Presentamos el primer informe del Observatorio del Conflicto Social y Laboral de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al período que abarca desde el inicio de la cuarentena hasta junio inclusive.
Según datos registrados en el Observatorio del Conflicto Social y Laboral de la Provincia de Buenos Aires [1], en el período que abarca desde el inicio de la cuarentena hasta junio inclusive, se registran 657 acciones conflictivas directas que corresponden a 249 conflictos [2]. El 69% de las acciones y el de 65% de los conflictos se concentran entre la clase trabajadora ocupada. Los desocupados constituyen el 7,4% de las acciones de protestas y aparece como un actor social con su propia dinámica la juventud precarizada.
Con la profundización de la crisis sanitaria y económica, crecen las políticas de control social, la violencia policial y el gatillo fácil. Esto lleva a la aparición de reclamos de familiares de víctimas. También vecinos de barrios populares se manifiestan por condiciones de infraestructura, alimentos, y mejoras en los servicios públicos. El movimiento de mujeres y disidencias se expresa en repudio a femicidios y centralmente mediante iniciativas virtuales.
Se desarrollan, asimismo, protestas de pequeños comerciantes y productores por la reapertura de la actividad económica, así como de profesionales y monotributistas. Además, se inician motines y huelgas de hambre de personas detenidas exigiendo condiciones sanitarias y prisión domiciliaria, que se extienden y trascienden en grandes medios. También tienen lugar acciones de sectores de las clases medias acomodadas y pro empresariales, ligados a la oposición de derecha al gobierno y a los anti cuarentena.
La dinámica de los hechos de conflicto, las formas que éste asume y sus motivos varía según distintas coyunturas de la pandemia. Pero si tomamos en consideración el conjunto del período y la cantidad de acciones conflictivas, a partir del registro diario de 21 fuentes periodísticas (7 fuentes nacionales y 14 provinciales o locales) [3], podemos afirmar que la preeminencia en las acciones conflictivas la tienen la clase trabajadora y los sectores populares.
En la Provincia de Buenos Aires, la que algunos llaman “tierra arrasada” actualmente gobernada por Axel Kicillof, que reúne a más de 17 millones de habitantes y de la que depende gran parte de la economía nacional, en grandes fábricas multinacionales, PYMES, en el transporte, hospitales, sectores de comercio y gastronómicos, locales de comidas rápidas, con sus cajas de Rappi, Glovo, Uber Eats, Pedidos Ya, en sus lugares de trabajo o en las calles, los trabajadores ocupados lideran en cantidad de acciones conflictivas realizadas durante la pandemia.
La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué entonces la clase trabajadora de la provincia de Buenos Aires no aparece como un actor político y social con más fuerza en el escenario provincial y nacional? La realidad es que existen ataques generales como rebajas salariales, negativas de licencias, despidos, suspensiones, cierres, contagios en establecimientos de trabajo por malas condiciones de salubridad, ante lo cual les trabajadores fueron respondiendo según sus posibilidades y su organización, en algunos casos con sus sindicatos y delegados apoyando, en otros siendo presionados por las bases y/o sectores del sindicalismo combativo y la izquierda (ver gráficos sobre conflictividad obrera, tipo de acción por rama y acciones por tipo de organización). Pero son excepcionales las acciones que involucran al conjunto del gremio o provinciales, e inexistente la presencia de las centrales sindicales en las mismas. La CGT y la CTA no sólo no realizan medidas de fuerza sino que acuerdan descuentos salariales y suspensiones con el gobierno y los empresarios, a la vez que dejan pasar las políticas de ajuste y descuido de las vidas de las y los trabajadores, y el conjunto de los sectores que están siendo afectados.
Esto empuja a que el conflicto se de en forma fragmentada, sectorial o desde los establecimientos, sin conquistar masividad ni fuerza notable en las calles, sumado a una situación adversa con cuarentena en el AMBA y un progresivo crecimiento de los contagios, incluso en los lugares de trabajo (Ver COVID en fábricas y empresas del AMBA).
Al mismo tiempo, las organizaciones ligadas al gobierno nacional y provincial, que nuclean al movimiento de desocupados, actúan hasta aquí para mantener sin fuerza en las calles, y separado del conjunto del movimiento obrero, a este enorme sector social que hasta ahora viene siendo contenido con subsidios (AUH, IFE, Progresar, entre otros) [4].
¿Quiénes protagonizan la protesta social durante la pandemia?
