SANTÍSIMA IMPUNIDAD. Para el obispo Olivera, a los genocidas presos no se les respetan sus “derechos humanos”

El obispo castrense, Santiago Olivera, criticó este martes la prisión preventiva y la omisión del otorgamiento del beneficio de su cumplimiento domiciliario cuando se es mayor de 70 años, para los militares acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Olivera habló sobre “Detenciones y Derechos Humanos” en el V Curso Internacional de Formación de los Capellanes Militares Católicos al Derecho Internacional Humanitario, que se lleva a cabo en el Instituto Patrístico Augustiniano de Roma.

Entre otras cosas sostuvo “querer justificar acciones por violaciones a los derechos humanos, violando esos mismos derechos es un contrasentido. Lamentablemente a veces se puede recurrir a prácticas que, intentando ser ejemplares, desembocan en situaciones de flagrante violación a las normativas sobre la prisión preventiva, aún a personas mayores de 70 años y con claro deterioro en su salud, por ejemplo, llevándolos a las salas de audiencias en camillas”, aseveró en su exposición.

La flagrante omisión del obispo castrense es la de no enmarcar la impunidad de la que gozan la mayoría de los genocidas. Comenzando por que hace más de 40 años los familiares y sobrevivientes del genocidio luchan por obtener una cuota de justicia, y la gran mayoría de las víctimas aún no la obtuvieron. En gran medida esto se debe a que todos los gobiernos pos dictadura beneficiaron a los perpetradores del genocidio de clase, por no entregar los archivos de la dictadura, los cuales podrían permitir conocer a quienes fueron entregados los niños nacido en cautiverio y juzgar a todos los responsables de los 30.000 desaparecidos, tanto los civiles, militares, además de los colaboradores de las iglesias, en particular la católica.

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No solo esto, muchos militares se fugaron cuando fueron imputados por crímenes de lesa humanidad. Como ejemplo, recordemos que hace tan solo un año, 200 familias sanjuaninas lograron que se condenen a los responsables de la desaparición de sus seres queridos.

El 23 de octubre de 2018 el Tribunal Federal Oral condenó a once represores a perpetua, otros dos recibieron penas menores por delitos de lesa humanidad y tres fueron absueltos. Fueron 200 las víctimas que abrieron las causas del Segundo Megajuicio que se realizó en la provincia de San juan. Entre los condenados se encuentran Jorge Olivera y Gustavo De Marchi.

En julio de 2013, en la provincia de San Juan, culminaba un juicio contra seis militares por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Entre los procesados y condenados se encontraban Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Ambos, pocas semanas después de recibir la sentencia, lograron fugarse del Hospital Militar Central Cosme Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, a donde habían sido trasladados por supuestas cuestiones médicas.

Ambos genocidas habían pedido ser trasladados de urgencia al penal de Marcos Paz para ser atendidos en el hospital Argerich, pese a no haber mostrado signos de enfermedad alguna durante los quince meses que duró el juicio.

Al finalizar la dictadura, Jorge Olivera fue procesado y detenido por el crimen de Erize, pero quedó libre por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final promulgadas por el gobierno de Alfonsín. En el año 2000, mientras paseaba por Roma, fue detenido por el mismo delito. Allí, por primera vez, se dio a la fuga.

Olivera y De Marchi no son los únicos que se fugaron. Por entonces, al menos 60 genocidas estaban prófugos de la Justicia. Entre ellos Esteban Sanguinetti, el principal responsable de la desaparición del conscripto Alberto Ledo, por el cual se está llevando adelante el juicio en los Tribunales de Tucumán, donde están siendo juzgados Sanguinetti y César Milani.

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En 2004, Ernesto “Nabo” Barreiro, quien se jactó de haber creado métodos de tortura que implementó en el centro clandestino La Perla, en la ciudad de Córdoba, huyó del país y se radicó en el estado de Virginia, Estados Unidos. El 1° de abril de 2006 fue arrestado, acusado de fraude en el trámite para obtener la visa. El Nabo Barreiro, de quién se sospecha que una de sus hijas es apropiada, fue condenado y recientemente obtuvo el privilegio de la detención domiciliaria.

Barreiro, quien robaba a las víctimas y se quedaba con su dinero y objetos de valor, estuvo imputado por 228 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y el robo de una menor. Sin embargo, goza de un arresto domiciliario.

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Asimismo, Monseñor Olivera dijo que en los dos años que lleva como obispo castrense y, tras escuchar a familiares y acusados, puede dar testimonio de “las injusticias que se van cometiendo” y agregó “en mi país, en el estado de prisión preventiva, un número considerable de estos detenidos pierden la vida por falta de la debida atención médica, que deberían poseer acorde a su edad avanzada”. Mienten, en las cárceles, los que se mueren por no recibir debida atención son los presos comunes, mientras de que los militares son atendidos como corresponde.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación muestran que, hasta marzo de 2018, hay 1.034 detenidos en causas por delitos de lesa humanidad. De ese total, un 56,1% tiene el beneficio de la prisión domiciliaria, un 39,7% está alojado en cárceles del servicio penitenciario, y el 4,1% se encuentra detenido en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

Además, la forma en que se ha empleado para juzgar a los responsables de la muerte de los 30.000 desaparecidos y el robo de bebés, permiten que muchos de ellos mueran impunes. Si se hubiera juzgado por centro clandestino de detención, hoy estarían procesados y condenados todos los responsables, civiles, militares y eclesiásticos.

El obispo castrense afirmó que “se puede hablar de una mala praxis judicial en los llamados juicios de lesa humanidad ya que a todos los imputados se los priva de libertad entre tanto se produce la sustanciación de la causa” y sostuvo: “No se respeta en absoluto el máximo legal para dicho estado de detención que alcanza a una duración máxima de prisión preventiva de 2 años, pudiendo extenderse por causa justificada a los 3 años”. Acá también se “olvida” de otro dato. El 57 % de la población carcelaria, están presos sin condena. Muchos de estos detenidos son por delitos menores.

El obispo castrense, nombrado por el papa francisco, impunemente afirma que “cuando hablamos de derechos humanos debemos hacerlo en su concepción absoluta, es decir, para todos, sin ideologías, en la verdad y en la justicia”. El “todo” de Olivera parece bastante parcial.

Tan parcial que sostiene: “No podemos permanecer callados cuando se priva a los acusados del derecho fundamental del debido proceso… es muy frecuente que las malas condiciones con las que se enfrentan los detenidos y, en general, las violaciones de sus derechos, sean el resultado de actos intencionales y deliberados”.

Una acertada declaración si se refiriera a los presos comunes, que son tratados de forma deplorables en los lugares de encierro. Mientras que los militares detenidos, por haber cometidos crímenes aberrantes, son tratados con todos los privilegios.

El último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reveló que existen unas 469 personas imputadas por crímenes de lesa humanidad que aún no fueron llamadas a prestar declaración indagatoria.

Pasaron 43 años del golpe militar que llevó adelante un genocidio de clase. Apenas un puñado de responsables militares fueron juzgado. Cuatro décadas después, la mayoría de los familiares no saben qué pasó y dónde fueron enterrados los 30.000 desaparecidos. En tanto los militares procesados gozan de todos los derechos judiciales.

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