En el mes del orgullo, nos proponemos pensar las tareas del movimiento LGTTB+ frente al gobierno de Milei y su batalla cultural contra la ideología de género. Un racconto histórico en Argentina, desde la fundación del grupo “Nuestro Mundo” en 1967 hasta hoy, para pensar las estrategias que nos permitan conquistar una verdadera libertad sexual.

Desde el momento en que Javier Milei apareció como figura en la política nacional, puso uno de los ejes de su discurso en el combate contra los avances y las conquistas de la comunidad LGTTB+ y del movimiento de mujeres de las últimas décadas. Una vez en el gobierno, sus funcionarios se encargaron de secundarlo, desde Ramiro Marra hasta su Secretario de Culto, que llegó al ridículo de cuestionar la ley de divorcio. Esta batalla cultural contra la llamada ideología de género avanzó sobre el terreno allanado que significó la derechización de la agenda política durante el último gobierno. Con Milei en el poder, se tradujeron en discursos de odio emanados desde el Estado que exacerban la violencia estructural que vive nuestra comunidad y habilitan todo tipo de ataques. El caso más extremo fue el asesinato de tres lesbianas en Barracas en el mes de mayo.

Cuando nos referimos a la violencia estructural, estamos haciendo alusión a todo el entramado de violencias simbólicas y materiales que se despliegan hacia nuestra comunidad. Les travestis y trans lo sufren en extremo: desocupación, persecusión y brutalidad policial, falta de acceso a la salud y a la educación y en el último eslabón, los travesticidios y transfemicidos. Las leyes conquistadas en los últimos años han significado avances que, sin embargo, no destierran las condiciones de desigualdad, que se intensifican ante el cambio de gobierno. La comunidad LGTTB+ tiene por delante el desafío de defender nuestras conquistas, de conseguir justicia para Tehuel y las lesbianas de Barracas pero también de hacerse de estrategias que nos lleven a conquistar una verdadera libertad sexual que termine de una vez por todas con todo tipo de violencias. Con esa tarea, nos embarcamos en el recorrido histórico por nuestro movimiento, empezando por la fundación del grupo “Nuestro Mundo” durante el onganiato.

La moralidad de la tía Margarita

La “Revolución Argentina”, que regía desde 1966, implicó una ofensiva contra los trabajadores y los sectores populares, que contó con el apoyo del conjunto de los sectores dominantes, las burocracias sindicales y el mismo Perón, con el objetivo de “estabilizar la situación política y social”. En el marco de ese proyecto, se llevó adelante la Campaña de Moralidad bajo el mando de Luis Margaride (o la Tia Margarita, como lo denominó la comunidad homosexual de su época).Esta Campaña ejecutó más de 700 operativos en albergues transitorios de la Ciudad de Buenos Aires: el premio mayor de la caza nocturna era la detención de hombres señalados como afeminados. [1]

En 1967 nació en nuestro país la primera organización en defensa de los derechos de los homosexuales de América Latina. Bajo el azote de la dictadura de Ongania, pero también bajo la influencia de la resistencia obrera a la “política racionalizadora” y el alza en la lucha de clases a nivel internacional, se fundó el grupo “Nuestro Mundo”. Uno de los principales impulsores fue Héctor Anabitarte, un trabajador del Correo Argentino. Lo hizo juntó a 14 personas, la mayoría trabajadores agremiados que, de acuerdo a los relatos que perduran, se reunían en la casilla de un guardabarreras en Gerli o en un conventillo de Lomas de Zamora. Durante dos años enviaron incesantemente folletos e informes mimeografiados sobre la liberación gay a periódicos porteños [2] y marcaron el inicio del activismo LGTTB+ en Argentina y América Latina, dos años antes del estallido de Stonewall.

