. Lo que implicaba en los hechos una diferenciación en el acceso dependiendo del poder adquisitivo de los estudiantes, una evidente discriminación según la condición económica de quienes pretendían estudiar, en contra de todo derecho constitucional que tanto se jactan de defender en la facultad.
Este año, esta política elitista se profundizó mucho más. Todo aquel que no tenga el dinero para pagarlo no podrá inscribirse.
Es una contradicción muy grande que en una facultad de derecho se establezcan requisitos económicos para acceder a la educación pública y la gestión de la decana Adela Segui es una de las responsables de profundizar esta elitización. Pese a que desde su gestión sostiene un discurso público de inclusión universitaria, los hechos demuestran una distancia cada vez mayor con amplios sectores de estudiantes a los que cada vez se les hace más difícil costear sus estudios.
El Centro de Estudiantes, conducido por la Franja Morada es un claro ejemplo de un centro de gestión. Se limitan a transmitir las decisiones del decanato a los estudiantes sin cuestionar nada y vacian de contenido a un órgano que existe para defender los derechos de los estudiantes. Justamente porque responden a los mismos partidos políticos, como el radicalismo, que en todo el país han querido arancelar la educación y ponerla al servicio del mercado.
Movimiento Humanista, Nuevo Derecho y Reformistas nada dicen respecto al bono. se limitan a reproducir textualmente la información de la página oficial de la facultad excluyendo el pago obligatorio.
Luego de un año en el que la pandemia agravó la situación económica de las familias trabajadoras, y miles de jóvenes tuvieron que salir a laburar para ayudar a la economía familiar, tener que pagar un bono de ingreso es, a todas luces, un impedimento más para acceder a la educación.
Desde La Izquierda en Derecho no sólo rechazamos la implementación de este requisito sino que entendemos que es necesario organizarnos ingresantes, estudiantes de toda la carrera y las demás agrupaciones para enfrentar este y todo ataque a la educación pública, gratuita e irrestricta.
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