Como señalamos al inicio, el 49,8% corresponde a acciones conflictivas de trabajadores en el sector privado, un 12,4% a estatales y un 7,5% a trabajadores precarios e informales. Es decir que un 69,7% de estas acciones se concentran entre la clase trabajadora ocupada, entre los que se destacan los gremios de alimentación en Mondelez planta Pacheco y Victoria (ex Kraft), transporte (choferes) y en salud. Como dato novedoso aparecen acciones protagonizadas por trabajadores precarios de las apps.
Las acciones de sectores organizados de desocupados representan un 7,6%. Están motivadas esencialmente por demandas de alimentos y subsidios. Entre las organizaciones que las llevan adelante se encuentran algunas opositoras al gobierno como el FOL, Polo Obrero, Movimiento Teresa Vive y MTR. También hay acciones de la CTA Autónoma. Como forma de protesta adoptan las movilizaciones distritales y el desarrollo de ollas populares, que también realiza Barrios de Pie. Es de destacar que las principales organizaciones ligadas al gobierno como la CTEP y CCC (los llamados Cayetanos), recién aparecen en la última semana de junio como parte de una jornada multisectorial por la expropiación de Vicentin.
El conflicto de las personas detenidas se expresa con fuerza, constituyen el 9,1% de las acciones mediante huelga de hambre que combinan con motines, con mayor presencia en Florencio Varela, Mar del Plata, La Plata y San Martín. Tienen por motivo el pedido de prisión domiciliaria y trato humanitario en las unidades penitenciarias con una correcta atención sanitaria.
La protesta de vecinos y ciudadanos representa un 5,6%. Aquí se incluye por un lado movilizaciones contra la cuarentena, la expropiación de Vicentin y cacerolazos en repudio a la liberación de presos. Por otro reclamos por cortes de luz y falta de infraestructura.
En cuanto a las acciones realizadas por pequeños comerciantes alcanzan un 2,1% y son motorizadas esencialmente por la reapertura de actividades, se destacan en Mar del Plata, La Plata, Tigre, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Ramos Mejía. Respecto a los monotributistas y profesionales representan un 1,2%, entre los que hay odontólogos, kinesiólogos y abogados de Mar del Plata, que combinan demandas que van desde subsidios hasta reapertura de actividades.
También se desarrollan movilizaciones por justicia frente a casos de violencia policial y gatillo fácil que se acrecientan en el Conurbano y la Provincia, representando un 2% de las acciones de protesta. Se reflejan en movilizaciones por justicia por Alan Maidana (Berazategui), Alex Campos (Cañuelas), Fernando Leguizamón (Quilmes).
El movimiento de mujeres y disidencia que se veía expresando significativamente en las calles previamente a la pandemia, en este período contempla un 1,1% de las acciones, a través esencialmente de las redes sociales y contra los femicidios y la conmemoración del 3J. También se registran casos de femicidios que generan movilizaciones por reclamos de justicia por parte de familiares y vecinos como el de Claudia Repetto en Mar del Plata.
¿Cuáles son los motivos de las protestas y qué representatividad tienen?
Como muestra el gráfico, entre los motivos de las protestas laborales predominan el pagos de salarios adeudados, suspensiones o rebajas salariales con 33,6% como se ve en el conflicto de Danone La Serenísima (Almirante Brown), Cerro Negro (Olavarría y Campana), Fate (San Fernando), Recolectores de residuos (Tandil), entre otros. Luego un 14,4% de las protestas son por condiciones de seguridad, salud e higiene. A modo de ejemplo transcurren en Bimbo (San Fernando), Mondelez (Pacheco), Hospital Higa y portuarios (Mar del Plata), frigorífico Santa Giulia (Alejandro Korn) y El Federal (Quilmes); 10,8% son reclamos contra despidos, cierres y vaciamientos, como se refleja en la fábrica La Nirva (San Justo), Dánica (Lomas de Zamora), Valot (Quilmes); 2,9% por condiciones laborales y regulación del contrato laboral impulsadas por SUTEBA Matanza, docentes agremiados en ADUNLU (Luján) y La Red de Precarizados con movilizaciones del AMBA en la CABA, en La Plata y Esteban Echeverría, entre otros; 2,26% por cumplimiento de cuarentena y licencias en Fernet Branca (Malvinas Argentinas), La Salteña (Burzaco), entre otras. Paritarias, recomposición salarial y bono representa el 1,9% de los motivos, concentrado en municipales (por ejemplo Berazategui).