El Onganiato, por su lado, tuvo poca vida. Su plan agudizó las contradicciones sociales, políticas y económicas, lejos de resolverlas en beneficio del gran capital. Poco después del embate que le significó el Cordobazo, el gobierno fue derrotado en manos de las masas y dio paso a una década del 70 signada por un salto en la lucha de clases. Entre 1969 y 1972 el país estaría atravesado por toda la serie de levantamientos conocidos como los “azos”: el Tucumanazo, el Mendozazo, el Viborazo, el Rocazo, diversas puebladas como en Casilda y Cipolletti y el Choconazo, en Neuquén. El conjunto de estos procesos marcaron la irrupción violenta de importantes sectores del movimiento obrero, estudiantil y de masas en la escena política nacional. Las luchas parciales de la década anterior se generalizaron en lucha abierta y se radicalizaron. [3]

Con ello, en 1971 se fundó el Frente de Liberación Homosexual, el grupo homosexual de la década de 1970 más destacado por la historiografía en Argentina. En esta organización el grupo Nuestro Mundo convergió con Profesionales, Bandera Negra, Safo y un pequeño grupo cristiano, Emanuel. [4] Su figura más destacada fue Nestor Perlongher. Este colectivo intervino bajo lineamientos anticapitalistas, antipatriarcales y antiimperialistas entre 1967 y 1976, estableciendo vínculos con el feminismo local y sectores de izquierda trotskista y anarquista, luego de un desencantando intento de acercarse al peronismo. Se relacionaron con la organización Muchachas, vinculada al PST, la Unión Femenina Argentina (UFA) y el Movimiento de Liberación Femenina (MLF). [5]

La elección del nombre retomaba la reciente conformación del Gay Liberation Front en Estados Unidos, fundado inmediatamente después de la revuelta de Stonewall y, como señala Garrido “ambos frentes son deudores del Viet Cong o Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el gran impacto que esta y otras gestas emancipadoras tuvieron sobre los imaginarios e idearios (tercermundistas) de la izquierda de ese tiempo.” [6] Las referencias a movimientos de liberación y revolucionarios atravesaban al FLH y a varios de sus grupos, como Homosexuales que arengaba en su boletín de 1971 “Homosexuales del mundo uníos” o la misma publicación Somos que instaba a la conformación de “La internacional del pecado”. En el primer número, la revista proclama: “Todos los demás oprimidos se están uniendo para modificar esta sociedad injusta. Es por eso que tenemos que unirnos entre nosotros y sumarnos a la lucha de todos los oprimidos, para reclamar nuestros legítimos derechos en la sociedad nueva que ya se está comenzando a gestar.

En los años previos a la dictadura militar de 1976 aconteció una brutal escalada represiva -en la que operaban tanto fuerzas de seguridad como grupos parapoliciales- en respuesta a la agudización de la lucha de clases, expresada en los alzamientos obreros, la emergencia de nuevos actores sociales y el crecimiento de la izquierda radical. Si bien la primavera camporista permitió una visibilización parcial al FLH, en poco tiempo las razzias policiales y la aplicación de Edictos se intensificaron. Entre los espacios que se dio la comunidad en esos años, Martha Ferro -militante lesbiana del PST- impulsó “el sótano” como espacio de encuentro de mujeres a partir de enero de 1976. Emplazado en la esquina de Defensa y Pasaje San Lorenzo, funcionó en la clandestinidad como espacio de intercambio político y socialización. Unos tres meses después fue allanado y con el PST en la mira de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), cerró sus puertas. Los miembros del FLH fueron perseguidos por su militancia política de izquierda y revolucionaria. Violencia específica fue ejercida por su elección sexual. Una de las expresiones más claras es la publicación de la triple A, El Caudillo, que en 1975 en un artículo titulado “Acabar con los homosexuales” llamaba a “crear brigadas callejeras que salgan a recorrer los barrios de las ciudades, que den caza a estos sujetos”. [7] Antes de que asumiera el gobierno militar, en 1976, el grupo se disolvió. Como relatan Rapisardi y Modarelli [8] durante la dictadura militar no sólo el FLH, sino el activismo LG en general se replegó. El único espacio público que no se perdió fueron las teteras y algunos cines, con la amenaza de razzias siempre presente. El exilio fue el destino de muchos activistas.

La “democracia”

Con el triunfo de la Unión Cívica Radical (UCR) encabezada por Raúl Alfonsín en 1983 y la restauración de los canales democráticos, grandes sectores de la población comenzaron a ilusionarse con la posibilidad de ampliar derechos. Esto se inscribió dentro del proceso de “transición a la democracia”, donde desde los partidos del régimen y los sectores dominantes se intentó incorporar a los sectores que durante los setenta adscribían a alguna variante de izquierda, mediante la separación de la lucha “por la democracia” y sus libertades del cuestionamiento a las bases neoliberales que fundó la dictadura en nuestro país. Como desarrollan Albamonte y Maiello, incluso sectores de la intelectualidad “pasaron de sostener estrategias guerrilleras ligadas a Montoneros o al maoísmo en los 70, a abrazarse luego a una idea de “democracia” a secas esterilizada de cualquier contenido de clase. Esta operación fue fundamental para afianzar el arraigo del nuevo régimen entre las clases medias y sectores de la clase trabajadora”.

