La ministra de Seguridad busca una nueva oportunidad para mostrar su política de mano dura anunciando un "Protocolo de Orden Público" que sancione a quienes corten calles. Después del anuncio de ajuste brutal por Caputo y Milei esta semana, se preparan para más protestas porque saben que esas medidas generan más pobreza y desempleo. Un protocolo similar, anunciado por la misma funcionaria, había fracasado en el 2016 por la propia movilización social. Es necesario organizarse para garantizar el derecho a la protesta, como están convocando movimientos sociales, gremiales y de izquierda a llenar las calles el próximo 20 de diciembre.
Jueves 14 de diciembre de 2023 18:24
Esta tarde, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del presidente Javier Milei, realizó una conferencia de prensa para anunciar un "Protocolo de Orden Público". La intención es prepararse para la respuesta en las calles contra la batería de anuncios de ajuste que incluyen tarifazos, despidos y un salto del tipo de cambio del 118% que revienta el salario. Un ataque brutal y generalizado brutal sobre los sectores populares, mientras los salarios, jubilaciones y planes sociales no aumentan.
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Bullrich dispuso que sean las fuerzas federales las responsables de intervenir para desalojar cualquier corte, piquete o bloqueo de las vías de tránsito, sean totales o parciales. "La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple" afirmó, argumentando que las fuerzas actuarán aplicando el código procesal vigente para los delitos que ocurran en flagrancia.
Bullrich anuncia su plan represivo para pasar el brutal ajuste anunciado por Caputo-Milei. Quiere amedrentar a quienes salgan a enfrentar la política criminal que generará más hambre y pérdida de puestos de trabajo. ¡Vamos a ejercer el legítimo derecho a la protesta!
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 14, 2023
Anunció que próximamente tienen intención de enviar un nuevo proyecto de ley para reformar el artículo 194 del Código Penal. Cabe mencionar que este artículo se utiliza para perseguir y procesar a la protesta social, pero resulta inconstitucional por restringir el derecho a la protesta y fue instituido por la dictadura de Onganía. Incluso muchas personas que fueron procesados por el artículo 194 finalmente fueron sobreseídos porque se demostró que no era aplicable, dejando en evidencia la criminalización de protestas legítimas y no penables.
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Como dijo la diputada nacional del Frente de Izquierda, y abogada de derechos humanos, Myriam Bregman, "Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo."
Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo.
— Myriam Bregman (@myriambregman) December 14, 2023
La legislación que rige el funcionamiento del servicio penitenciario impide hacer lo que dijo Bullrich. Sencillo.
— Myriam Bregman (@myriambregman) December 14, 2023
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Además, Bullrich sumo medidas que lejos de relacionarse con garantizar el tránsito, como argumentan justificando la política represiva, son para perseguir a cualquier opositor al gobierno o que intente manifestarse en oposición a sus políticas. Afirmó que "se van a identificar vehículos, conductores, infracciones administrativas, proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de transito o cuyos conductores no tengan la documentación que tengan que tener." También que se revisará en las estaciones de tren a las personas por "materiales que deban ser incautados" y a quienes no deseen ser reconocidos por las fuerzas de seguridad. Asimismo, que los datos de los organizadores serán remitidos a las autoridades de aplicación pertinentes y se creará un registro para quienes participen de las protestas.
Bullrich mostró su especial ensañamiento mostró con mujeres e inmigrantes, ya que se sancionará a quienes participen de movilizaciones con sus hijos/as, menores, y en caso de que las personas participando de una manifestación tengan nacionalidad o procedencia de otro país, su información será remitida a Migraciones. Esto, sabiendo que son parte de la población que peores condiciones de trabajo y de vida tienen, y que pueden ser parte importante de las manifestaciones contra el ajuste.
Un protocolo similar quiso implementar Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, pero su efectiva aplicación nunca llegó. Las movilizaciones no se frenaron a pesar de las amenazas represivas, y hubo movilizaciones masivas que dejaron en crisis al gobierno de Macri, como fue la aprobación de la reforma jubilatoria en el 2017.