Las demandas por condiciones de vida que incluyen infraestructura, vivienda, alimentos, sanitarias y subsidios aparecen con un 9,2%. Tienen como protagonistas a vecinos o ciudadanos en barrios populares como Villa Azul y Villa Itatí.
La exigencia de justicia en los casos de violencia policial, gatillo fácil y represión contempla un 1,2% de la intención de las protestas.
Los reclamos por reapertura de actividad económica alcanzan un 3,6%.
Las demandas de los detenidos por prisión domiciliaria y cumplimiento de derechos representan el 9,2%.
Los motivos más políticos que tienen que ver con pedido de respuestas al gobierno y a la justicia alcanzan cerca de un 5%. Se registran acciones nacionales con presencia provincial de las organizaciones del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, así como también de organismos de derechos humanos y laborales que van desde demandas de acciones de fondo frente a la pandemia, como por la prohibición de despidos y suspensiones. Más adelante, aparecen en lugares residenciales con composición de clase media protestas que abarcan un repertorio de acciones desde cacerolazos, banderazos y caravanas, de las que participan ciudadanos de la PBA, en las que priman exigencias de flexibilización de la cuarentena y reacciones frente a medidas del gobierno, y el rechazo a la expropiación de Vicentin. De manera minoritaria “contra el comunismo”.
¿Qué formas asume el conflicto social y laboral?
El repertorio del conflicto social y laboral varía según los sujetos. Los paros/quite de colaboración o retiro de lugar de trabajo realizados por trabajadores representan un 21,5% de las formas que asume la protesta y 6,2% las ocupaciones de fábrica. Un 4,8% son bloqueos y un 9,1% asambleas de trabajadores.
Las movilizaciones, cortes, marchas, caravanas y concentraciones llegan al 28%, y tienen entre sus actores sectores medios y pro empresariales alentados por los partidos de la oposición de derecha. En las últimas semanas, se realizan también algunos reclamos en la calle de ATE y sectores opositores de SUTEBA contra las medidas tomadas por el gobierno provincial de pagar con fondos de IOMA a los privados.
Entre las acciones que se engloban en otras, un 7,36%, aparece un nuevo repertorio de protesta como los “tuitazos”, que son desarrollados por organizaciones políticas referenciadas en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Utilizan este método de protesta convocatorias “ciudadanas” para acompañar los cacerolazos, pero también por sectores de trabajadores como es el caso de las y los trabajadores de comidas rápidas y TodoModa. Otra modalidad de protesta incluida acá es la adoptada por dueños de restaurantes y gastronómicos en Mar del Plata, los “restaurantes a cielo abierto”.
Mientras que un 8% de son ollas populares, en un contexto de creciente pobreza.
La huelga de hambre y el motín representa un 10 %.
Hay cacerolazos con distintas demandas que van desde el rechazo a las excarcelaciones al pedido de levantamiento de la cuarentena, que alcanzan el 2,5%.
Conflictividad obrera
Se registran 164 conflictos protagonizados por trabajadores, que implican 465 acciones directas. Son 61 los conflictos que incluyen medidas de paro, quite de colaboración o retiro del lugar de trabajo.
Tienen mayor intensidad en cantidad de jornadas de acción los conflictos por pagos adeudados y rebajas salariales, sin embargo en cantidad de conflictos representan la misma proporción que por motivos de seguridad e higiene.
Como se aprecia en el gráfico que sigue, la mayor parte de la conflictividad obrera se desarrolla con paros o quites de colaboración, así como medidas que saltan los marcos legales como las ocupaciones de fábricas y los bloqueos de portones, y asambleas deliberativas (muchas de ellas implican también la paralización de la actividad) que tienen a los empresarios los principales destinatarios de la acción. Se desarrollan también acciones de movilización que en su mayoría se dirigen a cortes o marchas distritales, y algunas más minoritarias que se dirigen también a la CABA, que abarcan en su mayor parte a trabajadores estatales e informales.
Mayor conflictividad en la rama alimenticia, seguida de transporte y salud
La mayor conflictividad se concentra entre los llamados “esenciales”. Un 22% se desarrolla en la rama alimenticia, que incluye fábricas y frigoríficos que se encuentran bajo convenio de alimentación, pasteleros, y carne. Seguido de un 14% en la rama de transporte, centralmente en transporte de colectivos (gremio además atravesado por una disputa intergremial), y en menor medida por el transporte marítimo y minoritariamente el aéreo. El sector de salud e higiene, la llamada primera línea, representa un 12% que en su mayoría abarca a trabajadores estatales. Ante la imposibilidad de acciones de paro en el caso de hospitales se registran caravanas, asambleas, concentraciones y movilizaciones.