En el mismo acto de asunción de Alfonsín, hizo su primera aparición pública la Coordinadora de Grupos Gay. Sin embargo, en mayo de 1984 el entonces ministro del Interior, Antonio Tróccoli, afirmaba que la homosexualidad era “una enfermedad” y sostenía que “nosotros pensamos tratarla como tal”, dejando una puerta abierta al operar del aparato represivo policial. [9] Muchas activistas se refieren a este periodo como “La noche eterna”. Como señala Lacorte “(...) las prácticas represivas “aprendidas” en momentos de alza de lucha de clases y en periodos de dictadura van a tener una clara continuidad en los regímenes que Lenin llamaba de “democracia para ricos”, aunque claramente en una dimensión mucho menor y enfocadas casi exclusivamente al control social.”

Las razzias justificadas en los Edictos y la utilización de la Ley de Antecedentes fueron cada vez más frecuentes. Entre el 20 de diciembre de 1983 y el 21 de marzo de 1984 se detuvo a 21.342 personas por averiguación de antecedentes. Ese año se fundó la Comisión Pro-Defensa de las Libertades Cotidianas, con el objetivo específico de derogar ambas legislaciones. En 1984, tras una razzia en el bar homosexual Balvanera, llevada a cabo por la División Moralidad del Departamento Central de la Policía Federal, la Coordinadora convocó a una asamblea abierta en la discoteca Contramano, donde se fundo la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). A partir de 1985 sería presidida por Cárlos Jaúregui, quien sería un actor fundamental del movimiento LGTTB+ durante la siguiente década.

En 1986, en el aniversario de Stonewall, se conmemoró el “Día Internacional de la Dignidad Homosexual” Argentina. El 28 de junio, en Parque Centenario, una treintena de activistas colgaron una bandera que rezaba “Por el libre ejercicio de la sexualidad”, y repartieron folletería que denunciaba violaciones a los Derechos Humanos y exigía la derogación de los Edictos Policiales y la Ley de Antecedentes. En diciembre del mismo año, Fabiola, una travesti paraguaya de 18 años, fue atropellada y asesinada por un patrullero de la seccional segunda de Martínez. Este hecho disparó la primera manifestación de travestis de la que hay registro.

Los objetivos de las organizaciones que surgieron posdictadura estaban enmarcados dentro de los límites de lo que Lenin denominó democracia burguesa, lejos del anticapitalismo y la radicalidad del FLH. Con esto nos referimos a que gran parte del movimiento abandonó el cuestionamiento al régimen capitalista para limitarse únicamente al objetivo de conquistar derechos civiles. La derrota de los alzamientos obreros en la década anterior -consecuencia, en parte, de los límites estratégicos de sus direcciones- y el embate del neoliberalismo, iniciado en la década de 1970 y expresado en toda su magnitud con el triunfo de Thatcher sobre los mineros en Gran Bretaña, significó la imposición de privatizaciones y cercenamiento de derechos y conquistas obreras y sociales en todo el mundo: en definitiva, una restauración conservadora, que fue en paralelo a la política de “transición a la democracia” a la que nos referimos anteriormente.

Como relatan D’Atri y Murillo, ésta etapa fue acompañada por la propaganda reaccionaria de la “peste rosa”, que actuó como disciplinador de aquel movimiento que, a fines de los ‘60, había emergido cuestionando la heteronormatividad, la monogamia y la familia patriarcal. Durante toda esa década, el movimiento LGTB en occidente puso gran parte de sus esfuerzos en la prevención de la infección, la difusión de información científica y en ayudar a los afectados. Junto con esta nueva actividad, el movimiento fue adquiriendo otra fisonomía: surgieron ONGs financiadas por agencias internacionales, empresas y diversos organismos estatales. Bajo el azote del VIH, se dió lugar a una reconfiguración del movimiento que, utilizado por la burguesía a los fines de su restauración conservadora, explica el horizonte acotado y respetuoso de los márgenes del régimen que la CHA y otras organizaciones sostuvieron.

