Poder Judicial. Panqueques: la familia judicial huele nuevos aires

La realidad, cada vez más seguido, nos viene a demostrar que la independencia de poderes es casi como uno de esos mitos urbanos: todo el mundo cree en ellos, pero en realidad no existen. Más allá de la división formal, estos siempre responden a los intereses de la clase dominante.

Esta semana trascendieron declaraciones de Alberto Fernández donde reivindicó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluidos a los dos hombres que el macrismo se encargó de sentar en sus sillones: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rossatti.

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“La Corte nunca hizo algo que me hiciera reaccionar en términos de derecho; seguramente dictaron decisiones que no me gustaron o que me gustaron menos que otras... pero todas estuvieron fundadas”. Así se expresaba el candidato del Frente de Todos, luego de haber sido destinatario de un masivo voto castigo contra Macri y su gobierno.

Fernández es un gran conocedor de los vericuetos y relaciones a tejer con jueces, Cámaras Federales y los mismos ministros de la Corte.

Recordemos que es un viejo operador político, que junto a Néstor Kirchner, desarticuló la llamada “mayoría absoluta” menemista de la CSJ, para dar lugar a otra más acorde a las necesidades de recomposición que tenía el poder político del Estado después del 2001.

En aquel momento el mismo Alberto Fernández impulsó la candidatura de Elena Highton, con la cual mantuvo siempre buenas relaciones. Otro tanto pasa con otro de los “supremos” Juan Carlos Maqueda, de origen peronista, y también con quien fuera el primer ministro de Justicia de Kirchner, Horacio Rosatti.

Para fortalecer esos vínculos y renovar la llegada a jueces de primera y segunda instancia, está Marcela Losardo, su propia operadora judicial.

Losardo es una ex funcionaria menemista, que luego se hizo duhaldista y más tarde recaló en el gobierno de Néstor Kirchner. Fernández la había ubicado como segunda del área de Justicia.

Hombres y mujeres claves para que ahora el Poder Judicial vuelva a ser oficialista, pero de otro color.

Lo que desde las filas de la dupla Fernández-Fernández continúan mirando con desconfianza es a Comodoro Py, donde habitan los jueces federales que más abiertamente en estos cuatro años siguieron la línea política de Cambiemos con respecto a la persecución judicial de los adversarios.

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Ahí está el festival de prisiones preventivas que realizaron jueces como Claudio Bonadio (quien finalmente podría jubilarse a fin de año), Julián Ercolini, Gustavo Hornos, entre otros.

Recordemos que la prisión preventiva, más conocida como "doctrina Irurzun" por ser el juez que más la ha fundamentado, desde el punto de vista de las libertades democráticas es un instrumento peligroso. Las personas pueden ir presas sin tener condena firme, a criterio del juez de la causa. Primero van presos y luego se investiga.

"Tengo estos principios y si no les gusta, tengo estos otros". Ese es el lema de Groucho Marx, que varios jueces por estos días recordaron con cariño.

Panquequeada judicial

Los tribunales federales comienzan a investigar a funcionarios que se van y sobreseer, al menos en algunas causas, a los que están por "volver".

Dos causas emblemáticas que confirman esta afirmación las podemos encontrar en la del Correo Argentino y la del soterramiento del tren Sarmiento.

La primera involucra directamente a la familia Macri y uno de sus funcionarios, Oscar Aguad.

Con las firmas de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, resolvió mantener abierta la causa del Correo Argentino SA, en la que se investiga la “quita abusiva” en la deuda millonaria que la empresa del Grupo Macri mantiene con el Estado.

El funcionario que habilitó esta quita abusiva fue el ministro de Defensa Oscar Aguad, cuando dirigía la cartera de Comunicaciones. En esta causa Aguad está al borde del procesamiento.

En tanto la causa que investiga el soterramiento del tren Sarmiento, los mismos jueces federales, Irurzun y Bruglia, revocaron el procesamiento de Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y Manuel Vázquez y anularon el sobreseimiento de Ángelo Calcaterra -primo del presidente, quien dirigía la constructora IECSA, cuando le fue adjudicada esta obra-.

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Todos están investigados por el pago de coimas de parte del consorcio integrado por las firmas Odebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella para soterrar el tren Sarmiento.

Los camaristas, en su resolución, indicaron que en el dictamen del juez Martínez de Giorgi no se realizó el análisis necesario en ese expediente y marcaron una serie de inconsistencias.

El fallo de Irurzun y Bruglia sorprendió a más de uno. Bajo la doctrina Irurzun exfuncionarios kirchneristas, sospechados en hechos de corrupción, fueron detenidos sin sentencias firmes con la excusa de que podían entorpecer el curso de las investigaciones.

Hasta el enemigo público del kirchnerismo, que brindó importantes aportes a Cambiemos a través de sus fallos, esta semana comenzó a investigar las irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo.

A dos semanas de las PASO, el juez Claudio Bonadio investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de esta obra. La denuncia penal fue presentada por Cecilia Segura Rattagan, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Bonadio pidió a la empresa Autopistas Urbanas que le entregue documentación sobre la licitación del proyecto.

Esta es la obra con la cual el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se promocionó durante la campaña electoral.

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El principal tramo de la licitación fue adjudicada a la empresa IECSA, propiedad en ese entonces de Ángelo Calcaterra, primo del presidente. Posteriormente vendida a Marcelo Mindlin.

Otra de las causas es la llamada “dólar futuro”. Acá, los principales procesados son Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Esta semana el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 ordenó un peritaje contable a cargo de expertos de la Corte Suprema.

La defensa de otro procesado, Miguel Ángel Pesce, exvicepresidente del Banco Central, inició el pedido. Este procedimiento fue solicitado en 2017 y autorizado por el TOF ese mismo año. Curiosamente, o no tanto, recién luego del resultado de las PASO dieron la orden de que se realice.

Este peritaje contable es clave porque según el resultado que arroje puede dar paso al cierre de la causa.

La familia judicial tiene olfato político y saben cómo comenzar a acomodarse frente al cambio de mano del poder estatal. Con sus fallos muestran su ideología, pero también emiten señales que les permite acomodarse a los nuevos tiempos.

Por lo visto las panquequeadas no son exclusivas de los políticos tradicionales ni de los periodistas.