Los conflictos en la administración pública representan un 10%, aquí se destacan conflictos de trabajadores municipales en muchos distritos. Siguen las ramas de comercio y gastronomía que entre ambas suman el 9% de los conflictos.
Los sectores precarizados que aparecen en distintas ramas (plataformas, tercerizadas, comunicaciones donde se encuentran los call center) suman un 4%.
Centrales sindicales: CGT y CTA en cuarentena estricta
Desde el comienzo del ASPO son más de 5 millones a nivel nacional los afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario como reflejamos en el ODPLID y 689.677 en la PBA. A esto hay que sumar que los aumentos paritarios para muchos sectores están prácticamente ausentes, siendo que los meses de marzo a junio son los meses en que se renuevan la mayoría de los acuerdos salariales.
Son 2.832.340 millones [5] en la PBA los que viven con magros $10 mil de IFE y otros subsidios, siendo que la canasta básica familiar se estima según el INDEC en $43.080 (y más lejos aún se encuentra de poder cubrir los $67.372 estimados por los trabajadores de ATE-Indec).
La inflación acumulada desde comienzo de año ronda el 14% lo que significa un ataque a las condiciones de vida del conjunto del pueblo trabajador y las capas bajas de las clases medias.
En las acciones de resistencia que existen en el período analizado, se destaca la tregua de las centrales sindicales. La intervención de la CGT y CTA es para avalar las medidas de mayor flexibilización como la ley de teletrabajo, y el pacto de CGT con el gobierno y los empresarios de las rebajas salariales.
No existen acciones de ningún tipo tampoco de los gremios mayoritarios estatales en la PBA como la conducción provincial de SUTEBA a pesar la existencia de miles de docentes que perdieron sus cargos, las condiciones de teletrabajo y el empeoramiento enorme de las condiciones de vida de las familias que asisten a la escuela pública, del salto operado en el vaciamiento de IOMA con la entrega de $400 millones a prestadoras privadas y del desdoblamiento del aguinaldo en cuotas. Tampoco se registran acciones por parte de ATE en el plano provincial.
Aún en las ramas en las que existe más conflictividad (gráfico 5), el desarrollo de las acciones se da por lugar, en forma fragmentada, son muy escasas las acciones provinciales o nacionales por parte de los sindicatos de rama [6].
A pesar de ser las ramas donde se registra mayor conflictividad, no hay acciones provinciales de gremios como pasteleros o alimentación, comercio, gastronómicos. La UTA, que toma una medida en el interior del país, amenaza dos veces con un paro en el interior de la PBA del cual retrocede.
En el gráfico que sigue se aprecian los sectores que encabezan las acciones. Aparecen en forma mayoritaria comisiones y juntas internas y delegados en el 50% de las acciones, en tanto los sindicatos aparecen casi en un 24%, por otra parte aparecen sectores encabezando las acciones en un 24% sin representación gremial definida [7]. Las organizaciones político sindicales, encabezadas por la izquierda un 5% de las acciones que en general incluyen movilizaciones [8].
La mayor parte de las acciones de resistencia son encabezadas por comisiones internas o delegados, que son las organizaciones sindicales que tienen mayor contacto y presión más directa de sectores de las bases.
Existen en el período ejemplos donde ésta presión se manifiesta en acciones que obligan a la intervención de las propias comisiones internas, como el paro en Mondelez Pacheco por casos de COVID positivo que es impuesto por asamblea, o que exceden acuerdos previos hechos por el sindicato, como en el Frigorífico Santa Giulia en Alejandro Korn donde se impone por asamblea mantener el paro frente a casos de COVID, a pesar del acuerdo de la federación.
En las dos ramas con mayor conflictividad se conjugan ataques salariales con contagios en los lugares de trabajo. Pero también aparecen otros factores que pueden incidir en empujar a mayor conflictividad: por ejemplo en el gremio de la alimentación existe además una oposición sindical ligada al sindicalismo combativo y a la izquierda clasista que tiene influencia; en pasteleros aparece con fuerza un nuevo sector sin organización previa como es el de comidas rápidas, además de que existen también internamente sectores no alineados en forma directa con la conducción, como en el gremio de la carne.
