El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció el domingo que el Ministerio Público ha solicitado posponer la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por presuntos delitos relacionados con el estallido social. Esta audiencia estaba programada originalmente para el 7 de mayo.
Lunes 29 de abril
En una entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, el jefe del Ministerio Público reveló que la solicitud fue presentada al 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien está a cargo de la investigación.
Valencia explicó: "El fiscal Armendáriz me informó, a mediados del día, que se había presentado un escrito ante el Poder Judicial solicitando una nueva fecha y hora para la audiencia que estaba programada para el 7 de mayo".
Agregó:"No se trata de anular la decisión de formalización, sino de solicitar una nueva fecha y hora para los tres imputados en el caso, no solo para el general Yáñez".
Respecto a los motivos de esta solicitud, el fiscal señaló que "se debe a las múltiples solicitudes por parte de la defensa de contar con más tiempo para revisar los antecedentes de la investigación. Por lo tanto, accediendo a esta petición, se solicita que se fije una nueva fecha y hora".
En cuanto a los plazos, Valencia indicó que será el tribunal ante el cual se presentó el escrito quien resolverá este asunto y que no hay un plazo establecido legalmente para la postergación, sino que se considerará "según su agenda".
Explicó: "No podemos solicitar un plazo específico, ya que esa es una prerrogativa del tribunal. El Ministerio Público tiene la facultad de pedir una nueva fecha y hora, lo cual no es inusual, pero es el tribunal quien debe primero proveer este escrito y tomar una decisión al respecto. El tribunal puede decidir convocar a la audiencia para el 7 de mayo y luego resolver nuestra solicitud, o puede decidir directamente posponer la audiencia, determinando el plazo en función de su agenda".
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La derecha, hoy respaldada por el gobierno, intenta aprovechar estos hechos para intensificar la represión contra las comunidades y organizaciones mapuche, al mismo tiempo que busca garantizar impunidad para los responsables de violaciones a los derechos humanos.
El parlamento esta semana legislará en fortalecer leyes represivas donde las normativas sobre el uso de la fuerza que pretenden garantizar la impunidad de las acciones de las fuerzas de seguridad estatales, así como una legislación adicional en materia de inteligencia.
El conjunto de la derecha promueven un discurso represivo y criminalizador sin que haya sido identificado ningún grupo u organización mapuche como responsable de los incidentes. Además, exigen amnistía para los represores y hacen un esfuerzo deliberado por vincular estos sucesos con la rebelión de octubre. Boric y los partidos de la coalición oficialista son cómplices de esta estrategia al respaldar la protección al general Yañez y sumarse a la promulgación de nuevas leyes represivas.