Esta nueva versión del mismo intento fallido, viene recargado con una formulación que busca endurecer la persecución antes, durante y después de cada movilización, a los individuos y a las organizaciones que participen. La idea de "mandarle la factura" a quienes realicen los cortes de calle, para cubrir los costos del uso de las Fuerzas de Seguridad, resulta una provocación novedosa. Como si alguien fuera a pagar por ser reprimido, golpeado, detenido o le armen una causa. En todo caso, cabe preguntarse si uno no paga esa factura, ¿las fuerzas de seguridad entonces no ejercerían la orden de reprimir?
El reconocido constitucionalista Roberto Gargarella criticó duramente la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad de Milei. Señaló que “lo urgencia democrática es otra: frente a medidas que causan daño y afectan derechos, todos necesitamos enterarnos de las quejas que se generan, su dimensión, sus razones”.
Pésimo lo de la Ministra, sobre los piquetes. Como si se tratara de la actitud de unos aprovechadores q hacen del corte de calles su deporte. Lo q está en juego es otra cosa: el derecho de criticar y protestar de los q no tienen poder para hacer lobby o escribir en los medios
— roberto gargarella (@Rgargarella) December 14, 2023
Alejandrina Barry, hija de desaparecidos asesinados por la dictadura genocida, dijo en las redes sociales que se trata de "un brutal plan represivo, única manera de aplicar las medidas de Milei de miseria planificada. Vamos a defender el constitucional y legítimo derecho a la protesta."
Patricia Bullrich anuncia un brutal plan represivo, única manera de aplicar las medidas de Milei de miseria planificada. La única libertad que te permiten es la de morirte de hambre. Vamos a defender el constitucional y legítimo derecho a la protesta.
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) December 14, 2023
Cada derecho de las y los trabajadores, sectores populares, mujeres y jóvenes fue obtenido por la organización y la lucha; por eso para avanzar sobre estos tienen que buscar darle legitimidad a la represión. Una legitimidad que está en disputa, en el terreno político, ideológico, y también en las calles. Porque cuando aplicaron un poco de la represión que arengan, con graves consecuencias como los detenidos y heridos de diciembre del 2017 en Plaza Congreso, o Santiago Maldonado, implicó profundas crisis políticas para el gobierno de Macri. Sin embargo, las políticas de control social, persecución a la protesta y manifestaciones fueron parte también de gobiernos kirchneristas y peronistas, con funcionarios como Sergio Berni desalojando a las familias en Guernica o a los trabajadores despedidos de Lear en Zona Norte. Incluso la ex ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, mantuvo discursos de ataque permanente contra los movimientos sociales que reclamaron aumento en los subsidios y planes sociales bajo el ajuste de Massa y Unión por la Patria. Una estigmatización sobre la cual los sectores de la derecha más recalcitrante se apoyan ahora.
Los argumentos de Bullrich que buscan darle apoyo legal al nuevo protocolo son tan falsos como el objetivo de hacerlo en función de la "libre circulación". El derecho a expresarse, a criticar las medidas del gobierno, a manifestarse e incluso a la huelga son derechos reconocidos por nuestro orden constitucional y a nivel internacional como de primer orden. Porque es la única forma que tienen las grandes mayorías de defenderse de las políticas de hambre, de los ataques al movimiento feminista o de diversidad sexual, de los despidos arbitrarios y ajuste en las condiciones de vida. Las protestas surgen de la necesidad, y bajo los nuevos anuncios de Caputo y Milei, las necesidades vitales se hacen más urgentes.
El plan de gobierno es anunciar un brutal masazo a los ingresos populares, a las condiciones de vida de la clase trabajadora, junto con medidas represivas. Buscan que la crisis económica sea descargada sobre nuestras espaldas. Pero al mismo tiempo buscan cambiar una relación de fuerzas más profunda, en todos los planos: económicos, laborales, sociales y libertades democráticas. Por eso es el momento de organizarse y mostrar la fuerza que tanto temen se muestre en las calles. El próximo 20 de diciembre, ya organizaciones sociales y de trabajadores están convocando a mostrar en las calles el rechazo a las políticas de Milei. En cada lugar de trabajo, barrio, escuela, colegio y universidad, las mujeres, la juventud, los y las trabajadoras necesitamos unirnos para torcer la balanza a nuestro favor.