En el marco de una jornada nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), se realiza un acto con corte en zona norte. La Coordinadora de Trabajadores de zona sur del GBA, por su parte, realiza una acción solidaria en Villa Azul.
Primeras conclusiones
Como vimos en este primer informe del Observatorio del Conflicto Social y Laboral de la Provincia de Buenos Aires durante la pandemia, se expresa en términos de acciones conflictivas y cantidad de conflictos una preponderancia de los reclamos de trabajadores ocupados, junto a desocupados, familiares de víctimas de gatillos fácil y femicidios, vecinos de barrios humildes. Este conjunto de conflictos que se despliegan en un repertorio de múltiples acciones, tienen hasta ahora como destinatarios a los empresarios, gobiernos municipales y en menor medida al gobierno provincial y nacional. Las demandas mayoritarias reflejan necesidades económicas y sanitarias, también alimentarias, de infraestructura, así como de repudio al accionar policial represivo.
Si las demandas y los conflictos protagonizados por estos sectores no aparecen con más fuerza en la escena nacional, se debe principalmente a algunas cuestiones que adelantamos al inicio, a la fragmentación de los reclamos y luchas de las y los trabajadores y sectores populares. Esta fragmentación, que significa que cada sector pelea por lugar pero no une sus demandas y sus fuerzas para dirigirlas a accionar todas juntas (como sí están haciendo los sectores ligados a la derecha a nivel nacional), es producto de la política de las centrales sindicales, conducciones de los sindicatos en general y las direcciones de los movimientos territoriales mayoritarios.
Es decir que si analizamos la conflictividad de la clase trabajadora, así como de los movimientos sociales y sectores populares de la provincia, se ve un movimiento interesante por abajo con importante presencia de delegados de base y comisiones internas, de los sindicatos, y una multiplicidad de formas de protesta y resistencia, aunque por ahora limitada por el papel de los gremios, centrales y movimientos sociales, responsables de que prime la fragmentación, los reclamos sectoriales y las movilizaciones lejos de los principales centros de poder y mediáticos. El sindicalismo combativo y clasista aparece como una alternativa que se puede desarrollar.
Varios interrogantes quedan para el desarrollo de la conflictividad en el futuro, que estará atravesada por un escenario económico seguramente más convulsivo con nuevos pagos de deuda. Entre los más importantes que surgen de este estudio, se encuentra la capacidad a futuro de los trabajadores y sectores populares de unir el conjunto de sus demandas y expresarlas coordinadamente en acciones, y relacionado con esto, la capacidad de sacar a los sindicatos de la tregua actual, y de levantar un programa a favor de las demandas de las grandes mayorías.
Equipo de investigación
Esta iniciativa es parte de un proyecto global construido por investigadores y estudiantes que vienen realizando el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario (ODP-LID), los Observatorios de Despidos de Santa Fe, Mendoza y Jujuy, el Observatorio de Género y el Observatorio de Salud de La Izquierda Diario.
El OCSyL PBA está integrado por sociólogos/as, politólogos/as, trabajadores sociales, docentes y estudiantes de la UNLa (Universidad Nacional de Lanús), UNLaM (Universidad Nacional de La Matanza), UNSaM (Universidad Nacional de San Martín), UNMDP (Universidad Nacional de Mar del Plata), UNS (Universidad Nacional del Sur), UNQ (Universidad Nacional de Quilmes), UNLZ (Universidad Nacional de Lomas de Zamora), (UNAJ) Universidad Nacional Arturo Jauretche, (UBA) Universidad de Buenos Aires, distintos institutos de formación docente y trabajadores.
Coordinación general: María Chaves, Sol Cheliz, Sofia Lopez
Equipo de investigación: Pablo Callau, Fernando Jesús Barraza, Macarena Schvintt, Valentín Casas, Emiliano Palma, Eugenia Lugones, Pablo David Suárez, Alonso Denise, Betina Reguito, Lorena Savioli, Adrián Pablo Blanco, Carolina Aldana Herrera, Juan Cisnero, Germán Leonardo Romano, Santiago Trinchero, Nicolás Bendersky, Camila Rivero, Leila López, Daniela Gómez.
Equipo técnico y diseño gráfico: L. Vera, Santiago Javier Peretti, Carolina Gonzalez Massad.
Para contactarse: [email protected]
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