Lejos de la revolución social y sexual de la década de 1960, las nuevas organizaciones buscaron la supervivencia de los miembros de la comunidad que estaban sufriendo la desidia de los Estados frente a una pandemia. El reconocimiento como ciudadanos con iguales derechos se convirtió en una demanda fundamental. Con el pasar de los años y el desarrollo de múltiples políticas de cooptación por parte de los Estados y los sectores de poder, esto llevó a la incorporación al régimen de organizaciones otrora disidentes.

Durante la década del 90 se conformaron las primeras organizaciones de travestis y trans. Fue también la década en la que se realizó la I Marcha del Orgullo, que reunió a unas 300 personas en julio de 1992. El escrache contra políticos homofóbicos y los comisarios o las campañas contra el Arzobispo Quarracino y la Iglesia Católica fueron parte de la agenda del movimiento LGTTB+. Se realizaron los Encuentros Nacionales Gay - Lesbicos - Travestis, que unificaron los reclamos de la comunidad y lograron que las demandas sean parte de la agenda pública. Una de las principales batallas del movimiento durante la década del 90 fue la derogación de los Edictos Policiales. Se trata de legislaciones que habilitaban la concentración de poderes en manos de la policía, adjudicándoles la capacidad de dictar una condena de hasta 30 días en comisarías o penales. Esto afectaba fundamentalmente a la comunidad travesti-trans (TT), ya que vetaba circular en la vía pública “con ropas del sexo opuesto”. En la Ciudad de Buenos Aires consiguieron la derogación de los Edictos con años de movilización y organización y se hizo efectiva durante la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en 1994. Sin embargo, fueron reemplazados por el Código de Convivencia, que si bien no penaban la circulación en la vía pública de travestis armaban de nuevas herramientas legales para justificar la persecución policial. En algunas provincias, la transexualidad estuvo penada por legislaciones de este estilo hasta el año 2012.

La primera década del nuevo milenio comenzó con las travestis participando activamente de comedores, de los piquetes contra el estado de sitio y la represión y con la creación de diversas asociaciones civiles, como el famoso Hotel Gondolín en 2003 o la FALGTB en 2005. La confluencia de decenas de organizaciones a lo largo y ancho del país y el enorme activismo que se multiplicó post 2001 gestó enormes conquistas para el movimiento, como la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 y la Ley de Identidad de Género en 2015, convirtiendo a Argentina en un país de vanguardia en Latinoamérica y a nivel mundial. Cientos de miles de personas participaron de las movilizaciones y vigilias en el Congreso Nacional, decenas de veces enfrentando a grupos de ultra derecha y religiosos que buscaban amedrentar a quienes participaban.

En estas décadas los mecanismos de coerción a la comunidad LGTTB+ se combinaron con formas de consenso que apuntaron, desde el régimen, a la integración al Estado de sus organizaciones -como mecanismo de contención- y al mercado, con las políticas que se denominan como pinkwashing. La cooptación de los movimientos, no sólo hacia el régimen democrático burgués, sino hacia partidos y proyectos políticos específicos -que responden a éste régimen- se hizo efectiva a partir del gobierno de Nestor Kirchner. Esta cooptación se logró a través de la incorporación de importantes referentes del activismo como funcionaries del Estado, como Maria Rachid o Alba Rueda, y su consecuente institucionalización. Dicha incorporación al Estado fue una política abierta que adquirió valores muy concretos. Sin ir más lejos, quien hoy ocupa el cargo de presidenta de la FALGBT -la federación más importante del país de grupos LGTTB+- es militante peronista y Coordinadora de la defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires. Su vicepresidente es funcionario del Municipio de Rosario y su secretaria, dirigente de Movimiento Evita, fue funcionaria de Nación.

Pese a esta integración de gran parte del movimiento, el ataque lesboodiante de Barracas y las condiciones de vida de nuestra comunidad expresan violencias y problemas estructurales que no han sido erradicados. Distintos mecanismos de coerción siguen operando: la Ley 10, la Ley de Drogas y la Ley de Antecedentes, se tratan de mecanismos legales a través de los cuales la policía y el Estado continúan ejerciendo la persecución a diferentes sectores, entre los que se incluye la comunidad travesti-trans y LGTTB+ en general. En los últimos años la desaparición de Tehuel de la Torre en la provincia gobernada por Axel Kicillof -en el que se denuncia hay implicación policial- fue el caso más reconocido. Los derechos sancionados continúan aplicados de manera parcial, ejemplo de esto es el cupo laboral trans: aún no se implementó en su totalidad y en los casos que sí, los contratos son precarios o están bajo la figura de monotributo. El salario promedio de les trabajadores del cupo es de $300.000.

