Una comparación histórica. Partido judicial y partido militar

Desde La Izquierda Diario hemos definido que el 18 de febrero planteó el primer gran desafío de masas del “partido judicial” hacia el kirchnerismo.

Mientras que para nosotros la idea de “partido judicial” está ligada a la de corporación que representa los intereses de clase para erigirse como freno del bonapartismo kirchnerista y un árbitro de la situación, frente a la debilidad de la oposición burguesa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también ha apelado a la misma noción para advertir de que se trata de una corporación golpista, asimilándola a la noción de partido militar, para subrayar que se trata de una nueva forma de golpismo de una casta que el gobierno amparó y utilizó en un pasado reciente lleno de complicidades mutuas.

El partido militar

Ciertamente la utilización de la categoría de “partido judicial” obliga a compararla con el antecedente histórico de la intervención política de la casta militar.

El partido militar fue un actor central de la política argentina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que se erigió como árbitro de la disputa interburguesa y garante de la proscripción política de la clase obrera (y el peronismo).

El partido militar a partir de la Revolución Libertadora de 1955, fue la avanzada de la ofensiva del imperialismo yanqui en Argentina. Como tal, actuó como árbitro de la situación cada vez que la irrupción de la clase obrera ponía en peligro la estabilidad burguesa frente a la debilidad de los gobierno civiles del régimen que fracasaban en su intento de poner freno a la lucha de clases o amenazaban con poner fin a la proscripción del peronismo, que era la dirección política reconocida por la clase obrera.

El partido militar no era homogéneo y en alguna ocasión dirimía sus disputas en las calles como en abril de 1963 cuando azules y colorados se enfrentaron violentamente para dirimir la disputa por la dirección de las FF.AA. Resumiendo: la clave del partido militar era que cumplía el papel de árbitro, dando golpes de estado que ponían fin a interregnos civiles generalmente con el apoyo de los mismos partidos que participaban del interregno civil. El golpe de Juan Carlos Onganía de 1966 contra el radical Arturo Illia fue el proyecto corporativo más ambicioso del partido militar, ya que se planteaba como un cambio completo de régimen político y no como una suspensión momentánea de la Constitución. El Cordobazo de mayo de 1969 puso fin a los sueños corporativos de Ongania y terminó con el régimen proscriptivo inaugurado por la Revolución Libertadora. Mientras que la dictadura genocida de 1976, que puso final al ascenso obrero y popular del Cordobazo que el peronismo no pudo detener con el accionar de las bandas fascistas de las Tres A, fue el final sangriento de un partido militar que se rindió cobardemente frente al imperialismo en la guerra de Malvinas.

Similitudes y diferencias

Al igual que el partido militar, el partido judicial es la representación política de una casta burocrático-oligárquica que avaló todos los golpes militares desde 1930 y en su composición actual es herencia del genocidio llevado a cabo por la casta militar entre 1976 y 1983. La democracia burguesa argentina restaurada en 1983 jamás intentó seriamente siquiera una reforma de la Justicia. El poder judicial argentino no solo cobijó a funcionarios heredados por la dictadura sino también a jueces y fiscales venales que en los ’90, bajo el imperio del menemismo, eran nombrados en servilletas de papel por el poder político. Fue la casta judicial la que dio legalidad a la entrega nacional, las privatizaciones y la destrucción de los derechos de los trabajadores. Una casta de corruptos millonarios que, como muestra el caso Nisman, fue colonizada por los servicios de inteligencia también herencia directa de la dictadura.

El kirchnerismo pactó con la casta judicial quien le permitió controlar la Corte Suprema de Justicia, lo que fue presentado como la gran reforma judicial, y cuando intentó ir más allá en ella, fracasó abiertamente. Durante años los Kirchner contaron con el beneplácito de los funcionarios de la Justicia, hasta que la ruptura con el campo en el 2008 llevó a la división de la burguesía, al enfrentamiento con Clarín y, más tarde, con los aires del fin de ciclo, empujando a un realineamiento que fraccionó a la casta judicial. Esta es una diferencia sustancial con el partido militar que, por su propia naturaleza verticalista, mantenía una dirección definida, mientras que el partido judicial, por ahora, solo representa a un sector del aparato judicial. Por su lado el kirchnerismo aún cuenta con su propia fracción agrupada en Justicia Legítima, aunque con el agravante de que si se concreta el retiro de Zaffaroni pueda perder su influencia en la Corte Suprema.

Ciertamente, a partir de las denuncias de Alberto Nisman y su muerte aún no aclarada, la seguidilla de causas abiertas contra el gobierno muestra que la fracción opositora del aparato judicial se erige como árbitro frente a la debilidad y atomización de una oposición burguesa incapaz de generar un movimiento social masivo en su apoyo. Más que el aliado golpista de la oposición la casta judicial, se presenta como la abanderada moral de la derecha argentina.

A diferencia de Honduras en el 2009 y Paraguay en el 2012, la corporación judicial no es el instrumento de un golpe blando, como denuncia el kirchnerismo, sino de un intento por desgastar al gobierno para debilitarlo en extremo de cara a las elecciones del 2015, y para condicionar al próximo gobierno que suceda al de CFK.

En síntesis, el partido judicial, al igual que el partido militar, se levanta como representación corporativa de uno de los aparatos del Estado capitalista que frente a la debilidad de los partidos de la burguesía, se plantea como garante último y referente moral del régimen burgués. Al igual que los militares, el partido judicial es la representación de una casta de corruptos millonarios, servicios de inteligencia y agentes del imperialismo, y los intereses particulares de los distintos grupos capitalistas. A diferencia del partido militar, el partido judicial no representa –aún- la voluntad mayoritaria de su casta y como tal no puede ser la cabeza de playa de un golpe blando, pero sí una vanguardia activa en el desgaste del kirchnerismo, marcando la agenda de los gobiernos por venir. Los socialistas debemos advertir que por los intereses de clase que defiende y su programa funcional al encubrimiento en la causa AMIA en consonancia con el imperialismo, el partido judicial es un peligro para los intereses democráticos de la clase obrera y el conjunto de la nación oprimida.

La izquierda es la única fuerza que plantea una política independiente de las fracciones burguesas en pugna. Lo hicimos en nuestros planteos de disolución de los servicios de inteligencia y de Comisión investigadora independiente frente a la crisis abierta por la causa AMIA y la muerte de Nisman. Pero también somos los únicos que tenemos un programa para terminar con la casta corrupta oligárquico judicial, luchando por retomar, mediante la movilización popular independiente, las tradiciones más radicales de la revolución francesa, patrimonio de los movimientos democráticos y socialistas, planteando la elección de jueces y fiscales por sufragio universal, la revocabilidad frente al incumplimiento, el salario igual al de un docente y los juicios por jurados populares. Bajo estas bandera, entre otras, la izquierda va a marchar este 24 de marzo.