Con la crisis económica y social de los últimos años, apareció la crisis de los partidos burgueses tradicionales y con ella el surgimiento de fenómenos de extrema derecha. Estos últimos años presenciamos una derechización brutal de la agenda política, que dejó por fuera de cualquier debate los derechos de las mujeres y la comunidad LGTTB+. Sobre ese espacio, particularmente cedido por medios hegemónicos -desde los aliados a Unión por la Patria a los de Juntos- creció Milei, ferviente opositor a cualquier derecho a favor de las mayorías y les oprimides.

El fenómeno de Milei no puede comprenderse por fuera de la crisis de legitimidad que atraviesan las grandes coaliciones burguesas, pero tampoco si no se lo contempla como expresión de una reacción patriarcal a la gesta del movimiento de mujeres y diversidades de las últimas décadas. Las Centrales Sindicales y las direcciones de los movimientos de mujeres y LGTTB+ más importantes del país, sin embargo, no están respondiendo a la altura del ataque.

Desde el inicio de su mandato Javier Milei está atentando contra las condiciones de vida de las grandes mayorías. De diciembre a esta parte se contabilizan ciento veintisiete mil despidos en el sector privado. Al menos quince mil en el Estado. El 10% de los contratados bajo el cupo laboral travesti trans están entre los cesados. Les docentes están bajo permanente ataque. Las mujeres, mayoría entre desocupades y quienes están al frente de los comedores populares no reciben alimentos del Estado. Sumado a los ataques materiales desató una batalla cultural contra el enorme consenso que los movimientos han conquistado en amplias franjas de la sociedad. La más clara cristalización de sus políticas fue el ataque de Barracas.

De todas maneras y pese a las direcciones, esto no está pasando sin resistencia: la rápida organización autoconvocada frente al crimen de Barracas y las cientos de manifestaciones, organizaciones y asambleas barriales que surgen a lo largo del país contra el plan de Milei lo demuestran. En Misiones, presenciamos la rebelión de docentes, estudiantes y sectores populares, que define sus acciones en asamblea de manera democrática y desafía la legalidad burguesa con la toma de Ministerios. Con les detenides en la movilización contra la Ley Bases, se forjó rápidamente un amplio frente único por su liberación y desprocesamiento. La debilidad de estos fenómenos es estar aún divididos, una política que fomentan las burocracias sindicales que están actuando como agentes del gobierno y los empresarios.

Tenemos el desafío de romper la enorme fragmentación que existe: sumado a la desigualdad histórica que el capitalismo sigue perpetuando entre varones y mujeres y la discriminación a las diversidades sexo-genericas, hoy se nos divide entre ocupades, desocupades, contratades, monotributistas, inmigrantes y nativos. Pese a esta división tenemos un enemigo común: el gobierno reaccionario de Javier Milei y los partidos tradicionales representantes de los intereses capitalistas. Ante la amenaza y los brutales ataques de sectores reaccionarios que se amparan en los discursos de odio, la defensa de nuestras conquistas nos exige la alianza con todes quienes están siendo atacades. Nuestra tarea es pelear por la unidad y la coordinación y retomar la radicalidad histórica anticapitalista de nuestro movimiento para confluir con los sectores de trabajadores ocupades y desocupades que están peleando, quienes tienen el poder de fuego para paralizar el país. Hasta arrancar un verdadero plan de lucha que logre derrotar todo el plan de Milei, los empresarios y sus agentes políticos, en el camino de vencer a la reacción patriarcal y conquistar una verdadera libertad para todes.

*Al cierre de esta edición, nos llegó la triste noticia del fallecimiento de Ilse Fuskova, periodista y activista lesbiana, quien junto a Carlos Jaúregui organizó la primera Marcha del Orgullo en nuestro país. A ella y a todes quienes pusieron en pie nuestro movimiento en momentos de adversidad, nuestro homenaje.